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Nueva licitación de defensa penal

12/02/2008

Nueva licitación de defensa penal

Columna de Ignacio Barrientos Pardo, Asesor Jurídico de la Defensoría Regional de Antofagasta publicada en El Mercurio regional.

La Defensoría Penal Pública ha iniciado un nuevo proceso de licitación para contratar servicios de defensa penal de acuerdo a la Ley Nº 19.718.

Este sistema opera en la región desde el año 2004 y ahora deben renovarse los contratos que terminan durante el 2008. Uno en la zona correspondiente a Calama, San Pedro de Atacama y Ollagüe (denominada Zona 1), y otro que corresponde a la zona de Antofagasta, Sierra Gorda, Mejillones, Tocopilla y María Elena, (llamada Zona 2), ambos contratos por un período de cuatro años.

La convocatoria a la licitación de servicios de defensa penal está dirigida a personas naturales que cuenten con el título de abogado y cumplan con los requisitos para el ejercicio profesional, y a personas jurídicas, públicas y privadas, con o sin fines de lucro, que cuenten con profesionales abogados en la misma situación antes indicada.

En esta convocatoria, como ocurrió con la anterior, se exige la rendición de un examen de conocimientos en materias vinculadas al desempeño de la función de defensor penal público, y la superación de un porcentaje determinado en cada uno de los ítemes de que conste el examen. Este examen, que tiene carácter nacional y que por lo tanto esta sujeto a estándares de secreto y confidencialidad, tiene como objetivo mantener la calidad del servicio que se está prestando a través de los defensores licitados.

La selección de los adjudicatarios está entregada a un Comité de Adjudicación Regional (CAR) integrado por: un representante de Ministerio de Justicia que no puede ser el Seremi respectivo; el Defensor Nacional o por un profesional que éste designe; por el Defensor Regional o por un profesional que éste designe; un académico de la Región del área de la economía, y; por un juez con competencia en lo penal elegido por sus pares. No pueden desempeñarse como miembros del CAR quienes tengan interés directo o indirecto en el proceso licitatorio.

La selección de las propuestas se realiza de conformidad a normas legales y reglamentarias claras y precisas y de acuerdo a las bases administrativas generales y especiales, aprobadas por la Contraloría General, que son de público conocimiento y respecto de las que existe un período de consultas con la finalidad de aclarar cualquier duda. Asimismo, conviene destacar que la ley contempla los recursos administrativos para la impugnación de lo resuelto por el comité.

Por ello, reiteramos la invitación a todos los miembros de la comunidad jurídica de la región a consultar sobre este importante proceso que pretende hacer realidad nuestro lema institucional: "sin defensa no hay justicia".

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