Sala de Prensa

28/03/2018

Columna de opinión;

Excesos en la prisión preventiva

En el siguiente artículo, publicado por el diario La Estrella de Arica, el Defensor Regional explica que "no se trata de hacer leña del árbol caído atacando a Carabineros, sino de mostrar cómo en un Estado de Derecho tienen cada vez menos cabida las instituciones carentes de control".

Por Claudio Gálvez Giordano,
Defensor Regional Arica y Parinacota.

El castigo penal es el último recurso de que dispone el Estado para reprimir lo que considera las transgresiones más fuertes al ordenamiento jurídico. Implica, en última instancia, la más fuerte privación posible de derechos al ciudadano transgresor, que es quitarle su libertad (lo único más grave sería que pudiera privársele de la vida). De esta manera, es un recurso llamado de “ultima ratio”, cuando no hay otra alternativa posible para el Estado.

La privación de libertad debiera ser el resultado de una condena definitiva, impuesta tras un juicio regido por los principios del debido proceso. Antes de dicha sentencia firme, el ciudadano (cualquiera, todos nosotros) goza de la presunción de inocencia, que obliga a tratarlo como tal mientras su culpabilidad no haya sido demostrada.

Entre los años 2015 a 2017, más de 33 mil personas estuvieron en prisión preventiva (es decir, privados de libertad mientras estaban siendo investigados) sin que finalmente se les condenara a una pena que significara estar presos (sea que fueran absueltos, sobreseídos, o condenados a penas no privativas de libertad).

Eso habla de un uso intensivo y desproporcionado de un recurso que debiera ser excepcional, como es la prisión preventiva, lo que se ha ido agravando con el tiempo (el 2017 subió su uso en un 10,7 por ciento respecto de 2015).

El Defensor Nacional destacó en la prensa hace unos días que “hoy es mucho más fácil meter preso a una persona durante la investigación que con posterioridad a un juicio… Estamos con el mundo al revés”.

Los cambios legales, especialmente legislaciones injustas, poco pensadas y menos aún evaluadas en sus efectos, como la llamada agenda corta antidelincuencia, han llevado a esta situación absurda. Cada día tenemos presa más gente que nunca debió estarlo.

El costo para la sociedad y para un Estado de Derecho es intolerable, por lo que se recibe con esperanza que el recién designado ministro de Justicia y Derechos Humanos haya señalado su preocupación y dijera que una de sus primeras medidas sería presentar un proyecto para cambiar esta situación por una más compatible con los derechos ciudadanos.

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