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18/12/2017
Diálogo participativo con 14 madres lactantes privadas de libertad en la cárcel de San Miguel
Defensores públicos visitaron a mujeres que cumplen prisión preventiva junto a sus hijos
Encabezados por el Defensor Regional Metropolitano Norte, Carlos Mora, los profesionales acogieron numerosas peticiones relativas a sus causas y referidas a medidas para pasar su cautiverio de la mejor manera junto a sus bebés.
Por José Ignacio Aguirre O.,
Defensoría Regional Metropolitana Norte.
Cuando el Estado ejerce su potestad punitiva en razón del bien común y llega al último recurso de privar de libertad a algunos de sus habitantes, a partir de la gravedad de los delitos supuestamente cometidos por ellos, el sistema penal debe enfrentar una situación aún más compleja cuando la reclusión de esas personas puede afectar a terceros completamente inocentes.
Es el caso de las mujeres que son madres de hijos recién nacidos o de muy corta edad, pues hay abundantes estudios que acreditan que separar a estos niños de sus madres puede provocar mayores daños a esos menores inocentes que el supuesto bien que produciría la privación de libertad de sus progenitoras.
En la Región Metropolitana hay 14 mujeres que cumplen sus penas junto a sus hijos menores de dos años en el la cárcel de mujeres San Joaquín. Otro número similar de madres junto a sus hijos están sometidas a prisión preventiva en el penal de San Miguel. La gran diferencia es que este segundo grupo no tiene fallo condenatorio, por lo que estas mujeres aún están amparadas por la presunción de inocencia.
Con estas madres particularmente vulnerables, la unidad de Comunicaciones de la Defensoría Regional Metropolitana Norte (DRMN) organizó por primera vez un diálogo participativo con un equipo de defensores penales públicos, para informarles sobre sus derechos y conocer todas sus inquietudes y requerimientos, tanto en lo relativo a sus causas como también a las condiciones de reclusión en que viven junto a sus pequeños hijos.
SUS DERECHOS
El equipo de la DRMN estuvo encabezado por el Defensor Regional, Carlos Mora Jano, e integrado también por las defensoras públicas Gabriela Villablanca, Javiera Cabello y Patricia Alvarado. Mora expresó que estaban ahí para apoyarlas en todo lo que necesitaran, conforme a la preocupación que la Defensoría Penal Pública da a la defensa especializada de género.
Las 14 imputadas tienen entre 19 y 40 años y sus hijos tienen entre 10 días de vida -su madre dio a luz en el penal- y un año y 9 meses.
Las defensoras públicas explicaron que las mujeres pueden estar en el penal con sus hijos pequeños, en una sección separada del resto de las internas, hasta que los bebés cumplan dos años. Después de eso necesariamente los menores deben salir del recinto y deben ser acogidos por familiares. En caso de que no exista esa red familiar, el niño deberá ingresar a una casa de acogida del Servicio Nacional de Menores (Sename).
APOYO FAMILIAR
Sobre este punto había dos madres que estaban especialmente angustiadas, ya que sus hijos son los mayores del Módulo Infanto Maternal del penal, pues tienen un año 9 meses y un año 8 meses, respectivamente. Dentro de su desazón, ya que el próximo cumpleaños significará separarse de sus hijos, ambas estaban tranquilas, ya que las dos contaban con el apoyo de sus familias. En un caso, se hará cargo del niño su ex marido, ,mientras que en el otro lo hará la madre de la imputada.
Las defensoras les explicaron también que los niños tienen derecho a acceder gratuitamente a un jardín infantil o sala cuna. En el caso del penal de San Miguel hay dos educadoras de párvulo a cargo de este módulo, en lo relativo a su atención.
Las imputadas conversaron extensamente con las defensoras sobre sus causas. Las profesionales les explicaron cuáles son las posibilidades de lograr una sentencia los más favorable posible, de modo que en caso de condena la pena sea de cumplimiento en libertad.
A todas las mujeres presentes se les entregó un folleto informativo con todos los derechos que tienen y los beneficios a los que pueden acceder con el apoyo de la Defensoría. Es el caso de permisos de salida, libertades condicionales, traslados interpenitenciarios, abonos de prisiones preventivas, reclamos de castigos, unificación de penas y rebajas de condenas.
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