Sala de Prensa

06/10/2017

Respecto del caso de madre haitiana que perdió la vida

Fiscal Nacional coincidió con la Defensoría: “Hubo vulneración de derechos fundamentales”

La declaración del líder del Ministerio Público se produjo en el contexto de la Feria de Derechos de los Migrantes, en la cual la Defensoría estuvo presente junto a otras siete instituciones que trabajan directamente con la población inmigrante.

La muerte de la ciudadana haitiana Joane Florvil marcó la Feria de  Derechos de los Migrantes, organizada por el Ministerio Público el pasado jueves 5. La mujer murió mientras se encontraba detenida, supuestamente por abandonar a su hijo, hecho a partir del cual el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, precisó que ese organismo se encuentra investigando lo ocurrido.

“Es nuestra obligación llegar a establecer la verdad e investigaremos con la mayor objetividad y celo los hechos posteriores a su detención, los que terminaron en su lamentable fallecimiento”, señaló Abbott, quien agregó que "si para un chileno enfrentarse a la justicia puede ser un proceso complejo, para un migrante sin redes de apoyo familiar y con desconocimiento del idioma puede ser casi una odisea difícil de sortear".

Esta investigación se suma a una gestión previa de la Defensoría Penal Pública, que buscará limpiar el nombre de la mujer inmigrante de modo póstumo. Para ello, en una audiencia solicitada por la defensora pública de Florvil, Daniela Saba -fijada para el próximo 22 de noviembre-, se presentarán los antecedentes necesarios para que sea absuelta por inocencia.


FERIA DE DERECHOS

En la ‘Feria de derechos de los migrantes’ se dieron cita organizaciones vinculadas directamente a las personas inmigrantes que llegan a nuestro país, como la Organización Internacional para la Migraciones, Carabineros de Chile, la PDI, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la Fundación Frè, el Departamento de Extranjería y Migraciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y la propia Defensoría Penal Pública.

El jefe de Unidad de Defensa Penal Especializada de la Defensoría Nacional, Pablo Aranda, explicó que la institución se encuentra enfocada en las necesidades propias que requiere una defensa penal de migrantes desde 2012. De hecho, en el módulo del servicio se entregó material informativo respecto de los derechos de las personas extranjeras, incluyendo la carta de derechos del imputado traducida al creolé.

“Desde el 2012 se han venido realizando actividades de capacitación para defensores públicos. En ellas vemos cómo la defensa tiene por obligación incorporar en su ejercicio los diferentes instrumentos internacionales que establecen derechos y garantías para los migrantes sometidos a un proceso penal, tales como la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1961, la Convención sobre el Estatuto del Refugiado de 1951 y su Protocolo de 1967, entre otros”, señaló Aranda.

El abogado agregó que “nuestro objetivo es responder a las necesidades específicas de migrantes y extranjeros frente a un proceso penal, dando cumplimiento a los instrumentos ya señalados y a los cuales Chile se ha obligado internacionalmente, con el objeto de remover desigualdades jurídicas que existen en relación con los extranjeros”.

Además, la Defensoría Penal Pública forma parte de la ‘Mesa interinstitucional de acceso a la justicia de migrantes y extranjeros’, que también conforman el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). 

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