Sala de Prensa

12/10/2016

Tribunal fijó un plazo de investigación de 80 días

Defensoría de Arica logró la libertad de mujer acusada de infanticidio

El Juzgado de Garantía de Arica dejó sin efecto la prisión preventiva que afectaba a una mujer indígena acusada de enterrar a su hijo en un cerro y decretó su arresto domiciliario total.

Por Daniela Tapia M.,
Defensoría Regional de Arica y Parinacota.

El Tribunal de Garantía de Arica revocó la medida cautelar de prisión preventiva que afectaba a una mujer indígena boliviana -de iniciales L.P.P. (21)-, quien fue imputada por el delito de infanticidio y obstrucción a la justicia el pasado domingo, cuando se le acusó de enterrar a su bebé en un cerro, luego de un aborto espontáneo.

“Estamos satisfechos por la resolución del tribunal, ya que se ponderó tanto el legítimo derecho del Ministerio Público de investigar este caso, como el derecho de mi cliente de no estar privada de libertad mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra, o a lo menos antecedentes de peso que permitan sustentar la tesis del ente persecutor, en este caso, de un infanticidio”, explicó el defensor penal público Sergio Zenteno, luego de su alegato.

TESIS DE DEFENSA
La jueza a cargo de la audiencia, Andrea Iligaray, valoró la tesis de la defensa pública, que informó el cumplimiento de los plazos solicitados -5 días- por la Fiscalía para buscar al cuerpo del bebé supuestamente enterrado, el que no ha sido encontrado, por lo que se estimó que no se puede mantener la medida cautelar de prisión preventiva en contra de la imputada si no existen pruebas en su contra. 

“En la primera audiencia se fijó la prisión preventiva por diligencia precisas y determinadas, o sea que la Fiscalía debía buscar el cuerpo del bebé. Y se fija esta segunda audiencia, para ver los resultados de la búsqueda del cuerpo. En esta audiencia se corroboró que la Fiscalía no ha obtenido resultado, por lo tanto lo que corresponde es que esta persona no puede seguir presa indefinidamente mientras no aparezca el cuerpo. Ese era el objetivo de esta audiencia, esto es lo que logra la Defensoría Penal Pública”, expresó el defensor público Raúl Gil, quien también representa a la imputada.

En reemplazo de la prisión preventiva, el tribunal decretó el arresto domiciliario total de L.P.P. y la prohibición de que pueda salir de la ciudad.

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