07/04/2017
Columna de opinión:
Desafíos de la defensa indígena
El siguiente artículo, escrito por el Defensor Regional de Arica y Parinacota, fue publicado en el diario de La Estrella de Arica.
Por Claudio Gávez Giordano,
Defensor Regional Arica y Parinacota.
Una región con particularidades y complejidades como Arica y Parinacota, con una fuerte presencia de población indígena, sumada a una frontera de gran movimiento con dos países vecinos que también poseen esta característica, plantea una serie de desafíos para la prestación de defensa penal pública.
Visibilizar esa realidad es el primero de estos desafíos, planteando ante la justicia, en el ámbito de una defensa técnica, las necesidades, las costumbres y la cosmovisión de un pueblo vivo, que es parte de nuestra sociedad, aunque ésta insista en invisibilizar dicha presencia, especialmente en el sistema de persecución penal.
Hoy en día no sólo la legislación interna y los tratados internacionales suscritos por nuestro país imponen el deber de estas consideraciones, sino que además existe una demanda justa por parte de organizaciones y comunidades indígenas que claman por un reconocimiento que no es otra cosa que la expresión del verdadero principio de igualdad ante la ley y del reconocimiento de la dignidad de las personas y pueblos.
Para la Defensoría Penal Pública existen no pocas dificultades en el cumplimiento de esta misión. La defensa indígena exige no sólo especialización en los actores del sistema, sino que se requiere personal con una dedicación exclusiva a este tipo de causas, a fin de evitar la dispersión de éstas, y una real aproximación a ellas desde un punto de vista técnico, con preparación y presentación especializada de pruebas -especialmente peritajes- y una coordinación interinstitucional que permita la adecuada exposición y valorización en la defensa de prácticas culturales.
La Defensoría Regional de Arica y Parinacota se encuentra en etapa de implementación de una unidad especializada, que nos permitirá asumir estos desafíos de una mejor forma, superando las dificultades que se han planteado, y permitiendo la prestación de una defensa técnica, profesional, respetuosa de nuestros pueblos indígenas, y que permita la concreción de una justicia igualitaria e inclusiva.
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