Sala de Prensa

12/06/2015

Andrés Mahnke: "La privación de libertad no es una buena solución para los problemas de seguridad"

El jefe de la Defensoría Penal Pública aborda las ventajas y las deudas de la Reforma Procesal Penal, a diez años de su implementación a nivel nacional (LA TERCERA, Nacional, Víctor Rivera).

Hace diez años, cuando comenzó a regir en todo el país la Reforma Procesal Penal, Andrés Mahnke estaba de director administrativo regional de la Defensoría Penal Metropolitana Norte. Era difícil, reconoce el abogado, pues “estábamos formando algo inédito, y con lo poco que teníamos, debíamos refundar el sistema penal chileno”. Hoy, como Defensor Nacional, también apunta a enmendar nuevas ideas para la institución que llegó de la mano con la reforma.  

¿Cómo fue el comienzo de la Defensoría?

Surgió manteniendo una tónica: pasión y mística. Porque la verdad, las horas del día se hacían pocas para el trabajo que había que hacer. Siempre existió el mito que acá en Santiago no  podría funcionar por los volúmenes que ella involucraba, se atienden el 42% de los ingresos al sistema de justicia penal, entones no era una tarea fácil. 

Ustedes defienden a los imputados en los casos, entonces ¿De qué manera se enfrentan a los prejuicios?

Digámoslo como corresponde: mucha gente piensa que nosotros defendemos a los delincuentes. Y lo piensan negativamente, porque reflexionan ‘¿Por qué los delincuentes van a tener derecho a una defensa?’. Es por eso que es tan importante este nuevo sistema de Justicia Penal.  Nuestro sistema antiguo era un sistema inquisitivo, secreto, escrito. Hoy el Estado le garantiza a cada uno de los ciudadanos el derecho a defenderse  de ese mismo Estado que eventualmente los puede acusar. 

¿Cuáles han sido los principales problemas de la reforma?

No estamos garantizando la igualdad ante la ley de nuestros ciudadanos, porque entienden que una persona que comete un delito contra la propiedad, puede estar más años privado de libertad que una persona que atenta contra la vida de otra dependiendo de las circunstancia. Otro ámbito sumamente relevante, en un sistema que está entre medio de dos realidades, es propender a la paz social, desde el punto de vista penal, lo que se traduce en la prevención y la reinserción. La reinserción está completamente dentro del sistema de justicia y particularmente al interior del sistema  penitenciario. Sin embargo, en eso nos queda por avanzar. 

Pero la reinserción es una deuda histórica que viene de antes de la instalación de la reforma…

Sí, pero no nos olvidamos de los números. El sistema de justicia penal, al año 1999 tenia 500 mil ingresos, un tercio de lo que tiene hoy, y de los cuales solo 7% eran respuestas del sistema de justicia. Hoy día el sistema atienda un millón y medio de casos, ese es el volumen de trabajo, y respecto de los cuales en el 30% hay una solución del caso. En ese escenario, podemos pensar que sí podemos avanzar con una política pública para meternos de verdad en temas de reinserción, además es algo que está en el programa de gobierno de la Presidenta Bachelet. 

¿La autonomía de la Defensoría es un tema pendiente?

Desde el punto de vista institucional, sin duda. Es uno de los déficit del sistema que esperamos que se resuelva y se modifique. Y en la tramitación legislativa se discutió, pero como en nuestra sociedad, y en nuestro debate político, los temas de seguridad van por sobre  los de respeto de derechos y garantías, el debate de la ley de la Defensoría Penal Pública venía bastante atrasado. 

¿Qué beneficios le brindaría esa autonomía a los imputados?

En la calidad en la prestación de defensa. Se fortalece la relación del defensor con el representado. Si uno no fortalece la relación de confianza seguramente el espacio para que pueda desplegarse en plenitud es bastante limitado. Necesitamos una institución que se pueda desenvolver en pos de mejorar la atención de las personas que demanda defensa pública y que no tienen un abogado privado que las defienda, y además poder participar en el debate jurídico y político. 

¿Qué le parece el proyecto antidelincuencia del gobierno? Este postula cárcel para imputados por robos, lo que resulta contradictorio con la reinserción.

Y mí me parece muy mal, por eso hemos sido críticos, entendiendo la racionalidad que hay detrás. No es que uno diga: debiésemos preocuparnos más de las libertades públicas que de los temas de seguridad, ambos van de la mano. Lo que señalamos es que la privación de libertad, empíricamente, no es una buena solución para los problemas de seguridad, no es el camino (...) Que sea contradictorio le quita impulso a las miradas de largo plazo que también tiene el gobierno, permitiendo desviaciones en que aparezca la intención de incorporar controles sin tener algún fundamento. 

¿Cómo toma el requerimiento que presentaron los diputados de la Alianza ante la Contraloría por la campaña contra el control de identidad preventivo?

Al parecer existe un desconocimiento del rol de la Defensoría como interviniente principal del sistema de justicia penal (...) Todos podemos incidir y enriquecer la discusión, particularmente si se trata de iniciativas legislativas sobre derechos fundamentales, como estas modificaciones a un control de identidad que ya existe y que ahora se busca ampliar sin ninguna justificación.

 

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