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"Nuestro gran sistema penal entró en una rutina que está desvirtuando sus instituciones"

09/11/2018

Defensores Regionales Carlos Mora y Viviana Castel en su balance gestión 207-2018:

"Nuestro gran sistema penal entró en una rutina que está desvirtuando sus instituciones"

Los jefes zonales de las Defensorías Metropolitanas Norte y Sur cuestionaron que se esté desnaturalizando la audiencia de preparación, el juicio oral y la prisión preventiva. También valoraron el enfoque de derechos humanos de la defensa y la relevancia de las penas sustitutivas, dado que el cumplimiento de condenas en libertad disminuye la reincidencia.

Equipo Unidad de Comunicaciones
Defensoría Regional Metropolitana Norte
y Defensoría Regional Metropolitana Sur.

Un discurso marcado por un análisis crítico de la labor de todos los actores del sistema penal -jueces, fiscales y defensores- realizó el Defensor Regional Metropolitano Norte, Carlos Mora Jano, durante la ceremonia de balance de gestión 2017-2018 de ambas Defensorías Metropolitanas, que encabezó junto a su par de la zona Sur, Viviana Castel Higuera.

En el evento, realizado en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile ante altas autoridades del ámbito de la justicia, Mora precisó que el gran sistema penal chileno, que es admirado en el concierto internacional, "ha caído en una rutina que está desnaturalizando" algunas de sus instituciones importantes.

ABUSO DE PRISIÓN PREVENTIVA
El directivo afirmó que la prisión preventiva se transforma muchas veces en una pena anticipada para personas que después quedan en libertad. Contrastó las cifras de 2006 -en el primer año de funcionamiento de la reforma procesal penal en Santiago- con las de 2017, lapso en que éstas pasaron de afectar a 15 mil 369 a 30 mil 981 personas, con un incremento cercano al 100 por ciento.

Contribuyen a este aumento los cambios que han endurecido el sistema, como la última 'agenda corta antidelincuencia'. Carlos Mora sostuvo que tal modificación legal “implicó un aumento en la aplicación de la prisión preventiva, rigidizando marcos punitivos y restringiendo severamente la garantía constitucional de un racional y justo procedimiento”.

El Defensor Metropolitano Norte agregó que a nivel nacional, en 2017 hubo 3 mil 100 personas que fueron sometidas a prisiones preventivas, aunque posteriormente terminaron siendo declaradas inocentes.

UNA "PUERTA ABIERTA"
Mora destacó que una de las etapas importantes del nuevo proceso penal, la audiencia de preparación de juicio oral (APJO), que es el momento en que los jueces de garantía realizan un control sustantivo de la prueba de la Fiscalía, para ver si ésta cumple o no con los requisitos de legalidad que le permitirán ser presentada en el juicio oral, “se ha transformado en una puerta abierta, en donde todo lo que se presenta -más temprano que tarde- es admitido". Agregó que si ello no ocurre en la audiencia misma, "probablemente lo será en el tribunal de alzada”.

Citó como ejemplo que “en materia de prueba pericial y reconocimientos oculares, no son pocos los casos en que se vislumbran insoslayables problemas de calidad y confiabilidad. Sin embargo, casi no existen debates exitosos sobre admisibilidad o exclusión de las mismas en la preparación, lo que por cierto es responsabilidad de todos los operadores del sistema, incluyendo a la defensa”, indicó.

El directivo citó cifras del Centro de Estudios Judiciales de las Américas (CEJA) que corroboran el deterioro del debate en la APJO, pues si en 2006 éstas duraban un promedio de 37,4 minutos, en 2014 esta cifra bajó a menos de la mitad, 16,4 minutos.

Carlos Mora enfatizó también la profundidad del problema, al indicar que cuando el tribunal de garantía filtra efectivamente la prueba -como manda la ley,- excluyendo aquélla que es ilegal, “nos encontramos con que las Cortes de Apelaciones rebajan nuevamente estos estándares, permitiendo la incorporación por la vía del recurso de apelación, de prueba de dudosa confiabilidad y calidad”.

Ejemplificó lo anterior con las cifras de junio de este año, en que el 76 por ciento de los recursos de apelación presentados por la Fiscalía fueron acogidos por las Cortes de Apelaciones de la Región Metropolitana, legitimando la prueba que había sido declarada ilegal. Peor es la cifra de julio pasado, en que las apelaciones acogidas llegaron al 92 por ciento.

Todo esto ha derivado en que la defensa ha debido plantear estas ilegalidades de la prueba en el propio juicio oral, en los cuales los defensores públicos han obtenido un número cada vez más elevado de absoluciones, las que llegaron al 60 por ciento en el periodo 2017-2018 (a la fecha). “En rigor, la absolución en juicio oral no es un buen resultado para nadie, ni siquiera para el imputado, que ha debido soportar un largo proceso judicial”, advirtió.

DESNATURALIZACIÓN DEL JUICIO ORAL
El Defensor Regional Metropolitano Norte representó su especial preocupación por el juicio oral, cuyos objetivos se han visto seriamente desnaturalizados.

“Esta instancia fue diseñada para resolver causas complejas, delitos graves u otras complejidades, como por ejemplo multiplicidad de imputados. Sin embargo, delitos que inicialmente podría pensarse fueran resueltos de manera distinta, terminan en juicio oral. Así por ejemplo, del total de juicios orales que asumió la Defensoría Metropolitana Norte desde enero de 2017 a septiembre de 2018, casi un 30 por ciento lo constituyeron delitos tales como hurtos, desacato, amenazas, daños y microtráfico”, enfatizó.

UNA NOCIVA PETICIÓN
Carlos Mora llamó a todos los intervinientes a tener más empatía con los ciudadanos que, de una manera u otra, se ven involucrados en un proceso penal, partiendo por el imputado. “Cuántas veces imputados, normalmente en situación muy vulnerable, hacen grandes esfuerzos para ausentarse de sus trabajos para cumplir con las citaciones del tribunal y, al llegar al Centro de Justicia, escuchan a su defensor o al fiscal decir esa decepcionante frase: “Su señoría, nuevo día y hora”.

Esto habitualmente ocurre sin ninguna justificación razonable, salvo la comodidad o inactividad previa de los litigantes”, subrayó el abogado.

Añadió que esto es aún más dramático cuando el imputado está en prisión preventiva, ya que tendrá que estar más tiempo privado de libertad sin tener sentencia condenatoria. Precisó que esta crítica es transversal, ya que fiscales y defensores hacen estas postergaciones en general injustificadas. Y el tribunal -sostuvo- debe ejercer sus atribuciones legales y rechazar esas solicitudes cuando no hay un motivo razonable.

CARPETA DIGITAL
Mora destacó como un gran salto de eficiencia y eficacia el que ambas regionales metropolitanas hayan asumido el proyecto "carpeta digital", ya que aparte de las ventajas que los defensores tienen para acceder a la información de sus causas en sus notebooks desde las mismas salas de audiencia, el ahorro en carpetas, papel y almacenaje superó los 13 millones de pesos solo en la DRMN .

PENAS EN LIBERTAD
En su exposición, hecha a continuación, la Defensora Regional Metropolitana Sur, Viviana Castel, destacó el trabajo de capacitación con relatores internos que se realizó en temas de derechos humanos y que significó la instrucción de 115 defensores penales públicos en los últimos dos años.

Esto ha permitido, según explicó, “apreciar una creciente incorporación de la temática en algunas sentencias judiciales que resuelven el conflicto penal”, afirmó.

En sus palabras, seguidas con especial interés por los asistentes, Viviana Castel mencionó el trabajo que se realiza con las personas condenadas que cumplen sus penas en el medio libre. Al respecto, aludió al trabajo realizado con el piloto de “Ejecución en el medio libre de adulto”, que persigue hacerse cargo de todos los casos en los que se decretó una pena sustitutiva, con un mejor seguimiento de casos complejos y que tiene como objetivo el cumplimiento de la misma sin peligro de revocación del beneficio.

Sobre este proyecto, Castel afirmó que “se deben dar los espacios y facilidades para que una pena en libertad sea una real oportunidad para quien va dirigida, lo que impacta -a su vez- a su familia y su entorno, debiendo preferirse en todo momento la reinserción social. Dar nuevas oportunidades a la personas que cometieron un error y respecto de quienes se dictó una pena sustitutiva, permite por un lado disminuir la tasa de reincidencia, contribuyendo a la seguridad ciudadana, y por sobre todo permite la reinserción social, que es justamente uno de los fines de la pena”, aclaró.

MUJERES Y PRISIÓN
Un último aspecto destacado por la Defensora Regional Metropolitana Sur fue el trabajo que se realiza con las mujeres condenadas en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Joaquín. Recordó Castel que casi un tercio de las mujeres condenadas en el país están recluidas en esa cárcel referida y cuentan con defensores penitenciarios especializados en temas de género.

Un hecho que marca el valioso trabajo de los defensores penitenciarios del CPF de San Joaquín se refiere al otorgamiento de beneficios intrapenitenciarios. En estas comisiones, los defensores públicos han logrado participar con voz en esas instancias técnicas, alcanzando una tasa de concesiones de libertad condicional que superó el 90 por ciento en el último periodo.

DEFENSA ESPECIALIZADA
Viviana Castel destacó el piloto de audiencias de control de detención en San Bernardo, donde “se trabajó bajo un diseño de especialización en fase temprana del proceso penal, renovando los argumentos y preocupándose ex ante y ex post de entregar toda la información relevante, con una perspectiva de satisfacción del usuario”, explicó.

Según la Defensora Regional, esto impactó en los objetivos procesales relacionados con solicitudes y obtención de ilegalidades de la detención. “Ello permitió que los defensores públicos de defensa general pudieran tener estos antecedentes en fases posteriores del procedimiento, lo que redundó en que el promedio de absoluciones en los últimos 18 meses sea de un 45,2 por ciento en esa jurisdicción”, señaló.

Otro de los aspectos destacados por la jefa zonal de la Defensoría fue el trabajo con personas inimputables, en especial los convenios suscritos con organismos públicos como los hospitales psiquiátricos "Philippe Pinel", de Putaendo, y "José Horwitz", de Santiago. También mencionó los convenios vigentes con la Pontificia Universidad Católica y con la Fundación Gente de la Calle, respectivamente, para asistir a estas personas en calidad de curadores ad lítem .

Al acto asistieron el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito; el Fiscal Nacional, Jorge Abbott; el subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Ossa, y el Defensor Nacional, Andrés Mahnke, entre otras autoridades y directivos de distintos servicios.

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