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12/06/2017

Defensora Regional de Magallanes, Gustava Aguilar:

“La ley de responsabilidad penal juvenil tiene carencias al momento de abordar las adicciones de los menores” (*)

La abogada se refirió a las falencias que presentan los programas de salud pública para responder al consumo problemático de sustancia ilícitas en adolescentes infractores de ley.

(*): En su edición de ayer, lunes 12 de junio, el diario La Prensa Austral publicó la siguiente entrevista a la Defensora Regional de Magallanes, Gustava Aguilar Moraga.

Un total de 35 mil 639 usuarios han sido atendidos por la Defensoría Penal Pública en Magallanes en la última década, de los cuales sólo un 6,5 por ciento han sido menores de 18 años.

Según explica la defensora regional Gustava Aguilar Moraga, la cifra de menores involucrados en delitos ha ido en una sostenida baja, muy por el contrario de lo que la comunidad podría pensar.

Al cumplirse, el pasado 8 de junio, diez años de la implementación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, Gustava Aguilar, acompañada del defensor de menores Richard Maldonado, hizo un balance de los números y abordó las carencias que presenta el sistema para abordar los hechos delictuales que involucran a jóvenes.

¿Cuál es su balance desde la entrada en vigencia de esta norma especial? 
“Para nosotros el balance es positivo porque, en primer término, el Estado dio cumplimiento al mandato que tenía desde el momento que se suscribió la Convención de Derechos del Niño y una serie de otros tratados internacionales, por lo que estaba en la obligación de crear un estatuto especial por el cual se rigieran todas las situaciones en que niños y adolescentes infringieran la ley, y no quedar sujetos a esta situación del discernimiento, que era absolutamente irregular, en la que se les aplicaba las mismas normas de los adultos. Y, desde el punto de vista de la Defensoría, claramente satisfechos, ya que también cumplimos con el mandato legal y se preparó a personal profesional especializado para asumir la defensa de los adolescentes.

¿Cómo se puede evaluar de positiva la implementación de una norma que involucra a adolescentes infractores de ley? 
Desde distintos puntos de vista, porque nuestros niños y adolescentes constituyen un grupo vulnerable, que se encuentra en una situación especial y que requiere de un tratamiento especial, con una mirada distinta desde el punto de vista de la defensa. Y por eso positivo, porque se requieren profesionales preparados de manera especial, que tengan la capacitación para enfrentar la defensa de un adolescente, y tratándose de esa materia, la Defensoría está cumpliendo con un conocimiento más acotado de la norma, dándosele un enfoque distinto y que debería dársele desde el momento en que un tribunal o la Fiscalía pide una medida cautelar, con un defensor preparado.

Sobre la figura del discernimiento que se utilizaba en el pasado, ¿por qué cree usted que hoy se maneja mejor el tema? 
Porque hoy los niños y adolescentes son vistos como sujetos de derecho, son personas que así como se les atribuye una responsabilidad desde los 14 años, también tienen entonces la capacidad de resolver y decidir. Cuando regía la normativa antigua, los jóvenes eran más bien vistos como objetos y eran los adultos los que resolvían por ellos. Hoy día, si queremos hacerlos responsables penalmente, tenemos que ver que ellos tienen sus derechos y nosotros debemos velar porque les sean respetados.

ESTADÍSTICAS
En los diez años desde la vigencia de la ley ¿a cuántos menores ha representado la Defensoría Penal de Magallanes?
Desde 2007 la Defensoría Penal Pública ha representado 35 mil 639 usuarios, de los cuales 2 mil 330 han sido menores. Anualmente oscilan entre 150 y 200 los adolescentes atendidos, pero 2009 fue el período con más usuarios menores de 18 años, aparejado con que fue el año con más atenciones en general, con 275 casos de menores, mientras que el año pasado fueron 173. O sea, hay un descenso sostenido que ha disminuido año a año, siendo en 2014 el de menor incidencia, con 151 casos.

¿Cuántas causas con adolescentes se están llevando este año y por qué tipo de delitos?
Durante 2017 han ingresado 84 imputados. Un 33 por ciento de ellos es por delitos a la propiedad (robos), 18 por ciento por lesiones, 14 por ciento por hurtos y el resto por delitos menores”.

LA VISIÓN DEL DEFENSOR
PENAL ADOLESCENTE
A la entrevista se sumó el defensor penal de adolescentes Richard Maldonado, quien se refirió a los tres factores que tienen en común los menores infractores a la norma penal.

“El primer factor claramente es el consumo de alcohol y drogas, que es transversal a la comisión de delitos. Siempre o la mayor parte de las veces está presente al momento o antes de la ejecución del hecho. Todos estos chiquillos han pasado por tratamientos que probablemente no han dado resultados hasta el momento en que se comete algún delito”.

“Lo otro es que hay una participación de estos muchachos en el área proteccional de la justicia de familia. En la mayoría de los casos han pasado por programas de intervención desde pequeños, siendo jóvenes que prácticamente se han institucionalizado, pasando por diversos programas hasta caer en la comisión de un delito, saliendo así del área de protección e ingresando a los programas para los infractores de ley. Normalmente tienen un historial de intervención del área sicológica, social y familiar bien amplio”.

“Creo que en un tercer aspecto hay un fuerte componente familiar detrás, en cuanto a que existen carencias afectivas que, sumado al consumo y a estos tratamientos que en algunas ocasiones no funcionan, se genera que los adolescentes se vean involucrados en delitos”.

En base a lo manifestado por el defensor penal adolescente, señora Gustava ¿cómo evalúa los programas destinados para dar respuesta a los menores infractores de ley?
Es necesario verlos desde dos aspectos. En términos generales, los resultados no son malos, pero donde hay una carencia evidente es en los programas para la atención del consumo problemático de drogas. Es ahí donde existe una falencia. Sí tenemos niños que en su gran mayoría están dañados, que presentan problemas severos de adicción y por lo mismo tienen que ser derivados a la unidad de desintoxicación del hospital clínico, pero eso no significa que esté en 24 horas listo. Es ahí donde claramente tenemos una carencia. Es una parte relevante y no sólo como medida cautelar, sino que en etapa de cumplimiento también.

¿De qué manera se podría enfrentar esta falencia?
No trabajo en el área de la salud, pero evidentemente faltan programas. Que, por ejemplo, en el hospital clínico existieran las plazas suficientes para que, cuando estos adolescentes sean derivados, tengan el cupo. En el tribunal ha pasado que nos han llegado chicos con problemas serios de adicción que han requerido ser internados, al estar incluso en situación de riesgo para su salud. Poco menos hemos tenido que acreditar que está en peligro de muerte para instar a que se le encuentre un espacio. Ahí tenemos una tremenda falencia.

¿Qué le hace falta a la norma especial?
Sería muy importante añadir normativas respecto de la ejecución de la sanción. Es muy importante hacerle seguimiento y que no se limite a una audiencia de control, con la mera lectura de un plan de intervención y que se diga si se ha cumplido o no, sino que sea un poco más profundo. Y ver si realmente dicho plan de intervención se está cumpliendo. Hay que fortalecer aquella parte. Además, ojalá existieran jueces y fiscales en materia de adolescentes, para que todos estuvieran hablando el mismo idioma.

Por Nicolás Ulloa,
periodista diario La Prensa Austral.

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