Sala de Prensa

07/06/2018

Columna de opinión:

Defensoria Regional comprometida con la calidad del servicio y el acceso a la justicia.

Redactado por el Defensor Regional de Atacama, Raúl Palma Olivares, el siguiente artículo fue publicado en el diario Chañarcillo.

Por Raúl Palma Olivares,
Defensor Regional de Atacama.

Como Defensoría Regional de Atacama, durante el presente año nos hemos propuesto el compromiso colectivo de consolidar un sello renovado de calidad en la gestión de defensa en beneficio de nuestros usuarios, lo que ha quedado acreditado en la última reunión de planificación anual, que tuvo lugar en abril recién pasado, donde defensores y profesionales de la institución nos reunimos en una extensa jornada de trabajo, a trazar y consensuar los lineamientos fundamentales para la gestión del presente ciclo.

Desde su instalación regional, en 2001, la Defensoria Penal Pública ha transitado por diversas fases. En una primera instancia, denominada de fundación, junto con las diversas regiones que se incorporaron a la reforma procesal penal se fue instalando un sistema de defensa penal pública moderno y capaz de brindar cobertura en todo el país.

Luego de 2005 y concluida la instalación del referido sistema a nivel nacional, vino una fase de implementación, con el objetivo de lograr un posicionamiento de la institución y los defensores en el sistema de justicia penal, lo que se llevó a cabo exitosamente en diversas áreas, como en la consolidación de una defensa especializada de adolescentes, inédita y de gran eficiencia.

Posteriormente vino un periodo de consolidación, caracterizado por las novedosas líneas de defensa penal especializada, el fortalecimiento del sistema mixto de prestación del servicio y un acercamiento relevante con la comunidad regional y nacional.

Hoy nos encontramos en una fase de consolidación, orientados hacia la defensa de los diversos grupos vulnerables, el fortalecimiento del sistema de justicia penal, la vinculación con el derecho internacional de los derechos humanos y la promoción de una Defensoría abierta. 

Teniendo en consideración la situación actual, resultaba imperativo poner en el centro de la gestión un nuevo compromiso con la calidad del servicio más allá de los parámetros conocidos, de manera de poder enfrentar las necesidades emergentes en materia de justicia penal a la altura de los desafíos que plantean los cambios sociales que inciden en las demandas de nuestros usuarios, la dinámica del fenómeno criminal y los requerimientos permanentes en materia de seguridad y el impacto en un mayor contenido jurídico que requieren las defensas penales en sociedades más complejas.

En este 2018, en la Defensoría Regional hemos innovado en la gestión institucional, incorporando colectivamente las tecnologías de la información actualizadas y las diferentes plataformas tecnológicas con que cuenta la institución para tener una mirada aplicada a los distintos indicadores de la gestión y prepararnos para los grandes desafíos como el uso de la carpeta digital.

Asimismo, hemos profundizado las alianzas interinstitucionales con un enfoque en el robustecimiento del sistema de justicia y su acercamiento a la comunidad, pero también con un acento en el sistema de derechos humanos, para agudizar la mirada y ser capaces de leer de manera óptima los nuevos requerimientos en el ámbito de los derechos sociales, como el acceso inclusivo a la justicia, el enfoque de género, el servicio centrado en el usuario y sus particularidades.

También estamos aportando la mirada regional al rediseño de las reglas del sistema mixto de prestación de defensa penal producto de la evolución del modelo, explorando también nuevas líneas de defensa especializada que permitan brindar un mejor servicio, pensado primeramente en nuestros usuarios, pero a la vez medible y controlable por la ciudadanía.

Todas las últimas mediciones y controles que hemos tenido dan cuenta que este nuevo enfoque en la gestión institucional nos lleva por buen camino, por el de la mejor calidad de la defensa, la transparencia y la consolidación de un servicio imprescindible en el funcionamiento de un estado de derecho, ya casi en la tercera década del siglo XXI.

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