05/04/2018
Columna de opinión;
¿Hasta cuándo las cárceles?
En el siguiente artículo, publicado por el diario La Estrella de Arica, el Defensor Regional de Arica y Parinacota explica que "la situación inhumana y degradante de nuestras cárceles no admite ya más aplazamientos".
Por Claudio Gálvez Giordano,
Defensor Regional de Arica y Parinacota.
Hay temas que parecen quedar fuera de agenda en nuestro país, no importa cuántas voces más o menos indignadas se alcen para reclamar al respecto. Sucede con los niños de Sename, sucede con temas básicos de salud y educación, en fin, varios casos en que el divorcio entre la realidad y las políticas públicas se constata y remece a la sociedad, sin encontrar eco en las políticas públicas.
En el caso de la situación carcelaria, el colapso pareciera ya no dar para más. La Corte Suprema emitió uno de sus más duros informes denunciando la gravedad de la situación en 2003, en que se exponía el hacinamiento, las condiciones infrahumanas de existencia y la violación sistemática y generalizada de los más elementales derechos humanos básicos.
Tragedias como el incendio de la cárcel de San Miguel, en 2010, que costó más de 80 vidas, corroboraban el lúgubre diagnóstico, sin ser novedad siquiera en un negro panorama (incendios similares habían ocurrido antes en Iquique, en Concepción, y riñas con decenas de muertos han ocurrido en Colina y otros penales).
En febrero de este año la Corte Suprema, una vez más, señaló que las condiciones inhumanas de las cárceles chilenas impedían la reinserción social. Se denunciaron atropellos básicos de derechos humanos, como una situación generalizada de encierros superiores a 15 horas diarias en espacios abarrotados y con deplorables condiciones higiénicas, sin ventilación, luz ni muchas veces agua.
Falta de alimentación por períodos de 16 horas al día. Falta de programas de capacitación y educación. En fin, se constató que 15 años después de un primer histórico informe, las condiciones no habían mejorado nada, constatándose incluso un empeoramiento generalizado.
Si bien, como veíamos, existen múltiples casos que merecen la atención de las autoridades del país, cuando la alarma se enciende desde uno de los poderes del Estado, debiera ser mayor aún la atención a la denuncia y mayor la agilidad para tomar medidas y fijar políticas paliativas de corto, mediano y largo plazo. La situación inhumana y degradante de nuestras cárceles no admite ya más aplazamientos.
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