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18/06/2017
La actividad se coordinó con la oficina de asuntos indígenas del municipio y contó con la participación del alcalde, Rolando Peña.
Dirigentes de más de 30 comunidades mapuche de Lanco se informaron sobre la defensa indígena
El defensor público Daniel Castro, dependiente de la Defensoría Regional de Los Ríos, realizó un diálogo participativo en la Biblioteca Municipal de Lanco, al que asistieron representantes de diversas comunidades originarias.
Por Malú Rodríguez Sepúlveda,
Periodista Defensoría Regional de Los Ríos.
El defensor público Daniel Castro, dependiente de la Defensoría Regional de Los Ríos, lideró este viernes un diálogo participativo con dirigentes de más de 30 comunidades mapuche de la zona en la Biblioteca Municipal de Lanco, en la que aclaró las principales características del modelo especializado de defensa penal mapuche.
A propósito del principio de igualdad en el acceso a la justicia, el abogado explicó que el modelo de defensa indígena de la Defensoría se creó por la observación de una mayor vulnerabilidad ante distintas circunstancias sociales, económicas y de discriminación étnica a integrantes de pueblos originarios.
“Éstas derivan en mayores dificultades para que puedan ejercer en plenitud sus derechos ante el sistema de justicia y, por tanto, surge un enfoque que propende a que se incorpore la cosmovisión, identidad, usos, costumbres y la dimensión de interculturalidad en las resoluciones judiciales de los tribunales de justicia”, acotó.
Castro se refirió también al marco legal del ámbito, en particular al Convenio 169 de la OIT, que regula materias relacionadas con las costumbres y el derecho consuetudinario de los pueblos originarios, además de establecer ciertos principios acerca del uso y transferencia de las tierras indígenas y los recursos naturales, junto con su traslado o relocalización, así como a la conservación de su cultura e identidad.
LEY ANTITERRORISTA
A solicitud de los dirigentes indígenas, Daniel Castro mencionó algunas características de la Ley Antiterrorista, momento en que aclaró además que en la región de Los Ríos, aún en los casos de mayor connotación mediática, no se ha aplicado esta normativa en ninguna causa.
El defensor público realizó un parangón entre esa normativa y una causa común. Por ejemplo, dijo que permite una ampliación de la detención por un período que puede llegar hasta los diez días, mientras que en una causa común es hasta tres.
También señaló que esta ley permite el secreto de determinadas actuaciones, registros o documentos por un período que puede llegar hasta seis meses, en tanto el sistema común establece un plazo máximo de 40 días. Agregó que esta norma especial permite lo que se ha conocido como 'testigos sin rostro' o con identidad reservada.
“En resumidas cuentas, eso significa que la persona imputada no puede conocer la identidad de la persona que lo incrimina, por tanto la defensa no puede realizar preguntas tendientes a revelar su identidad, por lo que se ve considerablemente mermada la posibilidad de un contrainterrogatorio”, indicó el defensor público.
Otra característica de la ley tiene que ver con que si el juzgado de garantía decreta prisión preventiva y la defensa pretende revertir tal situación apelando a la Corte de Apelaciones que corresponda, es necesario que ésta esté integrada sólo por miembros titulares y que la decisión de otorgar la libertad sea unánime.
“Basta con que un ministro se oponga a la libertad para mantener presa a la persona y, por cierto, esta normativa implica penas significativamente más altas que las de causas comunes”, añadió.
El encuentro, que contó con la participación del alcalde de Lanco, Rolando Peña, fue coordinado con la encargada de la oficina municipal de asuntos indígenas, Soledad Norambuena Manquilef, a través de la postulante en práctica en la Defensoría Regional de Los Ríos, Vanessa Huaiquimilla.
Durante el diálogo se acordaron encuentros próximos de difusión con dos comunidades mapuche de Malalhue y otra organización de mujeres mapuche, actividades que serán facilitadas por el equipo que integran la facilitadora intercultural Blanca Caniulen y la defensora penal mapuche Beatriz Bertrand, quien asumió recientemente pero no pudo participar de esta invitación por compromisos académicos.
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