Sala de Prensa

22/08/2017

Defensores públicos realizaron sus alegatos de apertura en el juicio oral

Defensas públicas pidieron absolver a imputados del caso Luchsinger Mackay

Los defensores públicos Renato González, Mario Quezada, Marcelo Pizarro y Pablo Ardouin explicaron por qué sus representados (Francisca Linconao, Aurelio Catrilaf, Eliseo Catrilaf y José Peralino) son inocentes en el caso por la muerte de Werner Luchsinger y Vivianne Mackay.

Por Claudia Riquelme S.,
Defensoría Regional de La Araucanía
y Marcelo Padilla V.,
Defensoría Nacional.

Luego de una inesperada demora provocada por las intensas lluvias de esta mañana en Temuco -que retrasó la llegada de varios de los abogados intervinientes e incluso de la machi Francisca Linconao-, hoy se iniciaron los alegatos de apertura de las defensas públicas y privadas de los 11 imputados en el juicio oral del caso Luchsinger Mackay, que comenzó ayer.

El primero en exponer sus argumentos fue el Defensor Regional de La Araucanía, Renato González, quien reiteró la inocencia de su representada -la autoridad ancestral mapuche, de 60 años- en el incendio de la Granja Lumahue que causó la muerte de Werner Luchsinger (75) y Vivianne Mackay (69) en la madrugada del 4 de enero de 2013.

González explicó al tribunal que la machi no sólo no tuvo participación alguna en lo ocurrido, sino que la acusación que presume su participación como coautora de la muerte del matrimonio "es errónea y tremendamente injusta", porque durante toda su vida ella ha defendido los derechos de su pueblo a través de cauces institucionales.

"La machi no solo representa el espíritu del pueblo mapuche, el sentido de vivir en comunidad, el respeto a la madre tierra y a la vida sino que, sobre todo, representa la lucha de una mujer fuerte, de una lucha pacífica por los derechos, por lo que cree justo y a través de los cauces institucionales", explicó.

Según González, así ocurrió -por ejemplo- en 2008, cuando presentó un recurso de protección contra la Forestal Palermo, en defensa de los "menocos" (humedales) desde los que extraía las plantas que utiliza como parte de su rol, acción que fue acogida por la Corte Suprema, con lo cual se reconoció por primera vez la vigencia del Convenio 169 de la OIT.

TRAYECTORIA DE DERECHOS

En ese contexto, González sostuvo que mientras el Ministerio Público y los querellantes señalan a Francisca Linconao como parte del grupo que organizó y ejecutó el incendio, ella con su historia habla de derechos, pero no con palabras, sino con hechos, de modo que todos los actos que se le imputan resultarán desvirtuados durante el juicio oral.

"Lo digo con el mayor respeto que me es posible: no podemos sino compartir la tristeza y el sufrimiento de la familia Luchsinger, pero con la misma fuerza señalo al tribunal que la machi no tiene, ni directa ni indirectamente, participación alguna en los hechos por los cuales se le acusa (…) El Estado no tiene derecho a condenar a una persona inocente", señaló.

González cuestionó las pruebas del Ministerio Público en contra de su representada –basadas en las supuestas declaraciones de José Peralino-, como el hecho que los atacantes se hayan movilizado supuestamente en tres camionetas, de las cuales no existe registro en la carpeta de investigación; que la georreferenciación de la antena telefónica supuestamente demostraría que el grupo se reunió previamente en casa de la machi o que ella haya efectuado una llamada cerca de las 21 horas, cuando en realidad el registro de llamadas demuestra que él último contacto que ella tuvo ocurrió en realidad pasadas las 19 horas.

"Decir que con los antecedentes que se aportarán en el juicio es posible sostener que determinadas personas estaban en la casa de la machi es un absurdo científico. El 3 de enero de 2013 la machi estaba durmiendo en su casa", aseguró.

AURELIO Y ELISEO CATRILAF

Luego fue el turno de los defensores públicos Mario Quezada y Marcelo Pizarro, quienes representan a los imputados Aurelio y Eliseo Catrilaf, respectivamente. Quezada, jefe de Estudios de la Defensoría Regional de La Araucanía, explicó que su representado no presenta antecedentes judiciales previos ni ha sostenido nunca reivindicaciones territoriales en los predios de la familia Luchsinger.

"Es una persona de 60 años, con una pieza de titanio en su cabeza, que ha trabajado toda su vida en su campo (…) Siempre ha procurado sacar adelante a su familia. Tiene una hija que estudió en la universidad, de la cual está muy orgulloso, y otra hija que esta becada y tiene excelentes notas. También crió a don Eliseo Catrilaf. Es muy difícil de creer que una persona en estas condiciones haya cometido un hecho tan grave", señaló.

Quezada también cuestionó la calificación terrorista bajo la cual la Fiscalía investigó estos sucesos, pues en el caso del machi Celestino Córdova -único condenado por estos hechos-, el mismo tribunal determinó que no se trataba de delitos terroristas, porque no se afectaba el bien jurídico protegido, que es el estado democrático de derecho.  

"A mi representado lo que corresponde darle es la absolución, porque él no participó. No pudo siquiera físicamente recorrer esas distancias en los tiempos que señala la Fiscalía y, por lo tanto, es una persona absolutamente inocente", aclaró.

Luego, Marcelo Pizarro -abogado de la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional- señaló que su representado, Eliseo Catrilaf (hijo de Aurelio), sólo será nombrado en los alegatos de apertura y de clausura del juicio oral, pues no existe antecedente ni pericia alguna que lo involucre con lo ocurrido.

"Ustedes solo escucharán de mi representado en los alegatos de apertura y clausura, y esto es evidente, porque el silencio que habrá de mi representado necesariamente conduce a su absolución", aseguró.

Según Pizarro, Eliseo es un pequeño agricultor de 31 años que trabaja produciendo hortalizas junto a su padre y hermana, que luego venden en la Feria Pinto de Temuco.

"Se pretende sostener que acá había una finalidad terrorista, cuyo sentido sería la reivindicación de tierras y cometer este delito el mismo día de la muerte de Matías Catrileo. Esto es relevante respecto de Eliseo y Aurelio Catrilaf, porque ninguno ha participado en reivindicación de tierras. Mi representado vive en comunidad a 16 kilómetros de distancia y produce y comercializa hortalizas. Eso no es tener una finalidad terrorista ni tiene nada que ver con lo que el Ministerio Público pretende imputarle", aclaró.

JOSÉ MANUEL PERALINO

Luego hizo su alegato el defensor público Pablo Ardouin, actual jefe de Estudios de la Defensoría Regional de Los Ríos, quien intentó contextualizar la historia de vida de su representado, José Manuel Peralino Huinca, cuya supuesta confesión involucró al resto del grupo en este proceso judicial, en el que arriesgan una condena de cadena perpetua calificada (40 años de presidio).

"Se trata de un joven vulnerable, que con suerte lee y escribe y cuya edad mental es la de un niño de 12 años. Tiene cuatro hermanos y su madre, luego de ser víctima de violencia durante años, murió cuando él tenía 11 años, lo que lo obligó a desertar del colegio en séptimo básico. En esa situación de orfandad trabajó desde joven y su único afecto real ha sido su polola. Su casa no tiene baño, sino pozo séptico, y la ducha es con agua fría. Ninguno de sus hermanos se ha casado y su padre sufre demencia senil. Como los medios no alcanzan, deben buscarse constantemente trabajos esporádicos o salir al norte", explicó.

Según Ardouain, Peralino debiera ser absuelto, dadas las condiciones de ilegalidad en que entregó su supuesta confesión, que no fue grabada y que se realizó con él como testigo, sin que gozara de los derechos de cualquier imputado, incluyendo la presencia de un abogado.

"José Manuel era tan creíble, y si supuestamente los señaló en noviembre de 2013, ¿por qué no se investigó a estas personas durante todos estos años?", preguntó.

El juicio oral seguirá mañana, con el resto de los alegatos de apertura de las defensas, para luego iniciar la fase de presentación de pruebas y testigos de las partes.

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