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30/01/2018
Las disculpas públicas fueron entregadas por el Canciller Heraldo Muñoz
Chile se disculpó con pastora aymara por abusos cometidos por la justicia
En representación del Estado de Chile y en presencia del Presidente de la Corte Suprema Haroldo Brito, el Canciller Heraldo Muñoz pidió disculpas a la madre aymara porque la Justicia no entendió su realidad ancestral y la condenó a 12 años de prisión y le arrebató la tuición de su hija menpor..
Por José Ignacio Aguirre y Andrea Contreras
Defensoría Nacional
El caso de la pastora aymara Gabriela Blas Blas, es uno de los más emblemáticos que ha defendido la Defensoría Penal Pública en torno a la defensa intercultural de miembros de pueblos originarios, en que a pesar de sus argumentaciones en dos extensos juicios orales y un recurso de nulidad, no pudo hacer entender a la Justicia que la lamentable muerte de su hijo de tres años en la soledad del altiplano nortino fue producto de un accidente ocurrido en el marco de sus costumbres de vida ancestrales. Pero una década después, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales, el Estado de Chile le solicita formalmente perdón por la sucesión de errores y abusos que la Justicia cometió con ella, que la mantuvieron casi cinco años privada de libertad.
Fue en una tarde de julio del año 2007, mientras pastoreaba en el altiplano de Parinacota que Gabriela Blas Blas dejó a su hijo Domingo de tres años sentado sobre su aguayo “«Domingo: el llamo se quedó atrás. Tengo que ir a buscar y me vas a esperar, ¿ya hijito?». Fueron las últimas palabras que pudieron compartir. De regreso el pequeño ya no estaba en el lugar que lo había dejado. Ahí comenzó la pesadilla de la pastora aymara.
Eran cerca de las seis de la tarde, el frio altiplánico y la noche amenazaban con caer y los gritos de Gabriela buscando a Domingo no tenían respuestas. Tampoco el recorrido tratando de encontrar huellas de su hijo. Se fue de regreso a la estancia angustiada, al día siguiente lo buscó sin éxito y caminó 12 kilómetros hasta General Alcérreca, a buscar ayuda con su familia quienes le sugirieron hacer la denuncia ante Carabineros.
Ahí comenzó la búsqueda del pequeño. Si bien Gabriela no estaba detenida, sí se mantuvo bajo la custodia policial durante 4 días, siendo interrogada en forma severa por funcionarios policiales – según relató la afectada- se referían a ella despectivamente y con insultos. El 29 de julio se informa de la causa a la Fiscalía y se refiere que la madre debía ser formalizada. Al séptimo día la pastora asiste a la audiencia donde se le imputa los delitos de incesto, abandono de menor y obstrucción a la justicia. Pasaron cerca de 2 años y próximos al cierre de la investigación, apareció el cuerpo de Domingo a las faldas del Volcán Tacora, a 14 kilómetros del lugar de extravío.
En abril de 2010 se lleva a cabo un primer juicio oral, donde se le acusa de haber provocado la muerte de Domingo Eloy. Fue condenada a 10 años y un día, pero su defensa a cargo de los defensores Víctor Providel, Viena Ruiz Tagle y la facilitadora intercultural Inés Flores, lograron anular el juicio, argumentando errores en valoración de la prueba y trato discriminatorio hacia su condición de madre y pastora aymara.
Tras el segundo juicio, y tras un breve período en libertad, Gabriela vuelve a ser condenada, pero esta vez a doce años. Gabriela regresa a la cárcel de Acha donde permaneció hasta el 9 de junio de 2012 cuando un indulto presidencial la libera a la mitad de su condena.
Más abusos del Estado contra Gabriela
La historia de arbitrariedades del Estado contra Gabriela Blas no termina en el ámbito penal. A todo lo ocurrido en la causa penal en su contra en que se desconoció fatalmente la existencia de una cosmovisión y cultura aymara que explicaba los lamentables acontecimientos, se suma el abuso más terrible del que fue víctima: la primera vez que Gabriela ingresa al penal de Acha, su hija es dada en adopción por instituciones del Estado, sin su permiso y sin haber sido condenada.
En febrero de 2013 se denunció al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por vulneraciones de sus derechos y de su hija, establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, por vulneración, en el caso de Gabriela Blas, de los artículos 7ª y b y 9 de la
Convención de Belem do Para. Producto de ello es que se llegó a un acuerdo amistoso según el cual Chile le confiere una manutención mensual, le da la opción que cumplidos los 18 años, su hija sepa del contexto en el que fue dada en adopción y tenga la información para contactar a su madre, la eliminación de sus antecedentes en el extracto y este acto reparatorio en el que el Estado de Chile pide disculpas públicas a la pastora aymara.
Ausencia de pastora
A la ceremonia de reparación no pudo asistir personalmente Gabriela Blas, sin embargo, estuvo representada por la abogada de la Corporación Humanas que elevó su causa a la Corte Interamericana, Camila Maturana, quien señaló que para la pastora fue importante la reunión privada que sostuvo con la presidenta Michelle Bachelet y que “para ella es importante que ninguna mujer, ni persona de este país tenga que padecer las injusticias de las fue objeto la señora Blas”, manifestó la jurista.
Las disculpas públicas fueron entregadas por el Canciller Heraldo Muñoz quien manifestó que "la única reflexión posible es que Chile no puede repetir los errores y debe ser capaz de construir la sociedad más justa, más inclusiva, y -sobre todo- más consciente de la necesidad de incorporar en todos los ámbitos de la vida social el respeto por los derechos humanos y libertades fundamentales, que tanto hemos anhelado". Agregó que "este acto pretende contribuir de alguna medida a ello, así como a la reparación a la Sra. Gabriela por los daños sufridos".
Al acto fue invitado el equipo de la Defensoría Penal Pública que tuvo a cargo la defensa de Gabriela Blas: Víctor Providel, Viena Ruiz Tagle y la facilitadora intercultural, Inés Flores, quienes fueron acompañados por el Defensor Nacional (S), Carlos Mora Jano. Además la ceremonia contó con la participación del Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza; la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Claudia Pascual; el Presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito; y la Subsecretaria de Derechos Humanos Lorena Fríes, entre otras autoridades.
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