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11/10/2017
Tras convenio firmado por la Corte de San Miguel y la Asociación de Notarios
Defensor Regional Carlos Mora: Esperamos que protocolo de atención de notarios en penales de la zona sur se extienda al resto de Santiago
El acuerdo permitirá que, con la asistencia gratuita de notarios, los internos de los penales puedan solucionar múltiples problemas legales de tipo civil, laboral o familiar que por su privación de libertad están imposibilitados de realizar.
Por José Ignacio Aguirre O.
Defensoría Regional Metropolitana Norte
Un importantísimo protocolo de atención en favor de los internos de los penales de la zona sur de Santiago suscribieron la Corte de Apelaciones de San Miguel y la Asociación de Notarios. El acuerdo, firmado por la presidenta del tribunal de alzada, Sylvia Pizarro, y el presidente del gremio, Alfredo Marín.
El convenio fue especialmente valorado por el Defensor Regional Metropolitano Norte, Carlos Mora Jano, quien hizo notar la imposibilidad que tienen las personas privadas de libertad para realizar los trámites que todo ciudadano debe realizar.
"Ahora podrán dar los mandatos a los familiares o personas de confianza que designen para que actúen por ellos. Es una notable iniciativa de la Corte de San Miguel que sería bueno que fuera emulada, para que se extendiera a los penales de la zona norte de la capital", subrayó.
Al mismo tiempo, coincidió con el presidente del gremio de notarios en calificar como "pionera" esta iniciativa de la Corte de San Miguel y felicitó el entusiasmo de los notarios por participar. "Esto sin duda dará un poco más de tranquilidad a los internos, ya que podrán realizar trámites urgentes para ellos o sus familias", concluyó.
Concurrieron también a la ceremonia de firma del convenio la fiscal judicial de la Corte Suprema, Lya Cabello; la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Lorena Escalona, y el director regional de Gendarmería, coronel Pablo Toro.
Entre los trámites más relevantes que podrán realizar los internos hay algunos tan variados como el otorgamiento de poder para realizar trámites bancarios o para gestionar subsidios habitacionales. Se suman la tramitación de autorizaciones a menores de edad para visitar familiares recluidos en recintos penales, el retiro de cédula de identidad de menores en el Registro Civil o el otorgamiento de un poder simple para autorizar a menores de edad a salir del país.
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