Sala de Prensa

06/09/2018

El encuentro reunió a representantes de diversos organismos multilaterales de la región

Corte Interamericana de DD.HH. celebró 40 años con congreso internacional en Santiago

El foro tuvo entre sus expositores al Defensor Nacional, Andrés Mahnke; al presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, y al ministro de Justicia, Hernán Larraín, además de académicos y expertos internacionales.

Por Marcelo Padilla V.,
Defensoría Nacional.

Con un saludo a todas las delegaciones e invitados presentes, el Defensor Nacional, Andrés Mahnke, cerró hoy el “VIII Congreso Internacional de AIDEF, a 40 años de la Convención y de la Corte Interamericana: una nueva era para los derechos humanos”, que se realizó los días 5 y 6 de septiembre en el Hotel Crowne Plaza, en Santiago.

El encuentro comenzó el miércoles 5, cuando Mahnke abrió el encuentro -organizado en conjunto por la Defensoría Penal Pública, la AIDEF y la Corte Interamericana- con un discurso en que destacó particularmente el rol de vanguardia que ha ejercido la Corte Suprema en la incorporación de los estándares del derecho internacional de los derechos humanos en relevantes fallos sobre derechos de pueblos indígenas, migrantes, mujeres o jóvenes, o en temáticas emergentes como la violencia sexual o la igualdad de género, entre otras.

“Quiero destacar particularmente distintas resoluciones jurisprudenciales de la Corte Suprema, que ponen a nuestro país a la vanguardia latinoamericana en temas que involucran distintos estándares provenientes del derecho internacional de los derechos humanos. Ya mencioné la temática de los migrantes, pero esto también ha ocurrido para la definición de la pureza de la droga en casos de supuesto tráfico o en la resolución de conflictos penales que afectan a miembros de pueblos originarios, jóvenes o temas de gran relevancia social como la violencia sexual o la igualdad de género, entre otras cuestiones”, explicó Mahnke.

El directivo relevó la importancia del rol que cabe a los defensores públicos para que el conjunto de los tribunales realicen efectivamente este “necesario ejercicio de recepción en sede interna de los criterios y estándares del derecho internacional de los derechos humanos”.

El Defensor Nacional agregó que se trata de una labor urgente, pues en el país “tenemos algunos ejemplos en que el Estado, realizando el ejercicio legítimo de la persecución penal pública, ha provocado consecuencias indeseadas en personas que deben enfrentarse a ésta”, contexto en que mencionó el caso de la machi Francisca Linconao -presente en la ceremonia-, “quien ha debido transitar tres veces por un complejo proceso penal, que ha involucrado una exposición mediática y otras interferencias que un proceso criminal de alta connotación social implican para la vida íntima de las personas”.

DIÁLOGO Y TRABAJO CONJUNTO
En la inauguración del congreso también estuvo el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, quien valoró el rol que jugó el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en los procesos de transición democrática y recuperación de los estándares de justicia en los países del continente, a partir de lo cual mencionó dos desafíos: el primero, vinculado al tipo de casos de denuncias que recibe hoy el sistema, que son muy distintos a las históricas violaciones a los derechos humanos cometidas por las dictaduras a fines del siglo XX.

“Muchos de estos nuevos casos suelen ser de resolución altamente compleja, debido a los múltiples factores políticos, legislativos, financieros, técnicos o incluso de naturaleza moral que influyen e inciden en ellos y que deben ser ponderados”, lo cual exige, tanto a la Comisión como a la Corte Interamericana, de “un delicado ejercicio de ponderación y equilibrio, que en nuestra opinión debe estar siempre abierto al diálogo regional y a la debida consideración del contexto democrático y de los estados de derecho que, afortunadamente, hoy existen en la mayoría de los países latinoamericanos”, señaló.

Larraín sostuvo que de lo anterior se desprende un segundo desafío en el ámbito, que es “un acercamiento cada vez más colaborativo y menos adversarial entre los distintos actores que participan en el sistema: estados, Comisión y Corte Interamericana”, contexto en que valoró como un aporte el desarrollo reciente de los planes nacionales de derechos humanos en los distintos países de la región.

Respecto del aseguramiento del acceso a la justicia a los grupos sociales más vulnerables, el secretario de Estado afirmó que esta garantía “es un compromiso y una prioridad del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera entre las políticas a desarrollar”, contexto en que anunció el próximo debate parlamentario de una reforma estructural del sistema de procedimiento civil vigente en el país.

El ministro aseguró que mejorar el acceso a la justicia fortalece el estado de derecho, que es pieza fundamental para garantizar todos los derechos humanos, tal como lo ha reconocido la propia Corte Interamericana en múltiples fallos.

“Hace 45 años vivimos un quiebre institucional que tuvo consecuencias aborrecibles. La legitimación de la violencia nos llevó a la pérdida de la democracia y por perder la democracia, perdimos el estado de derecho. Sin ambos, como garantes de los derechos humanos, se produjeron precisamente graves violaciones a los derechos humanos de las personas, las cuales han constituido una pesada carga desde entonces hasta la fecha en el sentimiento nacional”, aseguró.

ÉNFASIS EN GRUPOS VULNERABLES
También presente en la ceremonia, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, valoró el rol de la defensa pública como garante de diversos derechos vinculados con el acceso efectivo a la justicia, aunque llamó la atención en torno a que “pese a los avances logrados en Chile y en la región, sabemos que aún persisten importantes desafíos para asegurar que todas y todos puedan ejercer plenamente su derecho de acceso a la justicia, en un continente marcado por altos niveles de desigualdad”, en que personas de grupos vulnerables “lamentablemente siguen estando excesivamente representadas en los procesos penales”.

Al respecto, consideró que la defensa pública tiene un rol relevante, sobre todo para personas de estos grupos, contexto en que necesita contar con “recursos especiales” para garantizar adecuadamente los derechos de éstas.

“El principio de no discriminación, reconocido en distintos tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, obliga también a todos los órganos que intervenimos en la administración de justicia, adaptar nuestras instituciones y normativa interna a las necesidades especiales de los sectores y grupos más postergados de la sociedad”, en temáticas como perspectiva de género, no discriminación y derechos de la infancia, entre otras.

PANELES DE DEBATE
Tras estas presentaciones, el congreso internacional inició el desarrollo de siete paneles de debate durante estos dos días, en cada uno de los cuales intervinieron tres expositores y un moderador o moderadora.
En estos grupos de discusión se analizó “el rol de la defensa pública y el acceso a la justicia”, “las Reglas de Brasilia como protección a los grupos vulnerables”, el “impacto de la prisión preventiva en los grupos vulnerables”, “el acceso a la justicia de los grupos vulnerables” y “violencia institucional y defensa pública”, entre otros temas.

Junto con decenas de defensores públicos de la región, al congreso asistieron reconocidos juristas latinoamericanos, académicos y abogados chilenos, defensores públicos y representantes de diversas instituciones, incluyendo a grupos de alumnos de la Escuela de Carabineros, de la Escuela de Formación Policial de Investigaciones y de la Escuela de Oficiales de Gendarmería de Chile, respectivamente.

El objetivo de ambas jornadas fue promover -en el contexto de las cuatro décadas de funcionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos- un debate público sobre el derecho de acceso a la justicia, sobre todo de los grupos más vulnerables de los distintos países del continente.

IMPARCIALIDAD JUDICIAL
En la última jornada, se desarrolló primero un módulo de discusión sobre “derechos humanos, acceso a la justicia e imparcialidad judicial”, moderado por Laura Hernández, Defensora General de República Dominicana, y cuyos expositores fueron el Relator Especial sobre Derechos Humanos de Migrantes de la ONU, Felipe González; el abogado y académico Fernando Atria y Milton Juica, ex presidente de la Corte Suprema.

El último panel se refirió a “reflexiones en torno al SIDH a 40 años del funcionamiento de la Corte IDH”, que fue moderado por Antonio Maffezoli, presidente de la Asociación Nacional de Defensores Públicos de Brasil, e integrado por Ricardo Pérez Manrique, juez electo de la Corte Interamericana; Antonia Urrejola, comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y Claudio Nash, coordinador de la cátedra de derechos humanos de la Universidad de Chile.

Tras el término de estas dos mesas de debate, el Defensor Nacional entregó la Coordinación General de Aidef -que reúne a más de 10 mil defensores públicos de Latinoamérica- a Nydia Arévalo, Directora del Instituto de la Defensa Pública de Guatemala, quien ejercerá ese cargo durante el periodo 2018-2020.

En esa responsabilidad, Arévalo será secundada por el nuevo Vice Coordinador General, Jair Soares, representante de la Defensoría Pública de la Unión de Brasil, y por el nuevo titular de la Secretaría General de Aidef, Atilio Alvarez, de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la República Argentina.

Noticias relacionadas:


  • subir
  • imprimir
  • volver