Sala de Prensa

06/08/2019

El jefe del Departamento de Informática y la encargada del Área de Inspectorías

Directivos de la Defensoría viajan a República Dominicana para realizar visita técnica

Guillermo Briceño y Marcela Werlinger están conociendo en terreno el estado de avance de los sistemas de control de calidad que se modificarán en la Oficina Nacional de Defensa Pública de ese país, en el marco del proyecto de cooperación conjunta con la Defensoría Penal Pública.

Por Paola Sais Dünner,
periodista Defensoría Nacional.

Entre el 5 y el 8 de agosto, una delegación de la Defensoría Penal Pública encabezada por el jefe del Departamento de Informática y Estadísticas (DIE), Guillermo Briceño; y la encargada del Área de Inspectorías, Marcela Werlinger, estarán en República Dominicana evaluando, en terreno, los avances alcanzados en cada uno de los sistemas de control de calidad de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP).

Ello incluye la revisión de los sistemas de inspecciones, reclamos, indicadores y de registro de la información, en el marco del proyecto de cooperación entre la Defensoría Penal Pública y la institución dominicana.

A su llegada, ambos sostuvieron una extensa reunión con el director de la ONDP, Rodolfo Valentín Santos, y su equipo directivo. En el encuentro también participó el embajador de Chile en República Dominicana, Romilio Gutiérrez.

COOPERACIÓN
La iniciativa “Perfeccionamiento de defensores y jueces en materia procesal penal y fortalecimiento del modelo de gestión de calidad de la defensa pública en República Dominicana” tiene por objetivo fortalecer el modelo de defensa penal de la nación caribeña, tanto en el ámbito de la litigación oral de adultos y adolescentes como en el desempeño de jueces y defensores públicos en materia recursiva.

También busca mejorar la labor de los defensores públicos en lo que se refiere a gestión, lo que plantea como desafíos la búsqueda de mejoras en el sistema informático y de registro de datos, así como en el control de la prestación de defensa.

El proyecto, que se extenderá por 24 meses, es financiado con un Fondo Chile que ganó la Defensoría Penal Pública en 2018, convirtiéndose en el primer organismo público en adjudicarse este beneficio, que entregan la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Agcid), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel) y que potencia la cooperación entre países de la región.

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