Sala de Prensa

24/10/2016

La acuciosa revisión de un comité especial

Errores judiciales y falsas acusaciones: ya van 52 casos documentados (*)

Proyecto de la Defensoría Penal Pública desnuda fallas de conducta de las policías y malas prácticas que afectan a un número importante de ciudadanos, que pasan por prisión sin haber cometido delito alguno.

(*) El siguiente reportaje sobre el "Proyecto Inocentes" de la Defensoría fue publicado por El Mercurio el domingo 23 de octubre de 2016.

Pasado el mediodía del 9 de septiembre de 2015, los adolescentes C.S.S. y F.O.O. fueron rodeados por funcionarios de Carabineros y reducidos violentamente.

Los alumnos del liceo de Tiltil fueron lanzados al suelo, esposados y mostrados en la TV como autores del asalto al "Taller de Joyerías Leo", ubicado en San Pablo 1145, local L.

El parte policial describió incluso las acciones que realizó cada uno de ellos. De C.S.S. afirmaron que, premunido de armas de fuego y acompañado de un adulto, sustrajo "diversas joyas y dinero en efectivo". Y de F.O.O., que "realizaba labores de vigilancia". Incluso, se consignó que al momento de la detención portaban una pistola calibre 6,35 "con el número de serie borrado con cuatro municiones en su interior sin percutar".

Pero desde un comienzo el defensor Francisco Concha trabajó sobre la base de la inocencia de los jóvenes.

Gracias a registros de cámaras de seguridad, lograron establecer que los detenidos no eran los autores del delito. Y que los estudiantes, al momento de ser detenidos, venían del Hospital San José, donde uno de ellos se realizaba un tratamiento kinesiológico, y el otro lo acompañaba por disposición del liceo donde estudiaban. Su presencia en el centro asistencial quedó registrada en imágenes.

Pero estuvieron nueve días en internación provisoria. Y el 27 de noviembre de 2015, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el sobreseimiento definitivo que había dictado el juzgado de garantía.

Casos como este, desde que la Defensoría Penal Pública inició el Proyecto Inocentes, en 2013, ya hay 52 registrados.

Carlos Mora, Defensor Regional Metropolitano Norte, señala que las causas que son incorporadas al proyecto se refieren "a personas inocentes que han estado sometidas a la cautelar de prisión preventiva o cuya detención fue ampliada injustificadamente".

Y sus casos terminaron o por el uso de la facultad de no perseverar del Ministerio Público, por sobreseimiento definitivo por inocencia o por ausencia del hecho punible. O por absoluciones en las cuales quedó demostrada la causal del error "que permitió la injusta privación de libertad, al establecerse en la investigación una prueba exculpatoria", explica.

UNA REVISIÓN METICULOSA
El proceso se selección de las causas "es muy exigente", señala Mora. "La injusticia hacia el imputado debe haberse producido por un error grave en el procedimiento, en que ese error debe estar claramente identificado", explica.

Y debe fundarse en mala conducta de los agentes del Estado, como ocurrió con los estudiantes de Tiltil, a quienes se les inventaron pruebas (porte de armas); error en el peritaje, confesión falsa, mala defensa, identificación errónea del imputado y declaración inculpatoria falsa de víctima o testigo.

Los casos son presentados a un comité. Este es integrado por Andrés Mahnke, defensor nacional; Paulo Egenau, director de la Fundación Paréntesis; Mauricio Duce, académico de la Universidad Diego Portales; Leonardo Moreno, académico de la Universidad Alberto Hurtado; José Luis Craig, defensor regional de O'Higgins, Víctor Providel, jefe de Estudios de la VI Región de O´Higgins y María Eugenia Hofer, académica de la Universidad Mayor.

Este grupo de análisis de los antecedentes se reúne cada mes. En la última sesión se presentaron cuatro casos y se aprobó solo uno. "Es decir, un 25 por ciento, que es más o menos la tendencia", explica Mora.

EL IMPACTO DE LA AGENDA CORTA
EN LAS LIBERTADES PROVISIONALES
El impacto de la denominada "agenda corta de seguridad" en las prisiones preventivas ha sido alto según el defensor regional Carlos Mora.

"Existiendo mayores herramientas para las policías y los fiscales a fin de que puedan controlar a una persona o dejarla privada de su libertad, es evidente que aumenta el riesgo de error judicial", afirma.

Como antecedente, señala que en el mes de enero de este año en la zona Santiago-Estación Central había 412 imputados en prisión preventiva. Pero en septiembre de este año hubo 512. "Eso es mucho, y el quiebre se observa a partir de la entrada en vigencia de la agenda corta (5 de julio pasado)", asevera.

En Ñuñoa-Las Condes, por ejemplo, hubo 276 prisiones preventivas en enero; en septiembre saltó a 401. "Si tenemos este tipo de aumentos de privados de libertad en etapa de investigación, podemos llegar a la conclusión de que el aumento del riesgo de un error judicial o de antecedentes para dejarlos en libertad aumenta".

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