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11/11/2016

Tras el caso de la comunera mapuche Lorenza Cayuhan, que dio a luz estando engrillada

Presidenta pidió elaborar nuevo reglamento penitenciario para que se trate con dignidad a privados de libertad

Durante la promulgación de la ley que tipifica delitos de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes, Michelle Bachelet señaló que la denuncia hecha por la Defensoría Regional del Biobío en torno al trato entregado a la comunera, debe ser investigado en profundidad, para que se conozca la verdad de lo sucedido.

Por Victoria Haquin V.,
Defensoría Regional del Biobío.

El caso del trato humillante y vejatorio recibido por la comunera mapuche Lorenza Cayuhan, quien el pasado 14 de octubre debió dar a luz a su hija Sayen estando engrillada y en presencia de un gendarme, motivó un importante avance en la defensa de los derechos humanos en Chile, principalmente para las personas privadas de libertad.

Esta mañana, durante la promulgación  de la ley que tipifica los delitos de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes, la Presidenta Michelle Bachelet se refirió al caso de la comunera y manifestó que “esta denuncia debe ser investigada en profundidad y conocer la verdad de lo sucedido”.

Pero eso no es todo, porque la mandataria anunció que “justamente porque debemos asegurarnos que nadie sufra situaciones humillantes o vejatorias, he instruido a la subsecretaria de Derechos Humanos que se elabore un nuevo reglamento penitenciario con enfoque de derechos humanos, para que se trate con dignidad no sólo a las mujeres, sino a todas las personas que están privadas de libertad".

EL ESTADO SE HACE CARGO
El anuncio presidencial fue ampliamente valorado por el Defensor Regional del Biobío, Osvaldo Pizarro, quien explicó que cuando el Estado se hace cargo de esta materia, responde a lo que la Defensoría Penal Pública buscaba a través del recurso de amparo presentado en favor de Lorenza: es decir, que además de declarar ilegal la actuación de los funcionarios contra la mujer, se revisaran los protocolos de Gendarmería.  

El Defensor Regional agregó que más allá del resultado judicial de esta causa, lo relevante es que este caso ya fue considerado  por la Presidenta como un ejemplo de un trato humillante y vejatorio y, en ese sentido, “cumplimos con la finalidad, que era  precisamente resguardar la dignidad de doña Lorenza Cayuhan y que su situación no vuelva a ocurrirle a ninguna otra mujer y, aún más, a ninguna otra persona presa, que pierde sólo su libertad y no la dignidad en el trato que deben darle los agentes del Estado que la custodian”.

EVOLUCIÓN DEL CASO
El caso de Lorenza Cayuhan se hizo público luego de que la Defensoría Regional del Biobio, a través de su equipo de defensa penitenciaria, presentara un recurso de amparo denunciando que, pese a su delicado estado de salud, la comunera fue trasladad desde Arauco con grilletes, los que se mantuvieron durante y después del parto, el que se produjo además en presencia de personal masculino de Gendarmería.

Sin embargo, la acción judicial fue rechazada por la Corte de Apelaciones de Concepción, ya que -a su parecer- no existe afectación actual de la condenada, aunque no se pronunció respecto del fondo del tema, que era decretar la ilegalidad de este tipo de acciones para que no se repitan, tema que sí abordó la Presidenta con su anuncio de hoy.

La coordinadora regional de defensa penitenciaria del Biobio, María Cristina Melgarejo, dijo que el lunes se apelará el amparo ante la Corte Suprema, a fin de que ese tribunal revoque la resolución denegatoria y acoja la acción constitucional de amparo, decretando además las medidas que se requieren para reestablecer el imperio del derecho.

Esto es, que se declare la ilegalidad del procedimiento, que se ordene a Gendarmería revisar y adecuar sus protocolos a la normativa internacional que rige para las personas privadas de libertad y que se ordene que cualquier traslado que deba efectuarse respecto de Lorenza lo sea sin medidas de contención.

La situación de Lorenza  motivó además la acción de otros organismos como el Colegio Médico, que envió  dos profesionales de su Departamento de Derechos Humanos a visitar a la comunera. Tras entrevistarse con ella, el doctor Enrique Morales aseguró que la mujer fue objeto de hechos “consistentes con la definición de tratos crueles, inhumanos o degradantes de las Naciones Unidas”.

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