Sala de Prensa

03/06/2015

Por campaña gráfica “Que no te ganen los prejuicios”

Comunicado: Defensoría y su rol en el debate de políticas públicas

“Como la indicación parlamentaria aludida sigue en trámite legislativo (…) se justifica plenamente el interés de la institución por plantear públicamente sus reparos y aportar con antecedentes y cifras que ilustran las consecuencias de la iniciativa para promover un debate amplio”.

A propósito de los cuestionamientos de dos parlamentarios ante una campaña gráfica informativa en redes sociales efectuada recientemente por la institución, la Defensoría Penal Pública informa lo siguiente:

Como parte del nuevo sistema procesal penal adversarial instaurado a partir de la reforma procesal penal y en estricto cumplimiento de las obligaciones que le imponen las leyes y tratados internacionales vigentes, la Defensoría tiene no sólo la misión, sino el deber constitucional de mantener un discurso público en los temas que afectan los derechos de las personas imputadas, así como también una opinión que pueda incidir en la redacción de disposiciones de carácter legal y en el debate sobre políticas públicas.

Como la indicación parlamentaria aludida sigue en trámite legislativo -fue aprobada por 7 votos a 6 en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados- se justifica plenamente el interés de la institución por plantear públicamente sus reparos y aportar con antecedentes y cifras que ilustran las consecuencias de la iniciativa para promover un debate amplio, ante un mecanismo de control de identidad que ya existe en nuestro ordenamiento jurídico y que ahora se busca intensificar sin ninguna necesidad, a la luz de la evidencia del sistema de justicia penal chileno.

Dicha afirmación es respaldada por datos de la institución que indican que de los 342 mil 366 imputados representados en 2014 por la Defensoría, el 63,7 por ciento ingresó vía control de detención, es decir 218 mil 45 imputados. De éstos en sólo 3 mil 11 casos se declaró ilegal la detención (1,4 por ciento).

La misión institucional señala que la Defensoría es una institución creada por ley para “proporcionar defensa penal de alta calidad profesional a las personas que carezcan de abogado por cualquier circunstancia, velando por la igualdad ante la ley, por el debido proceso y actuando con profundo respeto por la dignidad humana de nuestros representados”.

Además, tanto entre sus objetivos estratégicos como dentro de las funciones del Defensor Nacional y equipo directivo aprobadas por el Servicio Civil en el marco del Sistema de Alta Dirección Pública, se establece que éste debe “fortalecer la difusión del rol de la Defensoría Penal Pública a la comunidad y participar en las actividades públicas e institucionales destinadas a fortalecer la difusión de derechos, en el marco sistema de justicia criminal, a través de la gestión del conocimiento  y su política comunicacional, así como contribuir con información y análisis al debate de políticas públicas relacionadas con el ejercicio y gestión de la defensa pública y debate legislativo en la materia, para analizar su impacto en el ejercicio de la defensa, la vigencia de garantías en el funcionamiento institucional y su participación en la discusión legislativa desde la perspectiva y visión de la defensa penal”.

Como cualquier institución pública y en conformidad con los dispuesto tanto en la Constitución Política de la República como en la Convención Americana de Derechos Humanos, los órganos del Estado -entre ellos la Defensoría- tienen la obligación de respetar y promover los derechos, como también de adoptar las medidas internas que permitan hacerlos efectivos. Por tal razón, el deber de la Defensoría no se circunscribe sólo a la atención jurídica de una persona en concreto, sino también a adoptar y difundir un discurso pro derechos, haciendo notar al resto de las instituciones y a la ciudadanía, en general, las posibles desviaciones o errores que ocurran en materia de protección de éstos.

Por lo mismo, y tal como ocurrió con las cuatro imágenes gráficas difundidas a través de las cuentas institucionales en Twitter y Facebook, la institución puede y debe hacer uso de medios gratuitos como las redes sociales para dar a conocer su visión, según la cual seguir avanzando en esta iniciativa parlamentaria supone graves riesgos para las libertades públicas de todos los habitantes del país y abre un espacio al abuso y la discriminación.

Para efectos de ilustrar los riesgos que enfrentaría la sociedad si el legislador decidiera avanzar en la dirección pretendida por esta indicación parlamentaria, se recurrió a una figura ampliamente conocida y ya abolida en Chile como la “detención por sospecha” porque “aumentar el control de identidad para cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier momento, atenta contra la libertad ”. Para difundir este mensaje, la institución utilizó fotografías y textos preparados internamente, los cuales fueron libremente difundidos por las personas en redes sociales. 

Noticias relacionadas:


  • subir
  • imprimir
  • volver