Sala de Prensa

07/08/2017

Defensor Penal Público nacional, Andrés Mahnke Malschafsky

“No puede haber un análisis de capacidad financiera para enfrentar una temática de derechos humanos” (*)

El abogado calificó como una situación “grave” la decisión comunicada en un oficio por el alcaide del recinto penitenciario de Porvenir, donde informaba que no era posible entregar el servicio de alimentación a los internos recluidos por más de dos días, al igual que la vulneración de derechos al trasladarlos a Punta Arenas sin su expresa voluntad.

(*): La siguiente entrevista al Defensor Nacional, Andrés Mahnke, fue publicada el domingo 6 de agosto por el diario El Magallanes.

Por Roberto Martínez Arriaza.

Evitando los trascendidos y analizando la situación regional con bastante cautela en conjunto con las entidades regionales pertinentes, el Defensor Penal Público Nacional, Andrés Mahnke Malschafsky, emitió durante esta semana una directa crítica respecto de la eventual “vulneración de derechos” que supuestamente estarían sufriendo algunos internos que se encuentran en los recintos penales.

Esto, a raíz de que el pasado 19 de julio, el alcaide de la cárcel de Porvenir, suboficial Guillermo Miranda, emitiera un oficio en el cual le responde al magistrado del juzgado de letras y garantía de la misma ciudad que “no es posible entregar el servicio de alimentación a los internos” recluidos por más de dos días. Ello -según Gendarmería-, debido a que dicha unidad estaría haciendo modificaciones para externalizar el servicio.

A la vez, se tuvo conocimiento de traslados de algunos reclusos hacia Punta Arenas, hecho que implicaría que la persona privada de libertad se aleje de su núcleo familiar, estando sin el derecho a visitas y en un sitio totalmente ajeno a su lugar de origen.

Bajo este contexto, el abogado manifestó su preocupación en este caso, afirmando que “la prioridad es que se respete la dignidad y los derechos como a cualquier ciudadano de este país”, obviamente a excepción de la libertad de desplazamiento, donde de igual forma se garantice el trato que reciben al interior de los recintos penales, como también el dónde están ubicados estos recintos.

“Esto es muy grave y tanto como preocupa el tratamiento al interior de una cárcel es que, con todo lo que cuesta tener dentro del contexto de fortalecer el acceso a la justicia de todas las personas, incluidos los condenados, si es que no tenemos el recinto penitenciario en las localidades más apartadas, a esas personas les estamos aumentando el peso de la sanción penal de esa condena de privación de libertad, al trasladarlo a lugares que son completamente distantes de su vida, de su domicilio anterior y del contacto con su familia y su entorno”, consignó.

–Teniendo en cuenta los traslados que se han efectuado desde Tierra del Fuego a Punta Arenas, ¿ha tomado la Defensoría Penal Pública el peso a un eventual cierre de la cárcel de Porvenir?
–Todavía estamos en el ámbito de los trascendidos, por lo que, primero, un reflejo de nuestra posición institucional frente a esta materia, luego veremos cuál es el curso de las acciones. La Defensora Regional ya ha manifestado su preocupación respecto de esta situación en general y, en particular, así como se va generando la jurisprudencia, y también, tanto judicial como administrativa, la persona que fue trasladada hoy (jueves) está en una audiencia de cautela de garantía, en el Juzgado de Porvenir, porque se había sostenido que el traslado había sido con su voluntad, pero está desvirtuado por la declaración del mismo interno y se están escuchando los alegatos de la defensa, y así que se restaure el imperio del derecho y siga con su privación de libertad en Porvenir y no en Punta Arenas.

–¿Considera una decisión ética lo informado en el oficio 279, en el cual el alcaide de dicho recinto penal indica que 'no es posible entregar el servicio de alimentación a los internos que deban permanecer recluidos por más de dos días', justificando esta medida en la externalización de dicho servicio?
–Sin llegar a temas valóricos que claramente están detrás de un debate como éste, porque aquí hay derechos humanos que debemos resguardar todos -principalmente las organizaciones del Estado-, nos encontramos con una problemática mucho más amplia. Así como en varias ocasiones no está cubierto el derecho de alimentación en un recinto penitenciario o en los traslados que se producen para audiencias o posteriores a las órdenes de detención, como tampoco los servicios de salud, la imposibilidad de continuar con una educación o iniciarla, y esa es nuestra realidad.
"En este caso particular, pasa lo mismo. Ni los traslados sin la voluntad de las personas, porque esto precisamente afecta su dignidad de derechos, ni la posibilidad de un análisis financiero, de poder determinar si le doy alimentación a los internos o no, están fuera del rango del Estado democrático de derecho. No puede haber un análisis de capacidad financiera para enfrentar una temática de derechos humanos, menos lo que el Estado ha tenido como oferta permanentemente en la localidad de Porvenir, eso no debería estar en el debate. Es insostenible y no debiésemos tener ni siquiera esa arista, sino que deberíamos estar viendo el cómo fortalecemos los derechos y la dignidad de las personas privadas de libertad.

–Ante este escenario, ¿cuáles son las medidas que se piensan y que se han abordado con la defensora regional, para garantizar y velar por el buen trato de estas personas?
–Incluso antes de mi visita, la Defensora Regional está gestionando esta situación directamente, en cuanto a poner el punto de vista en las instancias pertinentes con Gendarmería, con las comisiones de coordinación regional, donde ha encontrado el apoyo de todos los intervinientes y del gobierno a través del seremi de Justicia. Pero lo que a nosotros nos corresponde y como obligación es que frente a eventuales traslados que se realicen en contra de la voluntad de los internos, hacer las acciones legales como la audiencia de cautela de garantía que se efectuó hoy. Los demás recursos, si esto corresponde a un amparo a una protección u otro tipo de línea judicial, lo determinará la Defensoría Regional y los defensores penitenciarios que atienden a cada una de las personas que están internas.

MUJERES
–¿Cómo analiza la deficiencia estructural de los recintos penitenciarios regionales, en cuanto a que no están contemplados para albergar a una población femenina?
–Las mujeres privadas de libertad tienen un peso bastante más alto que los hombres en el sistema de justicia penal, debido a que son el sustento de su hogar, que actualmente son monoparentales, donde el marido ya no está, y son madres. No sólo están cumpliendo una condena, sino que también pierden la administración de su hogar, pierden el contacto con sus hijos en un estándar que, además desde el punto de vista cuantitativo, es aún más duro y complejo que el de los hombres. Muchos de los beneficios y los derechos que nuestro ordenamiento jurídico contempla, por la dimensión de una privación de libertad que está pensada en hombres, las mujeres no tienen acceso a dichos beneficios y eso está demostrado estadísticamente. Porcentualmente, menos mujeres acceden a la libertad condicional y a beneficios intra o post penitenciarios, y esa es una discriminación grave respecto ya a la doble discriminación que tienen las personas privadas de libertad y que son vulneradas en sus derechos fundamentales.

-¿Existe una disposición a subsanar o modificar esta desigualdad de condiciones que tienen las mujeres internas en Magallanes?
–Al igual que en defensa penal juvenil, que nuestra ley obliga a las instituciones a tener líneas especializadas y somos la única institución que así lo tiene, nosotros partimos, desde el punto de vista de la ejecución, con una mirada especializada en tener defensa para personas condenadas o privadas de libertad con enfoque de género. En el largo plazo, el camino institucional y oficial es que nuestro país está en un déficit evidente, desde no tener un sistema de ejecución. Todo lo que avanzamos en reforma procesal penal tiene un gran vacío y el paso que falta es tener un sistema de ejecución especializado y que aborde estas temáticas. Que no sea porque se nos pasó que no tenemos recinto donde las mujeres puedan tener un lugar de esparcimiento, educación, salud o acceso a talleres, que les permita luego obtener una libertad condicionada con algún beneficio que los hombres sí tienen. Eso frente a un sistema jurisdiccional, de ejecución de sanciones en nuestro país, no pasaría inadvertido.

DELITOS JUVENILES
-¿Está de acuerdo con la percepción popular respecto de que en los últimos meses ha habido una tendencia al alza en delitos cometidos por jóvenes en Magallanes?
–No es verdad que la delincuencia juvenil ha aumentado en Magallanes, al igual que la incidencia de los jóvenes, sino que todas las cifras de la Defensoría Penal Pública de la región demuestran lo contrario y nosotros, a nivel nacional, atendemos al 99,8 por ciento de los jóvenes imputados en este país, estamos casi hablando de una certeza absoluta, y las cifras de Magallanes demuestran que sólo un 5 por ciento tiene incidencia en la participación de los adolescentes en ilícitos, lo cual es una constante a nivel nacional. En los últimos cinco años, lo que hemos visto ha sido ni siquiera una mantención de ese estándar, sino que una disminución. Al 2012, el porcentaje de incidencia de jóvenes en delitos era de un 11 por ciento, hoy estamos en 7,8 por ciento. No queremos decir con eso que estos porcentajes no son importantes, pero para orientar adecuadamente una política pública debemos tener la información empírica a la mano. 

–¿Considera que la privación de libertad es el mejor método para la reinserción de un adolescente?
–En algún momento se tiene que comenzar a caminar por el sendero de la evidencia empírica y no por olfatos, caprichos o intereses -que pueden ser legítimos- de carácter comercial y político. No estamos en una escalada de la delincuencia juvenil. Por el contrario, estamos en una incidencia que ha disminuido en los últimos años y, en ese contexto, todos los estudios de expertos, sean de la sociedad civil o de intervinientes del sistema de justicia penal, demuestran que los énfasis debieran estar en la prevención y en la reinserción y no en la sanción penal como una mirada retributiva de quien ha cometido un delito que no aborda las causas y los factores que originaron esa conducta. Por el contrario, terminan agravándolo y generando contacto criminógeno, que jóvenes que pasan a la adultez mantienen conductas disruptivas.

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