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Inmigrantes conocieron rol de la Defensoría Penal Pública

04/06/2008

Inmigrantes conocieron rol de la Defensoría Penal Pública

Mujeres y hombres de diversos países latinoamericanos participaron en la charla sobre los Derechos Penales en Chile, dictada por la Defensoría Penal Pública en la sede de la Pastoral del Inmigrante del Obispado de Iquique. La actividad fue convenida con esa entidad para mejorar las condiciones en que los extranjeros puedan insertarse en nuestro país, ya que su ingreso a la región ha crecido notoriamente en los últimos años.

"Todos tienen derechos fundamentales que el Estado chileno garantiza por el sólo hecho de ser personas, sean nacionales o extranjeros", explicó el Defensor Regional de Tarapacá, Arturo Zegarra, en su intervención. El personero especificó que entre tales prerrogativas están las relacionadas con el Sistema Procesal Penal y detalló las funciones que cumple en ese ámbito la Defensoría.

La Pastoral del Inmigrante funciona en Iquique otorgando orientación general a los centenares de extranjeros que llegan hasta esta región. También les ayudan a formalizar su situación legal y laboral y entregan albergue de emergencia a las mujeres. Su local, ubicado en el sector oriente de Iquique, se ve diariamente lleno de usuarios, la mayoría procedentes de Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia.

Francisco Murillo, encargado de esta entidad de Iglesia, explica que estas personas ignoran muchos aspectos del funcionamiento institucional de Chile, lo que los hace vulnerable a cometer errores o a ser víctima de abusos. "Por eso es importante que la Defensoría, al igual que otros organismos del Estado, lleguen a explicar las normas o beneficios que son aplicables a estas personas", precisó.

En el encuentro, Arturo Zegarra reseñó las principales funciones de la institución e instruyó sobre los casos que están en el ámbito de la justicia penal y la importancia que tiene asegurar la defensa de los que resultan involucrados en un conflicto penal. Uno de los temas que más les llamó la atención fue el conjunto de derechos que tienen los imputados, entre ésos a la atención de un defensor penal público que, para las personas con ingresos económicos mínimos, es gratuita.

Las mujeres, que eran la mayoría de los presentes, plantearon que uno de los problemas que se les presentan son falsas acusaciones de robo al interior de las viviendas en donde se desempeñan como trabajadoras de casa particular. Ellas afirmaron que tales imputaciones se usan para poder despedirlas sin pagarles todo su sueldo.

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