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31/05/2016

Defensor nacional Andrés Mahnke y control de identidad preventivo

“La libertad de desplazamiento que tenemos todos dentro del territorio nacional naturalmente se va a ver interrumpida”

Entrevista al defensor nacional publicada el pasado domingo 29 de Mayo en diario El Magallanes de Punta Arenas.

Por Nicolás Ulloa Domingo 29 de mayo del 2016, diario El Magallanes.

 El defensor nacional, Andrés Mahnke Malschafsky, visitó esta semana Punta Arenas para asistir al balance regional de su gestión entregado por la defensora regional Gustava Aguilar Moraga. En su paso por la región abordó la polémica que significó el otorgamiento de más de 1.800 libertades condicionales a condenados que cumplían sus penas en diferentes cárceles del país, de los cuales, un 3% reincidió a sólo días de abandonar los recintos penitenciarios.

Al hacer una evaluación del quehacer de la Defensoría Regional en este último año, la autoridad señaló que Magallanes ha mantenido un estándar cualitativo alto, con números que reflejan todo el trabajo que despliega como organización del Estado a nivel local, gracias a dos factores: un muy buen equipo de trabajo, que se preocupa del ambiente laboral, transmitiendo eso en la calidad del servicio que se entrega a los usuarios. “Si tuviese que ponerle una nota entre 1 a 7, sería un 7”, remarcó.

– ¿Cómo se explica que más de 60 presos, en cuestión de días, hayan quebrantado el beneficio de la libertad condicional?

– “Lo primero es que este es un derecho fundado en los estados democráticos y, conjuntamente con eso, a propósito del debate de cómo incide esto en el fortalecimiento de la paz social, es una herramienta muy eficaz si se considera que los estándares de reincidencia en personas que cumplen íntegramente su privación de libertad es de un 58%, mientras que en personas a las que se le otorga este beneficio, la reincidencia es de 23,8%. Ahora, usted me podría decir que de 100 personas cerca de 24 incurren nuevamente en ilícitos, pero es más de un 100% menos a los que reinciden a los que cumplen todas sus sanciones. Permítame agregar que en este debate de quienes están a favor o en contra, parece un debate absurdo respecto de las cifras, y en vez de ver si son muchos o pocos, debiésemos discriminar quienes sí y quienes no pueden optar al beneficio”.

– ¿Sería necesario entonces afinar un poco el “filtro” que se aplica para otorgar las libertades condicionales?

– “Así es, tan claro como usted lo plantea. Si el debate lo llevamos simplemente a que son muchos y debiesen ser menos, qué pasa entonces en la Región de Los Lagos, donde la Corte de Apelaciones otorgó sólo una libertad. ¿Quiere decir que no se debiese otorgar? No es un tema de cantidad, sino frente a un marco regulatorio tan poco claro, todas las comisiones están cumpliendo la ley, pero están actuando de una forma distinta porque no hay una regulación eficaz sobre este tema. Además, que un incentivo para terminar de cumplir una sanción en el medio libre, es un aliciente para tomarse en serio el camino a la rehabilitación y reinserción. Ya con el precario sistema que tenemos de rehabilitación en nuestro sistema carcelario, sería letra muerta”.

¿Podrá llegar a un perfeccionamiento tal de las comisiones evaluadoras que la reincidencia se disminuya a cero?

– “A su pregunta yo tendría que responderle que no, decir otra cosa es vender humo. Sería lo mismo decir que con buenos mecanismos de prevención y con buenos sistemas de reinserción, en algún momento vamos a tener una sociedad en la cual no se cometan delitos. Eso no es así, las sociedades con la estructura en que nosotros vivimos, tienen incorporada la comisión de hechos ilícitos, esa es la realidad”.

“Detención por sospecha 2.0”

– ¿Qué debemos esperar de la implementación y utilización de los controles preventivos aprobados en la agenda corta antidelincuencia?

– “Nosotros hemos sido bastante claros desde el inicio, respecto de la eficacia y eficiencia de medidas como estas, en concordancia con lo que estábamos hablando, de usarlas como mecanismo de prevención. Nos parece que es dudoso por la distracción en la labor policial, en millones de diligencias que a diario se desarrollan a un marco mucho más regulado que el que se está estableciendo, y también respecto del impacto que pueda tener en el fortalecimiento de la paz social. Dicho eso, sí debo reconocer, y no puedo ser ciego en cuanto a las modificaciones que han surgido desde nuestras primeras consideraciones negativas en el Parlamento, cuando sostuvimos que más que una detención por sospecha, ya era una detención sin sospecha, no estableciendo ningún marco de ningún tipo, ni propósito de investigación; pero, hoy día no podemos hablar así, ya que uno de los buenos cambios que surgió desde la comisión mixta fue la eliminación administrativa, es decir, ninguna persona puede ser detenida en un cuartel policial a propósito de esta facultad que se le está entregando a las policías, eso me parece sumamente valioso, avances que hacen que este instrumento sea menos nocivo… menos malo”.

– La Defensoría planteó que el control preventivo vulneraría derechos fundamentales, con estas modificaciones ¿se mantiene esa postura?

– “La libertad de desplazamiento que tenemos todos dentro del territorio nacional naturalmente se va a ver interrumpida con un control como este, me parece si hay vulneración de derechos, sean de mucho menor intensidad. El ordenamiento jurídico lo permite, no son ilegítimas todas las intromisiones a las libertades individuales o derechos fundamentales de las personas, así funcionan los Estados democráticos. Existe una frontera de libertades y derechos que no se pueden transgredir, salvo que la norma lo autorice con un propósito específico, y aquí el problema es que no se ve dicho propósito. En consecuencia, mover, aunque sea un poco esa frontera de respeto a una libertad, no debiese producirse esa transgresión”.

Hechos de violencia extrema

– ¿Cómo enfrenta la Defensoría la crítica pública al tener que representar a personas que son imputadas por hechos tan graves como la agresión sufrida por Nabila Riffo?

– “Afortunadamente, esa percepción ha ido cambiando con el tiempo, no digo que desaparezca. Naturalmente, a nosotros, como una institución del Estado inserta en la comunidad y con un rol que cumplir, no sólo nos interesa la opinión de las autoridades políticas, sobre todo por los debates respecto de las atribuciones y recursos que debe tener la Defensoría, también nos importa la opinión de nuestros usuarios, y la de la comunidad respecto de nuestro quehacer. La última encuesta realizada por el Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad de Chile, nos demuestra que, a pesar de lo que usted señala, el 95% de los encuestados a nivel nacional, con un porcentaje de error inferior al 2,5%, declara que es muy importante que a una persona que se le imputa un ilícito, tenga un abogado defensor. El 77%, sostiene que ese abogado sea prestado por el Estado de forma gratuita, y en igual proporción que esa defensa sea de calidad. En consecuencia, está bastante fundado que la ciudadanía entiende que por impopular que sea la labor que ejercemos, es necesaria. También, dicho estudio señaló que la comunidad percibe que uno de los derechos más importantes de una persona que está siendo imputada es la presunción de inocencia, y en un 80% de esas personas estimó que dicho derecho es el menos respetado”.

– En una oportunidad Ud. señaló que es necesario abordar el “prejuicio” social que se hace de parte de la comunidad ante una persona que enfrenta una imputación de cargos ¿debe legislarse para que dicha materia se aborde de manera diferente en los medios?

– “Yo creo que hoy día el punto no es ése, la idea se mantiene y quizás se ha ido fortaleciendo, pero no es culpar a los medios en esta dimensión, o que los medios desconozcan antecedentes, sino que la responsabilidad es precisamente del sistema. Yo hacía alusión que antes de la reforma penal en nuestro país hicimos cientos de actividades para que se entendiera cada uno de los ámbitos del nuevo proceso, eso se ha perdido, pero no por los medios, ya que sólo transmiten la información diaria que reciben. En esa oportunidad hacía la alusión a la audiencia de formalización, porque si le preguntas a la ciudadanía, va a entender justamente lo contrario a lo que significa, siendo esto un procedimiento de garantías, establecida para que el imputado sepa que hay un órgano que tiene muchas facultades que está investigándolo, eso es precisamente para que pueda ejercer sus derechos. Sin embargo, lo que está ocurriendo es que la audiencia de formalización tiene una connotación de condena previa, no sólo es la visión de los medios de comunicación, también lo tiene la sociedad, y la tenemos los actores del sistema penal. Por ejemplo, para un fiscal hoy en día, esa presión de la desnaturalización de dicha audiencia, lo lleva a que se juegue el éxito de esa audiencia, que no es más que poner en conocimiento al imputado el cargo por el que se le está investigando, midiendo ese éxito por la intensidad de la cautelar que consigue, eso es un absurdo, y es algo que todos nosotros, los actores del proceso, hemos permitido”, concluyó.

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