Sala de Prensa

14/12/2015

Juan Pablo Gómez, defensor penal público:

“Es probable que puedan existir nuevos incendios y que pueda morir gente en un siniestro”

El abogado de la Defensoría Local de Maipú fue parte del conversatorio “81 razones para repensar las cárceles en Chile”, realizado para debatir el complejo panorama penitenciario actual, a cinco años del incendio de la cárcel de San Miguel.

Por Felipe Henríquez Gracia,
Defensoría Regional Metropolitana Sur.

El pasado 8 de diciembre se conmemoró un nuevo aniversario de la tragedia carcelaria más grave de nuestro país. En 2010, un incendio en la cárcel de San Miguel provocó la muerte de 81 internos, y graves heridas en otras 16 personas. Tras la tragedia, el debate posterior provocó un análisis de la situación carcelaria, que significó beneficios penitenciarios para más de mil 500 reclusos del sistema carcelario chileno.

En este contexto, la ONG Leasur, en conjunto con la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, organizó un conversatorio para analizar la situación actual de las cárceles en el país, a cinco años del incendio en el penal sanmiguelino.  

El evento contó con las exposiciones de César Pizarro, presidente de la ONG 81 Razones y familiar de una de las víctimas; Juan Pablo Gómez, abogado de la Defensoría Local de Maipú, y Alvaro Castro, del Centro de Estudios Judiciales de la Universidad de Chile.

La exposición del defensor público se fundamentó en su participación en el juicio oral del llamado 'caso cárcel de San Miguel' -donde defendió a uno de los centinelas acusados- y en el trabajo penitenciario que realiza la institución.

“Los temas abordados fueron el trabajo penitenciario, la labor que nos tocó hacer en el juicio del incendio y cuáles fueron los argumentos que recogió el tribunal al absolver a nuestros representados, recogiendo asimismo aspectos mencionados durante los nueve meses de juicio, relativos a la responsabilidad del Estado”, explicó Gómez.

“Tal cual que en 2010, este incendio se explica por el hacinamiento en que se encontraban los internos. Modificaciones a la estructura se han hecho pocas y, por tanto, es muy probable que problemas como este sigan existiendo”, aseguró Gómez, en referencia a los escasos avances producidos tras la tragedia.

Para el defensor público, “Gendarmería se ha preparado bastante y ha habido una mayor dotación de personal, cuestión que no existía desde 2010, pero sigue existiendo hacinamiento”. Esto significa que “es probable que puedan existir nuevos incendios y es probable que pueda morir gente por incendios”, concluyó.

SOBREPOBLACIÓN COMO PROBLEMA
En el conversatorio se plantearon una serie de medidas para solucionar este complejo panorama. Las ideas esgrimidas incluyen desde cerrar cárceles –como el modelo europeo- o ampliar la infraestructura penitenciaria que existe hoy en el país.

Para Juan Pablo Gómez, la solución a esto radica en que “si existieran cárceles que permitieran segregar la población y con parámetros de segregación distintos a los que se aplican en el día de hoy, podríamos evitar, principalmente, la contaminación criminógena ,que es lo que va generando más delincuencia”, comentó.

Según el abogado, el Estado sí ayudó, pues “se hicieron modificaciones normativas, existió una modificación a la ley de penas sustitutivas (…) En un momento se pensaba mucho en los presidiarios, pero hoy parece ser que ya pasaron nuevamente al olvido”, criticó.

"PROYECTO INOCENTES"
Juan Pablo Gómez recordó finalmente que existen personas que actualmente se encuentran privadas de libertad y que son inocentes de los delitos que se les imputan, razón que explica por qué la dignidad de todos los internos debe ser una apuesta institucional para la Defensoría.

“Se debe trabajar para que la investigación y los encargados de ésta persigan correctamente a los posibles autores y no se siga acrecentando el número de personas que son imputadas y finalmente absueltas o sobreseídas por falta de participación, y que debieron pasar parte de su periodo de investigación privados de libertad", sostuvo.

El profesional recordó que una de las personas fallecidas en el incendio estaba condenado por la venta de películas 'piratas' y que su caso llevó a hacer conciencia sobre quiénes son las personas que se encuentran recluidas y la necesidad real de esta medida para casos de menor cuantía. Se trata, dijo, de una situación que se ve agravada cuando el potencial interno es un inocente. 

Noticias relacionadas:


  • subir
  • imprimir
  • volver