Sala de Prensa

19/02/2007

Magallanes: Defensoría llamará a nueva licitación de defensa penal

En marzo se inicia el nuevo proceso para la región.

Para la primera quincena de marzo la Defensoría Regional de Magallanes tiene contemplado iniciar un nuevo proceso de licitación de defensa penal pública en la región.

Lo anterior, en consideración a que la Defensoría presta el servicio de defensa a través de un sistema de carácter mixto es decir a través de defensores penales públicos institucionales y de defensores licitados.

Este sistema mixto de defensa penal, construido bajo la Ley 19.718, permite tener un proceso de licitaciones para seleccionar personas jurídicas o naturales que cuentan con abogados para desempeñar defensa de personas imputadas en el nuevo proceso penal.

Quienes se adjudican suscriben contratos por un plazo determinado, en el caso de la Región de Magallanes es de tres años en los cuales se debe prestar estos servicios a un determinado precio por cada una de las causas que se atiendan.

Para los procesos de licitación, las definiciones de zonas se hacen por proximidad geográfica y cobertura de los juzgados de garantía. Además se agrupan bajo el criterio de constituir un número de causas interesantes de ser servidas a través de contratos con privados y que hagan rentables los proyectos de defensa.

Deberán rendir examen

Una de las novedades que traerá este proceso de licitaciones está en el hecho que a diferencia de años anteriores, se introdujo un examen, cuya aprobación es obligatoria para todos los abogados que quieran licitar causas. Se trata de una prueba en materias de Derecho Penal, Litigación, Derecho Procesal Penal y Garantías Constitucionales, mediante la cual los prestadores demuestran sus conocimientos en esas áreas; y, por ende, se asegura la prestación de servicios de defensa de buena calidad.

El calendario de licitaciones contempla un proceso de cuatro meses entre los cuales se considera la publicación del llamado a licitación; entrega de bases; reunión informativa para los interesados; rendición de examen; recepción y apertura de ofertas; evaluación técnica y económica para, posteriormente, adjudicar las licitaciones y firmar los contratos respectivos con la empresa que presente la mejor oferta.

Actualmente en Punta Arenas los servicios de defensa penal pública a través de defensores licitados son provistos por la empresa Guillermo Ibacache Carrasco Servicios Jurídicos de Defensa Penal, cuyo contrato finaliza a mediados de este año 2007.

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