Sala de Prensa

19/07/2018

Columna de opinión:

El delincuente encorbatado

El siguiente artículo, escrito por el Defensor Regional de O´Higgins, Alberto Ortega, fue publicada en el diario regional El Tipógrafo.

Por Alberto Ortega Jirón,
Defensor Regional de O'Higgins.

Lo esencial es invisible a los ojos, le dice el zorro al Principito. La delincuencia que comúnmente vemos es aquella que nos indigna y nos llena de ira. Es la burda y grotesca que aparece en los noticieros: el asalto, el homicidio brutal, el abuso sexual de niños y la venta de drogas al menudeo.

Pero hay también otra delincuencia que es de mayor gravedad en términos económicos y sociales y que no nos causa mayor escándalo porque está soterrada, clandestina y se mueve silenciosa en los pasillos del poder.

En este caso no solo lo esencial, sino también lo importante y lo grave es invisible a los ojos. Se trata de los delitos empresariales, financieros, comerciales, incluso con ribetes internacionales. Hablo de las colusiones, los delitos medioambientales, las corruptelas relacionadas con la compra de funcionarios públicos, en especial de congresistas y ministros; evasiones, fraudes financieros y negocios ilegales destinados a perjudicar a cientos de miles o millones de consumidores como usuarios.

A pesar de sus recurrentes adecuaciones y reformas, nuestro Código Penal del siglo XIX no da el ancho. Algunos de estos delitos, que han perjudicado a millones de chilenos y por cifras siderales, solo tienen como correlato (en el peor escenario) castigos penales similares al hurto de una gallina o de un chaleco en la multitienda, y muchos casos se consideran como faltas o delitos no penales y, por cierto, las irrisorias multas que deben pagar estas instituciones por sus colusiones y desfalcos son en realidad un aliciente para mantener dichos abusos.  

El caso Penta nos provoca, por lo tanto, la legítima duda acerca de cuánto dinero han aportado algunos empresarios para evitar que esas leyes adecuatorias, un Código Penal destinado a estos delitos de cuello y corbata, tengan por fin una tramitación seria después de décadas de promesas.

La "agenda corta de seguridad" es una ley penal que impuso una mayor sanción a la reincidencia y dispuso el cumplimiento efectivo de las penas privativas de libertad, tratándose de reincidentes en delitos contra la propiedad.

El senador Harboe expresó en su momento: “El diagnóstico que motiva esta ley es claro y, creo, puede ser compartido por gran parte de la población: en los delitos de mayor connotación social”.

Se puede caminar y mascar chicle a la vez. Qué duda cabe que los delitos mencionados son odiosos y la Defensoría Penal Pública jamás ha renegado de estas leyes endurecedoras de las penas, a pesar de que pueden resultar más o menos eficientes.

El punto en este caso es que a mí no me han robado ni hurtado nada en la vía pública ni en mi casa. Pero cuando miro mi cartola bancaria, constato que mi prestigioso banco me dedujo 50 mil pesos como cargo de comisión por una línea de crédito que jamás he usado, veo que mi noble isapre me aumenta mi plan sin notificarme o que mi cuenta de ahorro en la piadosa Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) camina para atrás, pero los cobros y las utilidades no se detienen.

Cuando no sé si lo que pago en la farmacia es lo que realmente vale un medicamento o si los alimentos que compro en el supermercado son de verdad aptos para el consumo de seres humanos, en fin, me pregunto si aquellos daños, fraudes, robos encubiertos de que somos víctimas día a día no son también dignos de ser calificados como de “connotación social” y dignos, además, de tener aunque fuere un solo proyecto comparado con los 20 que buscan perseguir al delincuente marginal.

El denominado proyecto de ley “Jumbo”, que sancionó los hurtos faltas en supermercados, tuvo entre 2002 y 2004 una acelerada tramitación legislativa. En cambio, de los proyectos destinados a la protección de consumidores y el castigo al delito de cuello y corbata no sabemos nada.        

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