Sala de Prensa

09/08/2019

Delegación centroamericana visita Chile para conocer el sistema procesal penal

Jueces panameños se reunieron con el Defensor Nacional

Durante su visita a la Defensoría consultaron respecto de la estructura territorial de la defensa penal pública, así como sobre la distribución de la carga de trabajo de los defensores públicos.

Por Paola Sais Dünner,
Defensoría Nacional.

Una delegación del Poder Judicial de Panamá, integrada por 11 personas -entre ellas jueces de garantía y de tribunal oral, además de representantes de Naciones Unidas y del órgano judicial de ese país- visitó la Defensoría Nacional y se reunió con su máxima autoridad, Andrés Mahnke, con el objetivo de conocer en terreno el funcionamiento de la Defensoría Penal Pública.

El grupo de magistrados viajó a Chile para conocer directamente el funcionamiento del sistema procesal chileno. En Panamá este modelo de justicia se puso en práctica recién en 2016 y sus intervinientes están en fase de conocimiento y adaptación de experiencias foráneas.

En este contexto, hoy sostuvieron un encuentro con el Defensor Nacional, en el que también participaron la Directora Administrativa Nacional, María Cristina Marchant, y el jefe del Departamento de Estudios y Proyectos (DEP), Rubén Romero. Durante la conversación, los visitantes realizaron diversas consultas relativas a la gestión de la Defensoría, gran parte de las cuales fueron respondidas por Andrés Mahnke.

Las preguntas versaron sobre la distribución de causas de los defensores públicos, la distribución territorial de la institución, si se trata o no de un servicio que se entrega sólo a quienes no tienen como pagar una defensa, y la forma de investigar las causas penales que se representan.

DEFENSA ESPECIALIZADA
Ante las diversas consultas, el Defensor Nacional aclaró desde un inicio que “no somos una Defensoría de pobres, sino que representamos a cualquier persona que lo requiera”, y precisó luego que se trata de una Defensoría especializada en materia penal y que sólo es gratuita para los que no tienen forma de pagar.

“Para los demás existe un arancel diferenciado, dependiendo de los ingresos del imputado y del tipo de salida que tenga su causa”, dijo.

El Defensor Nacional agregó que si bien lo ideal es que el imputado cuente con un defensor durante el desarrollo de toda su causa, eso es sólo posible en zonas aisladas o las que tienen una baja carga de trabajo. En las grandes zonas, en cambio, funciona para la primera audiencia el sistema de turnos y cuando el proceso va más avanzado se intenta mantener a un mismo defensor para que lleve todo el proceso.

Mahnke también advirtió a los panameños respecto de la existencia de defensores licitados, como parte de un sistema mixto que casi no existe en el resto de los países de la región que han puesto en marcha este sistema procesal penal. “Contratamos a buena parte de nuestros abogados a través de una licitación pública”, señaló.

También se refirió a la preocupación institucional de contar con defensores especializados en condenados, mujeres, migrantes, jóvenes, enajenados mentales y pueblos originarios, “inquietud que muchas veces, además de la mirada jurídica, nos exige tener una visión interdisciplinaria que incluya a otros profesionales, además de los defensores, como facilitadores culturales y asistentes sociales”.

INVESTIGACIÓN DE CASOS
Consultados respecto de equipos de investigación como apoyo a la defensa de causas, los directivos de la Defensoría Penal Pública precisaron que no existe una unidad de investigación, pero sí un registro de peritos que están adscritos, a nivel regional, a diversos convenios.

El Defensor Nacional puntualizó que estos peritos, que pueden ser sociales, sicológicos o toxicológicos, entre otros, son necesarios en los casos de una defensa activa, en la que el abogado institucional quiere construir su propio relato, más allá de los hechos presentados por la Fiscalía.

Durante su estadía en Chile, la delegación del Poder Judicial de Panamá también sostuvo reuniones con el secretario de la Corte Suprema, Jorge Sáez, y con el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), Ricardo Guzmán, así como con directivos y representantes de la Fiscalía Metropolitana Norte y Gendarmería.

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