Sala de Prensa

13/10/2017

A diez años de la puesta en marcha de la Ley N° 20.084

Jefe de la Unidad de Defensas Especializadas expuso en seminario sobre justicia penal juvenil

La actividad, desarrollada en Coyhaique, reunió a funcionarios de diversos servicios del área. Pablo Aranda expuso sobre avances y desafíos de la normativa.

Por Valeska Olavarria G.,
periodista Defensoría Regional de Aysén.

Jueces de garantía, funcionarios de la Fiscalía, la Defensoría Penal Pública, el Servicio Nacional de Menores (Sename) y de instituciones colaboradoras participaron recientemente en el seminario “Aysén, a diez años de la Ley RPA”, realizado en el auditorio de la Corte de Apelaciones de Coyhaique.

La actividad fue posible gracias a un esfuerzo de la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, en colaboración con la Defensoría Regional de Aysén, con el objetivo de relevar la importancia ee la década transcurrida desde la entrada en vigencia de la Ley N° 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA).

En el encuentro expuso el jefe de la Unidad de Defensas Especializadas de la Defensoría Nacional, Pablo Aranda Aliaga, abogado y magíster en derecho público por la Universidad de Chile y candidato a doctor en derecho penal juvenil por la Universidad Johann Wolfgang Goethe, de Frankfurt (Alemania).

Aranda se refirió a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA) como un avance en comparación con la legislación que teníamos hasta 2007.

“Recoge de otras legislaciones (especialmente de España y Costa Rica) algunos elementos basados en la psicología del desarrollo, caracterización del comportamiento adolescente, neurociencias, etc. (…) Sin embargo, aún tenemos problemas graves de implementación. Existen problemas materiales, financieros, profesionales”, señaló.

ESPECIZALIZACIÓN
En opinión del abogado, la falta de especialización es uno de los problemas más graves. En tal sentido, comentó que por diversos motivos los intervinientes del sistema penal juvenil no evolucionaron hacia una especialización, como sí lo ha hecho la Defensoría Penal Pública.

“Los cursos de perfeccionamiento son buenas iniciativas, pero están lejos de una especialización estructural (…) Algunos intervinientes no conocen la realidad del sistema, lo que pasa por conocer los centros, programas, talleres y planes de intervención”, señaló Aranda.

Agregó que existe un problema de dotación de recursos y de profesionales especializados en el trabajo con adolescentes, entre otros temas. “Probablemente, el mayor impacto de no tener una justicia especializada sea la gran proporción de jóvenes a quienes se les decreta la internación provisoria y terminan condenados a una sanción no privativa de libertad”, advirtió. 

Añadió que lo anterior es complejo, porque uno de los problemas de la internación provisoria se vincula con la pérdida del respectivo año escolar, repitencia y desescolarización. "Si eso se suma a situaciones complejas de vida, estado emocional y psicológico, entre otras situaciones propias de una persona en esta etapa tan compleja de desarrollo, el daño posible es incalculable", aseguró.

ESTADÍSTICAS
Durante su exposición, el directivo nacional de la Defensoría comentó que desde 2008 y hasta 2016, la institución atendió a 312 mil 801 jóvenes imputados en todo Chile, cifra que en la región de Aysén llegó a 2 mil 807 adolescentes.

Para la atención de estos menores de edad, la Defensoría cuenta hoy con 50 defensores juveniles especializados y con dedicación exclusiva, junto a once trabajadores sociales y 22 asistentes administrativos a lo largo del país.

Desde este año, además, la Defensoría Regional de Aysén cuenta con un defensor especializado en materia juvenil, en cuya labor es apoyado por la trabajadora social de la institución.

Anualmente, el porcentaje de menores atendidos por la Defensoría en Aysén ronda el 7,5 por ciento, estadística que ha ido disminuyendo lenta pero progresivamente en los últimos años, lo mismo que en el resto del país.

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