Sala de Prensa

20/07/2015

Defensor jefe de la Defensoría Penal Mapuche:

“Lo que han dicho los tribunales es que en La Araucanía no hay terrorismo” (*)

(*) En la siguiente entrevista al defensor público Pablo Ardouin -publicada en el diario El Austral de Temuco-, el abogado señala los desafíos del nuevo cargo que asumió en junio y explica cómo funciona la defensa especializada para imputados indígenas en esa zona del país.

Por Diego Ahumada,
periodista El Austral de Temuco.

Pablo Ardouin Bórquez es el nuevo defensor jefe de la Defensoría Penal Mapuche en La Araucanía, cargo que asumió el 1° de junio, en reemplazo de la abogada María del Rosario Salamanca (56), quien falleció hace un año a raíz de un cáncer.

En su experiencia, el abogado ha representado a comuneros como el ex líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, y Ramón Llanquileo, condenados por el atentado al fiscal Mario Elgueta; participa en la absolución del ahora prófugo de la justicia Cristian Levinao y el fallecido Rodrigo Melinao, por un delito de incendio forestal y daños en Chiguaihue; además, defiende en su momento a Juan Millacheo por el caso Poluco Pidenco, entre otros. 

En 2010 Ardouin se desempeña como defensor penal público de Cañete y en Angol durante 2013. Ahora, retorna a La Araucanía luego de permanecer un año en Chillán.  

-¿Cómo asume este desafío?
-Con alegría y entusiasmo. Agradezco la confianza que depositó en mí la Defensoría al elegirme para este cargo después de un largo proceso de concurso público, pero lo importante es que la Defensoría ha tomado la decisión no solamente de elegirme a mí en este cargo, sino la decisión de reforzar la Defensoría Penal Mapuche, estableciendo diversas oficinas en la región. 

-¿Cómo aporta a su trabajo la experiencia que reunió en Malleco y Arauco?
-Fueron etapas que me sirvieron mucho en mi trayectoria profesional, etapas en que tuve mucha cercanía con los usuarios de la Defensoría y, en ese sentido, esto para mí es la continuación de ese proceso ,que comenzó en 2010, cuando asumí como defensor local en Cañete y, posteriormente, en 2013 en Angol. 

-¿Cuáles son las principales dificultades de acceso a la justicia para personas de la etnia mapuche?
-Hay barreras propias de estos usuarios, en relación sobre todo en los temas, a veces, del idioma, el no comprender qué es lo que está solicitando la justicia, el Ministerio Público o decidiendo a veces los jueces. En eso es importante por parte de la Defensoría Penal Mapuche, el demostrar cercanía y en estos momentos se va a estar dando no solamente por el tema que las oficinas nuevas estén instaladas en Collipulli y en Nueva Imperial, sino también porque los defensores van a tener un trabajo más en terreno y habrá facilitadores que estén continuamente atendiendo en sus domicilios a nuestros usuarios. 

-¿Cuál es la importancia del rol que cumplen los facilitadores interculturales?
-Todos son mapuches, los facilitadores. Hay un tema de idioma de por medio y también para facilitarle al defensor la búsqueda de una teoría del caso acorde a las costumbres de estos pueblos originarios. Muchas veces la solución del caso pasa por un tema relacionado con las identidades propias de estos pueblos, con sus costumbres, con sus derechos ancestrales y para eso la labor del facilitador es importante.

-¿La Defensoría Penal Mapuche cuenta con los recursos suficientes?
-Justamente a eso ha estado dedicada la Defensoría Regional y la Defensoría Nacional, en un proyecto común al establecer seis abogados para la Defensoría Penal Mapuche, incluyéndome. Dos en Temuco, dos en Nueva Imperial y dos en Collipulli. Las oficinas ya están casi listas, están prontas a inaugurarse a fines de julio o principios de agosto. Dentro de cada oficina además habrá un facilitador.

CONFLICTO
-Cuando los atentados incendiarios u otros delitos se asocian a priori a personas mapuches y se les tilda de terroristas, ¿qué opinión les genera eso?
-Lo primero que debemos señalar es que catalogar de terroristas a los imputados mapuche creemos que es errado. Lo que han decidido los tribunales durante los últimos años sobre el tema en la Región ha sido que en ninguna de las ocasiones que el Ministerio Público ha acusado por Ley Antiterrorista han acogido tal calificación jurídica. Han condenado en unos pocos casos y en los casos que han condenado no ha sido por Ley Antiterrorista. 

-¿Hay discriminación?
-En ese sentido, sí creemos que hay un proceso tal vez de discriminación por parte del ejercicio de la acción penal del Ministerio Público, ya que creemos que en muchos casos se aplicó la Ley Antiterrorista, se ejercitó, se usaron los mecanismos señalados por dicha ley y al final los tribunales no terminaron respaldando dicha situación.

-La condena al machi Celestino por la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay, por ejemplo…
-Ese no fue un caso que asumimos nosotros como Defensoría Regional en su última etapa de juicio oral, pero los tribunales también dijeron en ese caso que no era procedente calificar el delito como terrorista. 

-¿Existe terrorismo en La Araucanía?
-No me corresponde opinar si acá en la Región hay un sesgo o no. Lo que yo creo que puedo opinar, porque es objetivo, es que los tribunales en los últimos años no han calificado ninguna conducta como de terrorista (…) cualquiera puede opinar, pero lo que han dicho los tribunales es que en La Araucanía no hay terrorismo.

-Hay casos que involucran a mapuches que terminan siendo absueltos, pero antes pasan por largas prisiones preventivas… ¿Identifica un mal uso o un uso exacerbado de la cautelar?
-La Constitución garantiza a todos los chilenos sus libertades personales. En ese sentido, nosotros como defensores creemos que el uso de la prisión preventiva resulta contrario a la Constitución. Creemos que se debe usar solamente en los casos en que se acrediten los requisitos legales. A veces se ocupa más de lo que se tendría realmente que dar, y por lo tanto, a veces nos puede parecer a nosotros como exacerbado el uso de la misma en determinadas situaciones, más aún cuando, con posterioridad, los tribunales terminan absolviendo a estas personas.  

-¿Es compleja la cárcel para imputados mapuche por sus conductas ancestrales?
-El propio Convenio 169 lo señala. Los pueblos originarios tienen una relación especial con la tierra. Entonces, en ese sentido son personas que resultan más vulnerables al uso de la prisión preventiva, ya que por su apego a la tierra, a su territorio, el estar en una cárcel privados de libertad les afecta más que a cualquier otra persona.

-¿Qué le parecen las críticas al uso del Convenio 169 al que incluso se le ha catalogado de “terrorismo intelectual”?
-El Convenio 169 es un tratado ratificado en su oportunidad por el Congreso de Chile, por personas de distintos colores políticos y, en ese sentido, todos estamos obligados a respetarlo y acatarlo y más aún los tribunales de justicia.

-Emilio Berkhoff en un comunicado dijo que en su caso no se respetó el debido proceso. En términos generales, ¿se cautela el debido proceso en estos casos o faltan mayores garantías?
-Siempre creemos que es necesario mejorar. En ese sentido, nosotros no estamos exentos a las críticas o falencias que podamos tener en nuestro trabajo. Por lo mismo, nuestra labor como Defensoría Penal Mapuche es justamente reivindicar los derechos de las personas de esta etnia, en especial considerando que son miembros pertenecientes a una minoría vulnerable, muchos de ellos en situación de pobreza y, por lo tanto, nosotros ante los tribunales intentaremos cautelar más fuertemente el respeto de sus garantías ante las acciones que realiza el persecutor penal, en este caso el Ministerio Público.

-En este sentido, ¿qué le parece el uso de testigos protegidos como elemento de prueba? 
-La Defensoría siempre ha criticado el uso de los testigos sin rostro de los cuales no conocemos su identidad por distintos motivos, en especial porque nosotros no podemos cuestionar la credibilidad de los mismos si no los conocemos. A una persona la puede estar acusando su peor enemigo o persona con la que han tenido rencillas anteriores por intereses determinados y nunca podremos saber la identidad para contrainterrogarla. En ese sentido sí, lo objetivo es que el propio Gobierno envió un proyecto de ley que modifica la Ley Antiterrorista en que se eliminan los testigos con reserva de identidad o secretos. 

-Cuando el fiscal regional, Cristian Paredes, en una entrevista a El Austral habla de un “cuestionamiento injustificado” a la figura de los testigos sin rostro, ¿qué le parece aquello?
-No me corresponde opinar sobre lo que diga el fiscal regional, no soy la persona adecuada. Lo que sí puedo señalar es que los testigos secretos violan los derechos fundamentales de cualquier persona, su uso en juicio, en especial el derecho de toda persona de conocer quién es su acusador y poder refutar esa prueba.

SUPREMA
-El presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, dijo que estudiará el planteamiento que le hicieron dirigentes mapuches de cumplir cautelares en sus comunidades y ante una autoridad ancestral. ¿Cuál es su opinión?
-El Código Procesal Penal señala justamente que las personas pueden sujetarse a medidas cautelares ante cualquier autoridad. En ese sentido, el Código no distingue y, por lo mismo, la idea puede ser perfectamente acogida por los tribunales.  

FUGA
-El miércoles, el reo Cristian Levinao se fugó del CET de Angol. Pensando en la solicitud que también realizó el machi Celestino de ser trasladado al CET de Vilcún... ¿Están preparados estos recintos para recibir a estos condenados?
-Los Centros de Estudio y Trabajo (CET) son una experiencia muy antigua en el país, la cual ha dado resultados en varias partes. Se encuentran establecidos en todas las regiones. En ese sentido, lo que corresponde analizar es que Gendarmería debería dar una respuesta en torno a si reúnen o no las condiciones adecuadas, eso a mí no me corresponde. Desconozco la realidad de las medidas de seguridad en Vilcún y en Angol. Lo único que puedo señalar, desde mi experiencia, es que han sido positivos en el cumplimiento de las penas.

-¿El cumplimiento de condenas en estos centros va en línea con lo que dice el Convenio 169?
-Claramente, pareciera que va en línea con lo que plantea el Convenio 169, que justamente señala este apego especial que tienen los pueblos indígenas con la tierra y parece que el cumplimiento en un CET va en línea con dicho Convenio.

-Cristian Levinao participó en una huelga de hambre y el Gobierno le concedió el traslado al CET desde donde se fugó. ¿Qué opinión tiene de esta medida de presión?
-La huelga de hambre es una decisión personal, individual y yo no tengo por qué opinar sobre una medida que no afecta la integridad o derechos de otras personas.

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