Sala de Prensa

20/06/2016

Alejandro Viada entregó un balance de la gestión 2015 de la institución en esa zona del país

Defensor Regional de Coquimbo: “183 personas inocentes o no condenadas estuvieron privadas de libertad”

En una ceremonia a la que asistió el Defensor Nacional, Viada expresó la preocupación de la Defensoría por el aumento en la aplicación de la prisión preventiva.

Por Daniel San Martín D.,
Defensoría Regional de Coquimbo.

“Nos preocupa la aplicación de la prisión preventiva porque, desafortunadamente, en 2015 hubo 183 personas que vivieron esta drástica medida y finalmente en sus causas se estimó que no existían antecedentes que fundamentaran acusarlos o condenarlos”.

Este fue uno de los relevantes datos que el Defensor Regional de Coquimbo, Alejandro Viada, dio a conocer durante la ceremonia de balance de gestión 2015 de esa repartición institucional, acto efectuado en el auditorio del campus central de la Universidad Santo Tomás y que contó con la presencia del Defensor Nacional, Andrés Mahnke, junto a importantes autoridades regionales.

Viada señaló que de los 183 casos, 51 permanecieron privados de su libertad entre 1 a 15 días; 120 personas estuvieron recluidas entre 16 días y 6 meses y, finalmente, 12 lo estuvieron por más de seis meses. “La presunción de inocencia es uno de los pilares de la protección de los derechos individuales. La privación de libertad en la etapa de investigación debe ser utilizada sólo como última alternativa y con antecedentes muy bien fundados”, dijo.

El directivo también detalló que los defensores penales públicos de la región representaron a 786 acusados en 642 juicios orales, de los cuales 552 fueron condenados (61 por ciento) y 234 resultaron absueltos, un 39 por ciento de los casos.

Añadió que en la mayoría de las sentencias absolutorias se advirtieron elementos preo­cupantes en la investigación, que determinaron el resultado. “Esencialmente, identificaciones erróneas por testigos y limitaciones de la ciencia que impiden una investigación adecuada, pero también confesiones falsas o forzadas, presiones ilegítimas, testigos anónimos, falta de acuciosidad en reconocimientos fotográficos y de ruedas de presos”, apuntó.

OTRAS CIFRAS
En otros datos de interés, el Defensor Regional de Coquimbo consignó que el año pasado la defensa pública asisitió jurídicamente a 13 mil 736 imputados en la zona, en tanto que los términos de causas sumaron 15 mil 462 casos. Agregó que 12 mil 654 imputados eran mayores de 18 años y mil 82 eran adolescentes. Por último, especificó que 11 mil 435 imputados correspondieron a varones y 2 mil 301 a mujeres.

Alejandro Viada expuso también que en total hubo 15 mil 513 delitos ingresados, aunque los más frecuentes fueron las lesiones (18 por ciento), los hurtos (12 por ciento), los delitos contra la libertad e intimidad de las personas (12 por ciento) y los relacionados con la Ley de Tránsito (10 por ciento).

“Contrario a lo que diariamente vemos en los medios de comunicación, los ilícitos que causan mayor impacto en la comunidad tienen muy baja incidencia. Por ejemplo, los robos violentos alcanzaron al 3 por ciento, los de índole sexual un 1 por ciento y los homicidios 0,7 por ciento”, detalló.

Agregó que las principales formas de término de los casos correspondieron a la suspensión condicional del procedimiento (25 por ciento), la sentencia condenatoria sin beneficio y sin suspensión (12 por ciento), la rebeldía del imputado (11 por ciento) y la sentencia con beneficio sin suspensión (10 por ciento).

VALOR PÚBLICO DE LA DEFENSA
En la parte final de su discurso, Alejandro Viada explicó que aunque la Defensoría Penal  Pública es una institución poco comprendida, es importante responder a las autoridades y a la comunidad en general interrogantes como: ¿por qué el Estado debe garantizar el derecho a defensa a todos los ciudadanos?, ¿a quiénes atendemos? y ¿cuáles son las particularidades de la defensa que se brinda a jóvenes, extranjeros o indígenas?

En ese sentido, argumentó que los 15 años de vigencia del actual sistema de justicia penal han posibilitado el contacto con miles de personas imputadas, lo que ha permitido a la Defensoría conocer y abordar adecuadamente contextos sociales complejos.

“El valor público del trabajo de los defensores penales públicos es aportar legitimidad a la persecución penal y al rol sentenciador de los jueces. Todos en nuestros respectivos roles formamos parte de una justicia viva, que actúa diariamente con personas y que, por lo mismo, necesita adaptarse y revitalizarse siempre” sentenció.

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