Sala de Prensa

30/11/2015

Defensor nacional: 85 por ciento de los jóvenes que delinquen son adictos o están en abandono (*)

Andrés Mahnke afirma que endurecer las penas y aumentar los castigos no es la solución, y recomienda aplicar programas diferenciados, de acuerdo a la realidad de cada infractor.

Por Mario Gálvez,
El Mercurio.

(*): Entrevistado hoy por El Mercurio, el Defensor Nacional explica por qué aumentar las penas o rigidizar el cumplimiento de condenas privativas de libertad "no es un disuasivo (...) No nos sirve castigar más severamente a estos jóvenes, porque va a generar un mayor número de condenas, pero aumentos en la tasa de reincidencia".

El 24 de diciembre próximo, el defensor nacional, Andrés Mahnke Malschafsky, cumple un año en su cargo. En paralelo, después de 15 años desde su creación, la institución ya está consolidada con 3 millones 300 mil casos atendidos.

En el tiempo que lleva en el cargo, Mahnke ha reforzado áreas en la Defensoría Penal con el fin de abarcar el mayor número de personas. La especialización ha sido la impronta del servicio, y es así como hay abogados dedicados a la atención de personas privadas de libertad, a integrantes de pueblos originarios y a adolescentes infractores de ley.

Es en este tema donde hay preocupación en diversos sectores. En las últimas acciones delictuales violentas aparecen jóvenes implicados, ya sea como autores o cómplices. Sobre todo eso conversó con "El Mercurio".

-¿Qué resultados logran al tener defensores juveniles, es decir, un sistema especializado?
- Tenemos este sistema desde 2007. Pero, el impacto desde el punto de vista de la política pública, tanto de lo que pasa dentro del sistema de justicia penal adolescente como en la defensa, no logra toda su expresión, porque somos solo una parte del sistema. Celebramos que los proyectos que están en el Ministerio de Justicia apunten a fortalecer obligatoriamente la especialización, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público.

-¿Qué experiencia han recogido ustedes con la especialización?
-Ha servido para que en la litigación se entienda que el Derecho Penal respecto de los niños y jóvenes es una última instancia. Se deben generar programas que los lleven a incorporarse a la sociedad de una forma distinta. La mayoría son infractores por la condición de marginalidad, abuso y el contexto de pobreza en que viven.

-¿Cuál es la realidad actual de aquellos adolescentes?
- El 85 por ciento de los jóvenes que atendemos y que están dentro del sistema de justicia penal están fuera del sistema educacional, tienen consumo problemático de drogas y alcohol, y casi la totalidad está en abandono familiar. La cárcel no es un disuasivo, porque es parte de las etapas que ellos van a vivir, porque es el contexto social el que los lleva a esa visión. Por lo tanto, no nos sirve castigar más severamente a estos jóvenes porque va a generar un mayor número de condenas, pero aumentos en la tasa de reincidencia.

-¿Entonces, rigidizar las condenas no sirve?
-Está comprobado empíricamente. Las tasas de reincidencia de las personas privadas de libertad están por sobre un 50 por ciento, y aquellas condenadas a penas privativas de libertad que la cumplen en toda su extensión, superan el 60 por ciento. En las que tienen penas sustitutivas, que también son condenas (la reincidencia) es de 27 ó 28 por ciento. Y quienes obtienen el beneficio de libertad provisional, por ejemplo, bajan al 24 por ciento. Son cifras que están marcando el camino, si se quiere que el sistema de justicia incida en la disminución de la delincuencia. Hay que favorecer medidas alternativas y penas sustitutivas.

-¿En el tema de los jóvenes estamos fracasando en el sistema rehabilitador?
-En el sistema de jóvenes infractores, como sociedad, naturalmente. Con esas cifras de adicción, abandono y escolaridad, tratar de ponerles un poco más de castigo no va a solucionar el problema. El camino es otro; es largo y costoso, pero no es más barata la prisión. Porque tener a un joven o a un adulto privado de libertad, en nuestro país supera los quinientos mil pesos mensuales".

-¿Pero qué se hace con casos como el joven conocido como "El Cisarro", que son sometidos a terapias y variados programas pero vuelven a delinquir?
-La misma estigmatización que tenemos como sociedad, como Estado y como sistema de justicia para tratar a los jóvenes con situaciones alarmantes de exclusión, la tenemos cuando enfocamos a esa persona para intentar resocializarlo. Los volvemos a tratar como delincuentes. Lo que necesita ese 'cabro' es un programa diferenciado, que aplique a sus propias necesidades y problemas. Puede ser que no sea un programa que lo reincorpore a su escolaridad y que venga de Noruega o Suecia, donde tiene calidad probada para un país desarrollado. Antes que eso, necesita muchas otras cosas para su particular situación de vida.

-¿Necesita más flexibilidad?
-Exacto. Necesita tratamientos mucho más flexibles, que deben ser aplicados no desde el punto de vista de un infractor que hay que sacar de la delincuencia. Él tiene un problema mucho más grave que haber cometido una infracción sancionada por el Derecho Penal.

-¿Se está abusando de la internación provisoria de los jóvenes en Chile?
-Diría que se usa con más frecuencia que la que se estimó. Porque el estándar de la internación provisoria es bastante similar; no es igual a la prisión preventiva (adultos) que en nuestro país se usa con bastante frecuencia. No digo que sea bueno o malo, pero en principio no va a servir.

-Hay una sensación de que el aumento de la delincuencia está a cargo de los jóvenes, ¿está de acuerdo con eso?
-Las cifras, desde que iniciamos la defensa penal de adolescentes en 2007, nos marcan que la incidencia de los jóvenes en los delitos es del 9 al 10 por ciento. Al año 2014 sigue siendo la misma participación. En algunas regiones ha disminuido, como en Arica, y en Iquique ha aumentado. Pero como visión nacional, se ha mantenido la misma participación de los jóvenes. No estamos desbordados por una delincuencia juvenil. Lo que no ha cambiado son los niveles de exclusión de este país, y eso genera que la participación de jóvenes en ilícitos, que tienen esa condiciones de exclusión, se mantenga.

-¿No será que la cifra no se mueve porque es el mismo grupo de jóvenes el que delinque?, ¿se refleja en las reincidencias?
-Todas las cifras se mantienen, tanto los ingresos como las tasas de reincidencia y los tipos de condenas. Las condenas por hurto y robos no violentos son altísimas en el país. Sobre un 50% de condenas de causas judicializadas habla de un sistema que funciona muy bien, pero muy severamente sobre conductas que no tienen un reproche social tan elevado. Más del 70% de las condenas por hurtos son en supermercados o centros comerciales. Y eso no es lo que no está generando la alarma.

-¿Y dónde está la alarma?
-En delitos contra la propiedad más violentos. Todas las encuestas dicen que las denuncias y la victimización no ha aumentado, se han mantenido o han bajado. No es para sacar cuentas alegres, porque las tendencias son bastantes mínimas y el problema de la delincuencia es grave, porque nos afecta a todos como sociedad. Pero, si la existencia de un delito que antes no ocurría (portonazos) nos vas a movilizar a todos -policías, Poder Legislativo, Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría- y perdemos el foco que son los mismos jóvenes o los mismos adultos que estaban cometiendo otros ilícitos y que siguen en condiciones de exclusión, sin duda que vamos a errar el diagnóstico y vamos a adoptar medidas no eficaces para el rol que debe cumplir un sistema de justicia, de fortalecer la paz social.

RECUADRO: PROYECTO DE LEY DE AUTONOMÍA
La aspiración más sentida de la Defensoría Penal Pública es la autonomía, como una manera de cambiar la visión asistencialista de la entidad hacia una que consagre el derecho a la defensa, dice Andrés Mahnke. Un tema que se viene discutiendo, sin resultados, desde el inicio del organismo.

Sin embargo, pareciera que durante esta administración la propuesta legislativa saldrá a la luz. Por lo menos así lo cree el defensor nacional. "El Ministerio de Justicia está avalando, y trabajando junto con nosotros, el anteproyecto de una Defensoría autónoma", señala.

De hecho, ya culminó un estudio para definir un modelo de Defensoría autónoma con el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) y la facultad de derecho de la U. Alberto Hurtado, con el apoyo de dos expertos de Eurosocial, un programa de la Comisión Europea para la cooperación entre Europa y América Latina.

-¿En qué plazo va a estar listo este anteproyecto?
-Estamos terminando el anteproyecto de ley, queremos socializarlo y esperamos tenerlo definido antes de fin de año. Y aspiramos a presentarlo, ya validado como un proyecto de ley, a principios del próximo año para iniciar el debate legislativo durante el primer semestre.

-¿Qué pasa con quienes no están de acuerdo con la idea?
-Después de su exposición que hizo en el Congreso Nacional de sus ocho años de gestión, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, me dijo que él apoya el proyecto de autonomía de la Defensoría. El nuevo fiscal nacional (Jorge Abbott) ha declarado públicamente que le parece que corresponde dotar de autonomía a la institución. Lo mismo ha dicho el presidente de la Corte Suprema y el presidente del Tribunal Constitucional.

-¿Sienten que tienen igualdad de condiciones en el sistema penal con la Fiscalía Nacional?
-No. En la presentación que hizo el nuevo fiscal nacional ante el Senado, habló de un cambio de paradigma del Ministerio Público desde el punto de vista de su misión esencial, que es la investigación; de la creación de nuevas unidades, del fortalecimiento institucional. El fiscal nacional tiene ocho años para hacer eso. Nosotros no lo podemos hacer. En mi caso, voy a cumplir un año; técnicamente me quedan dos y mi cargo sigue siendo de confianza. Puedo terminar mi período mañana o en dos meses más. Entonces, las posibilidades de impulsar cambios estratégicos, con metas distintas para profundizar las garantías del derecho a defensa, al debido proceso y a un juicio justo, no lo puedo hacer en las mismas condiciones que lo hace el Ministerio Público. 

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