Sala de Prensa

24/06/2015

Cuenta Pública 2014 de las Defensorías Regionales Metropolitanas Norte y Sur

En 10,2 por ciento aumentaron personas declaradas inocentes y que fueron privadas de libertad

Los Defensores Regionales Carlos Mora (Norte) y Viviana Castel (Sur) subrayaron la importancia que la autonomía tiene para el funcionamiento de la institución y sostuvieron que el servicio de defensa pública debe ser integral, es decir, desde la primera audiencia hasta el cumplimiento completo de una eventual condena.

Por José Ignacio Aguirre y Gustavo López
Defensorías Regionales Metropolitanas Norte y Sur.

Las 765 personas que la justicia liberó de los cargos imputados en su contra y que estuvieron privadas de libertad durante 2014 implicaron un aumento de 10,2 por ciento respecto de los 694 casos similares registrados el año anterior en las Defensorías Regionales Metropolitanas Norte y Sur.

Así lo revelaron los Defensores Regionales Metropolitanos Carlos Mora (Norte) y Viviana Castel (Sur), al rendir cuenta pública de la gestión realizada por ambas reparticiones el año pasado.

La actividad contó con la presencia de la ministra de Justicia, Javiera Blanco; el subsecretario del ramo, Ignacio Suárez; el Defensor Nacional, Andrés Mahnke, y los directores nacionales de Gendarmería, Tulio Arce, y del Servicio Médico Legal (SML), Patricio Bustos.

Mora y Castel explicaron que la cifra preocupa a la Defensoría, por cuanto se trata de personas que fueron sacadas de sus ambientes familiares y laborales, y luego privadas de libertad por distintos períodos, por supuestos delitos que después de las respectivas investigaciones se demostró que no tenían sustento.

En la misma línea, las cifras revelaron que en la Región Metropolitana las audiencias de control de la detención superaron en un 18 por ciento al promedio del resto del país, lo que demuestra que, proporcionalmente, en la capital se usa más la detención que la citación judicial para llevar a la gente a tribunales.

DEFENSORES EMPODERADOS
El primero de los discursos estuvo a cargo de la Defensora Regional Metropolitana Sur, quien destacó el proceso de empoderamiento de los defensores locales jefes, la puesta en marcha de los nuevos contratos de licitación y la defensa integral y especializada que brida la institución.

Al referirse al trabajo de los defensores locales jefes, explicó que “para tener éxito en nuestra gestión, requerimos que todos las defensoras y defensores, asistentes administrativos y profesionales, estemos orientados al servicio, aspecto en el cual es fundamental la labor de nuestros defensores locales jefes". 

En cuanto a la entrega de una defensa desde el primer momento en que se requiere hasta la completa ejecución de la pena, Viviana Castel indicó que se logró echar a andar un plan piloto de defensa de género que permite “la designación de un defensor o defensora para imputadas privadas de libertad, el que alcanzó un porcentaje por sobre el 90 por ciento en las defensorías donde se conjugan las características ya descritas, entre ellas se encuentran las Defensorías Locales de San Miguel, La Florida, Maipú, Puente Alto, San Bernardo y Talagante”.

DEFENSA PENITENCIARIA
Respecto de la defensa de personas condenadas, Castel valoró especialmente las acciones emprendidas en favor de estos usuarios, lo cual incluyó desde charlas en centro penitenciarios hasta asesorías en las solicitudes de libertad condicional.

La directiva de la Defensoría destacó la presencia de los equipos penitenciarios en las sesiones de la Comisión de Libertad Condicional, que “en el caso del Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, posibilitó que de 130 internas, se les otorgara el beneficio de la libertad condicional a 115, muchas de ellas madres y jefas de hogar”.

DEFENSA DE INIMPUTABLES
Durante su exposición, Viviana Castel indicó que en la jurisdicción a su cargo se estableció el nombramiento de un defensor preferente en cada defensoría local, quien se hace cargo de casos de inimputables, dada la especial condición de esos usuarios de defensa pública.

Respecto de futuras alianzas, la Defensora Regional Metropolitana Sur anunció la pronta suscripción de convenios con la Pontificia Universidad Católica de Chile y con la Fundación Gente de la Calle, lo que permitirá apoyar la labor de defensa respecto de la curaduría ad litem o temas de arraigo y lugar donde pernoctar para estas personas especialmente desamparadas.

AUTONOMÍA
Durante su exposición, el Defensor Regional Metropolitano Norte, Carlos Mora, destacó la significación que para él tuvo encabezar esta primera cuenta pública regional, considerando que prácticamente  toda su vida profesional la ha desarrollado en la Defensoría Penal Pública, desde que ésta empezó a funcionar el regiones: primero como defensor local en Villarrica y luego en Santiago como abogado de Estudios, defensor local jefe, jefe de Estudios de la Defensoría Regional y, ahora, como Defensor Regional Metropolitano Norte.

Basándose en este conocimiento de la institución, Mora afirmó que el objetivo de su autonomía es muy importante para dar garantía a la gente, pues “hay un sinnúmero de causas en que la Defensoría litiga contra el Ministerio de Interior,  intendencias regionales, el Consejo de Defensa del Estado y el Servicio de Impuestos Internos, entre otros.  Hay muchas causas en que el Gobierno tiene especial interés en lograr una condena ejemplar por razones de seguridad pública, y para un observador imparcial, que el profesional responsable de la defensa del imputado tenga una relación de dependencia con el Ejecutivo podría despertar recelo”.

Carlos Mora añadió que la autonomía es también relevante para que la institución pueda participar con todo su enorme potencial en el debate público. “Una Defensoría independiente no sólo cumpliría mejor su rol esencial de defender los derechos de las personas perseguidas penalmente, sino que podría además aportar con mayor propiedad al debate acerca de la seguridad pública, que tanto preocupa a nuestra sociedad. Por el conocimiento directo y profundo que tenemos de los imputados, sabemos de las verdaderas causas del delito, cuya solución está en la prevención y la rehabilitación, y no en la mera represión”, señaló.

DEFENSA DE MIGRANTES
Mora destacó que para mejorar el servicio de defensa y la atención al público están innovando permanentemente. Por ejemplo, mencionó el fuerte desarrollo de las defensas especializadas, que tal como primero se hizo con la defensa penal juvenil, y luego con la penitenciaria, ahora –considerando el sostenido aumento de extranjeros que se radican en Chile-, se está trabajando en la defensa de migrantes.

Aclaró que se trata de personas que están en una situación muy vulnerable, en que muchas veces están solos, sin dinero, sin redes ni apoyo de persona alguna e, incluso, con problemas de comunicación por el idioma.

"En este escenario, cuando un migrante se ve involucrado en un delito, su defensor pasa a cumplir un rol vital para su defendido. Por este motivo, se está capacitando a defensores y se están realizando coordinaciones con países como Perú y Colombia -que tienen las comunidades más numerosas-, para agilizar la obtención de documentos y gestiones que son relevantes para los imputados".

Se suma a lo anterior -añadió- el hecho de que la DRMN integró a egresados de derecho que realizan su práctica en la Defensoría a un grupo especializado de apoyo a los migrantes que funciona en esa repartición.

PASANTÍAS Y PRÁCTICAS
El Defensor Regional explicó que desde la entrada en vigencia de la reforma procesal penal ha habido un creciente interés de los estudiantes de derecho y jóvenes abogados por realizar su prática o pasantías en la Defensoría. Agregó que aunque inicialmente esta posibilidad no existía, desde hace unos años se llegó a un acuerdo con la Corporación de Asistencia Judicial, entidad a la que legalmente le corresponde recibir a los practicantes de derecho. Así, ahora los interesados en hacer su práctica en la Defensoría pueden postular a través de la Corporación.

Carlos Mora dijo que le interesa difundir entre los estudiantes de derecho la nobleza de la labor del defensor penal público, a partir de lo cual se ha establecido un diálogo con varias universidades para celebrar convenios de colaboración, incluyendo uno reciente con la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes.

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