Sala de Prensa

10/11/2016

En libro que fue presentado por el jefe de Estudios de la Defensoría Regional del Biobío

Ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción hace duras críticas a la 'agenda corta antidelincuencia'

A través de un ensayo jurídico sobre el tema, el ministro Rodrigo Cerda San Martín, de la Corte de Apelaciones de Concepción, plantea diversos comentarios críticos a la norma, desde la óptica de la práctica jurisdiccional.

Por Victoria Haquin V.,
Defensoría Regional del Biobío.

Los efectos y cuestionamientos que  ha tenido  la Ley N° 20.931, más conocida como 'agenda corta antidelincuencia', fueron abordados  por el ministro Rodrigo Cerda San Martin, de la Corte de Apelaciones de Concepción, en un libro que fue presentado por el jefe de la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional del Biobío, Rolando Correa Pesante.

El magistrado explicó que la publicación surgió por la obvia necesidad de actualización que le exige su rol como ministro, pero también impulsado por  el impacto de esta norma,  que fue anunciada  “como algo de poca altura, pero nos encontramos con muchísimas normas que estaban siendo modificadas en un solo texto, entones me vi obligado a realizar un análisis un poco más profundo”, afirmó.

El ministro planteó sus aprehensiones respecto de la forma en que se gestó la ley y que, a su juicio, se legisle porque “la gente  lo pide y porque Carabineros lo pide”, cuando en realidad se necesita un debate mucho mayor.

Como ejemplo, recordó que hasta hace poco se tenía la llamada 'reforma de la reforma', que era otro proyecto de ley  con un sentido similar, que implicó mucho más estudio, con la convocatoria a expertos en la materia.

Pese a ello, según Cerda la conclusión fue que “no se solucionaba mucho con la modificación legal, sino que había que hacer mayor planificación y capacitación, mayores coordinaciones y con eso se iba a mejorar  suficiente”.

Agregó que se generó un consenso al respecto y por eso el proyecto “quedó ahí”, aunque luego surgió este otro proyecto con propósito similar, “sin mayor debate y parece que en un buen momento, porque los legisladores no hacen un mayor estudio y sale efectivamente esta ley”, sentenció.

LO BUENO Y LO MALO
A la hora de hacer una evaluación, Cerda plantea que la ley presenta muchas falencias y que existen  serios problemas interpretativos en varias normas, como cuál será el sentido que se le dará a la nueva agravante  de agrupación u organización  para la comisión de este tipo de delitos, ya que según su parecer, el Ministerio Público le pretende dar una interpretación más parecida a la derogada agravante de 'pluralidad de malhechores', aunque lo correcto es entenderlo más bien como similar a la agravante del artículo 19a de la Ley de Tráfico de Estupefacientes, que contiene una norma más parecida a esa.

Cerda planteó, además, que hay normas que determinan ciertas agravaciones de pena que son contradictorias en relación a cómo actúa la reincidencia en una receptación, porque ya existe una norma específica sobre eso. “¿Cuál vamos a aplicar: la norma nueva, la antigua, hubo derogación, qué pasó?. Ahí  habrá problemas interpretativos”.

Respecto de los aciertos de la ley, el magistrado señaló que son pocos los que podría destacar, entre ellos que en los delitos de robo calificado se obtiene una mejor proporcionalidad de la pena en relación con la gravedad de las conductas.

A modo de reflexión, el magistrado sentenció que hay que esperar un poco el funcionamiento  de la norma para ver si, efectivamente,  con esto disminuye la comisión de delitos, pero “hasta donde yo conozco el fenómeno, el delincuente es optimista, no se pone como cortapisa o filtro para actuar que la pena sea más o menos alta. Cuando recién es detenido empieza a reparar en eso”, concluyo.   

 

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