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Las detenciones ciudadanas

16/02/2016

Columna de opinión:

Las detenciones ciudadanas

Este artículo, del Defensor Regional de O'Higgins, Alberto Ortega, fue publicada por el Diario El Tipógrafo esta semana.

Por Alberto Ortega Jirón

Defensor Regional de O'Higgins

Las detenciones ciudadanas son legales y socialmente loables. De hecho, el actual Código Procesal Penal señala que cualquier persona podrá detener a quien sorprenda cometiendo un delito, debiendo entregar inmediatamente al aprehendido a la policía u otra autoridad.

Esa es una detención ciudadana.

No se confunda con un linchamiento o ajusticiamiento que ciertos grupos de personas aplican a un individuo acusado de cometer un delito. Esas mal llamadas detenciones ciudadanas son en sí mismas un delito y, por cierto, una muestra de barbarie en la que ninguna persona con un cierto nivel de educación debería participar.

Vea usted por favor, algunos ejemplos en Youtube.

Si alguien se siente confortable, entusiasmado o identificado con ese sentimiento popular de histeria colectiva por lesionar, humillar y torturar a otro, es , a lo menos, preocupante.

Las razones evidentes para rechazar las golpizas populares son básicamente dos

1.- El 20% de las personas imputadas de delitos en la región de O’Higgins fueron declaradas inocentes, en otras palabras, eran “no culpables”, algunas incluso después de una exhaustiva investigación.

Por ende, existe una alta posibilidad de que algunas personas sea imputadas de delitos graves en la vía pública porque la víctima las emprendió en contra del primer sospechoso que por prejuicios o motivada por la rabia se le ocurrió acusar a gritos.

2.- Siempre debe existir en un criterio de justicia lo que se llama la proporcionalidad. Supongamos que se ha detenido a un sujeto que intentó hurtar su celular y la turba en un afán de justicia lo deja inconsciente, le fractura una costilla o le deja inválido o deforme. Si eso es justicia, debiéramos preferir la ley de la selva.

La ley no deja indefensos a los ciudadanos, existe por cierto, la legítima defensa que incluso ampara a quien lesiona o mata a un delincuente para repeler un ataque.

También es cierto que el sistema policial en Chile no es infalible y en más de un 80% de los robos y hurtos no se logra castigar al culpable, pero el restante 20% corre una suerte distinta a la del imaginario popular.

La puerta giratoria no existe para los delitos graves y las penas aplicadas allí parten en cinco años de cárcel sin beneficios de ningún tipo. El problema es que el desconocimiento del sistema penal hace que muchas personas crean estos chistes y frases para el bronce que la gallada difunde en las redes sociales, sin embargo, nunca se han sentado en un tribunal para conocer cómo funciona el proceso judicial respecto de los delitos graves.

Las detenciones ciudadanas con violencia innecesaria, tortura y humillación a los delincuentes, repito, constituyen un delito – no porque el sistema proteja a quien vive del robo o del daño a otros – sino porque en sí mismas repugnan al sentimiento de civilidad y de raciocinio que debe regular y normar la vida de los chilenos.

Incluso en países como Ecuador, donde estos actos de barbarie se permiten en algunos grupos indígenas que aplican sus propias leyes, existen límites respecto a los castigos que se aplican.

Es por todo eso preocupante que un 55 % de los encuestados por el Centro de Estudios de la Universidad Católica esté de acuerdo con estos linchamientos populares, porque también se traduce que un importante número de ciudadanos se pronuncia a favor de los castigos físicos, la tortura y la privación de la dignidad de otros.

De ser así, no deberíamos quejarnos cuando la turba – con o sin motivo - se nos lance encima a darnos una pateadura – ya que en Chile eso de que “el que nada hace, nada teme” también es puro cuento.

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