Sala de Prensa

02/08/2017

Gustava Aguilar entregó el balance de gestión 2016 de la Defensoría Regional de Magallanes

"Tenemos cobertura de defensa asegurada en toda la región austral del país"

“Los datos no se condicen con la percepción de aumento de la delincuencia, puesto que en 2016 se mantiene una tendencia hacia la disminución del total de causas atendidas por la Defensoría Penal Pública”, resaltó la Defensora Regional.

Por Héctor Martínez Díaz,
Defensoria Regional de Magallanes y Antártica Chilena. 

La Defensora Regional de Magallanes, Gustava Aguilar, entregó ayer el balance de la gestión institucional de 2016 en la zona más austral del país, contexto en que hizo hincapié en que, con la creación de la Defensoría Local de Puerto Williams, se consolidó una cobertura efectiva a lo largo y ancho del país.

En su presentación -que contó con la asistencia del Defensor Nacional, Andrés Mahnke, y de autoridades del sistema de justicia penal en Magallanes-, Aguilar explicó que tras casi 15 años cumpliendo la misión de asegurar  una defensa penal de calidad a todas las personas  imputadas o condenadas por un crimen, simple delito o falta,que así lo requieran, la Defensoría Regional de Magallanes ha atendido a más de 41 mil personas en la región.

También destacó que en la última encuesta de satisfacción usuaria encargada por la Defensoría a nivel nacional, Magallanes alcanzó un cien por ciento de satisfacción usuaria en oficinas, el más alto del país. Aguilar valoró que de los tres defensores públicos con que contaba la institución en la zona en 2002, hoy cuentan con 11 defensores, que permiten asegurar un cien por ciento de cobertura en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

Gustava Aguilar remarcó que lo anterior ha sido posible por el fortalecimiento del subsistema mixto público-privado de defensa, ya que en esa zona del país hay un total de siete abogados del ámbito privado ejerciendo defensa pública, cinco de ellos por vía de licitiación pública y dos mediante convenio directo.

"La Defensoria busca cambiar el sentido común de las personas. Tarea titánica, por cierto, pues queremos que las nuevas generaciones entiendan de manera natural que cuando una persona es imputada, es inocente hasta que se demuestre lo contrario, tiene derecho a guardar silencio, a una defensa penal pública de calidad y, en caso de ser  condenada, a que la pena sea ajustada a derecho y no al clamor popular”, señaló.

GRUPOS VULNERABLES
Según la Defensora Regional, para hacer frente a las necesidades de defensa de grupos vulnerables, la institución cuenta con defensores especializados en materia de migrantes y extranjeros, indígenas, jóvenes y personas condenadas a penas privativas de libertad. “Somos la única institución que cuenta con un defensor penal juvenil dedicado, de manera exclusiva, a atender las necesidades de defensa de los adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años, según la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente”, explicó.

Enfatizó, además, que aun cuando persiste la idea de que la delincuencia juvenil ha aumentado, los jóvenes imputados representaron sólo el 5,1 por ciento del total de casos regionales de 2016. Por lo mismo, llamó la atención acerca del “daño biopsicosocial con el que están llegando nuestro niños y adolescentes al sistema penal juvenil (...) Es una característica transversal a los imputados adolescentes, el alto grado de consumo y/o poli-consumo, en la mayoría de casos, de diversas drogas perjudiciales para la salud”;.

Gustava Aguilar instó a que “instituciones de salud y programas ejecutores de sanción, llamados a prevenir y rehabilitar el consumo de drogas, logren adecuar y acomodar sus planes de tratamiento e intervención, para hacer frente a estas nuevas drogas que, lamentablemente, ya son una realidad en nuestra región”.

Resaltó también que “la gestión de la defensa penal juvenil ha evitado privaciones de libertad indebidas e injustas de adolescentes, otorgando sentido y alcance a las reglas contenidas tanto en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA) como en la Convención de Derechos del Niño, que señalan que la privación de libertad debe ser utilizada como último recurso y por el tiempo más breve que sea posible, debido a los efectos negativos que el encierro causa sobre los adolescentes”. 

DEFENSA PENITENCIARIA
La directiva institucional mencionó que a contar del 1° de agosto de 2016 la Defensoría Regional cuenta con un equipo de defensa penitenciaria, compuesto por un abogado defensor, una asistente social y una asistente administrativa, lo que permite dar cabal cumplimiento a la instalación de este modelo especializado de defensa pública en todas las defensorías regionales del país.

Agregó que solo en 2016 la defensa penitenciaria regional atendió 300 requerimientos, que beneficiaron a 200 personas privadas de libertad, lo que equivale a un 98 por ciento de la población penal de la región. 

En este ámbito, la Defensora Regional mencionó el procedimiento de la vista de libertades condicionales que se ejecuta en la región desde 2011,”iniciativa que no hubiera sido posible de realizar sin el apoyo comprometido de los ilustres ministros de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, jueces de garantía, del tribunal oral en lo penal y de Gendarmería de Chile. El objetivo de esta modalidad es incorporar los principios de la reforma procesal penal a la etapa de ejecución de la sentencia, específicamente en la vista de las libertades condicionales”, dijo.  

Sobre lo logrado, consideró que “echar pie atrás y volver a una revisión secreta y escriturada de las solicitudes vulneraria el derecho a la información, transparencia y trato digno que exigen las personas que cumplen condena”, reflexionó.

También hizo una especial mención a la difícil situación en la que se encuentran las mujeres, que son invisibilizadas por el sistema de justicia y por el sistema penitenciario, lo que en Magallanes se traduce en que "las mujeres no cuentan con un espacio independiente para cumplir su reclusión, por lo que deben hacerlo en una sección o modulo dentro de una cárcel diseñada para el género masculino, lo que imposibilita generar una buena segregación entre imputadas y condenadas, como lo estipula la ley, debiendo tanto funcionarias como internas con mucha voluntad determinar horas de encierro distintas para unas y otras, lo que ocasiona conflictos de convivencia”, subrayó .

HITOS RELEVANTES
Entro los principales hitos de 2016, la Defensora Regional mencionó que se efectuaron actividades  en Puerto Edén, donde un equipo contactó a miembros de la comunidad kawésqar para explicarles los alcances de la defensa indígena, tal como hicieron meses antes con la comunidad yagán de Puerto Williams.

Otro hito histórico fue la inauguración de  las oficinas de la Defensoría Local de Puerto Williams, la más austral del mundo, con la presencia de la Presidenta de la República Michelle Bachelet  y las más altas autoridades del poder judicial y de las instituciones del sistema procesal penal.

"Con la creación de la Defensoría de Puerto Williams somos, junto al tribunal de garantía, los únicos intervinientes que tenemos presencia y atención permanente en la comuna, lo que representa un gran avance en materia institucional y significa garantizar a todos los habitantes de esa provincia el debido acceso a la justicia y una defensa de calidad cuando lo requieran (...) Con la oficina más austral del mundo, la Defensoría consolidó la cobertura efectiva a lo largo y ancho del país”, aseguró Gustava Aguilar.

CIFRAS
Respecto de la cantidad de imputados atendidos por la Defensoría Regional, explicó que se percibe una tendencia a la disminución de casos, porque mientras en 2015 sumaron 3 mil 623 causas, el año pasado ese total bajó a 3 mil 213 causas. Según Aguilar, estos datos no se condicen con la percepción de un aumento de la delincuencia, puesto que en 2016 se mantuvo una tendencia hacia la disminución del total de causas atendidas por la Defensoría.

En detalle, el 81,54 por ciento de los usuarios fueron hombres y el 18,4 por ciento, mujeres. Paralelamente, el 94,62 por ciento fueron adultos y el 5,38 por ciento a adolescentes. Del mismo total, el 1,56 por ciento fueron extranjeros o migrantes y el 0,09 por ciento (sólo 3 personas) pertenecía a alguna etnia originaria.

Los delitos principales por los que se imputó a estas personas fueron los de la Ley de Tránsito (23 por ciento), las lesiones (19 por ciento), hurtos (11 por ciento) y los delitos contra la libertad e intimidad de las personas (11 por ciento).

Gustava Aguilar llamó la atención sobre el hecho de que los aumentos relativos del período se vincularon con delitos de menor connotación, particularmente los de la Ley de Tránsito, que son los que muestran un mayor incremento. 

Por último, mencionó que en términos geográficos, las provincias con mayor incidencia porcentual de imputados fueron Magallanes (71,65 por ciento), Última Esperanza (24,31 por ciento) y Tierra del Fuego  (4,01 por ciento).

Noticias relacionadas:


  • subir
  • imprimir
  • volver