Sala de Prensa

30/09/2019

“Lo que es un derecho para ustedes, es una obligación para nosotros”, les explicó Andrés Mahnke

Mujeres condenadas privadas de libertad recibirán asistencia judicial en asuntos civiles y de familia

La Subsecretaría de Justicia, la Defensoría Penal Pública, Gendarmería y la Corporación de Asistencia Judicial suscribieron un acuerdo para que abogados de ésta última institución provean de asistencia en estas materias a mujeres que cumplen reclusión en todo Chile.

Por Paola Sais Dünner,
Defensoría Nacional.

Cerca de 40 mujeres llegaron la tarde del viernes hasta el gimnasio del Centro Penitenciario Femenino (CPF) de Santiago, donde cumplen sus respectivas condenas, para conocer los alcances de un convenio suscrito por la Subsecretaría de Justicia, Gendarmería de Chile, la Defensoría Penal Pública y la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) y que, en la práctica, les entregará orientación y ayuda jurídica y judicial en materia civil y de familia.

Actualmente, estas mujeres privadas de libertad reciben asistencia penal entregada por defensores  penitenciarios, quienes pueden ayudarlas en materias relacionadas con la causa penal por la que fueron condenadas, pero no en ámbitos relacionados con su vida familiar y personal.

A partir de este acuerdo, Gendarmería y la Defensoría se comprometieron a enviar trimestralmente un listado a las distintas sedes de la Corporación de Asistencia Judicial del país, con los nombres de las personas que requieren atención y una descripción del caso que les afecta. Según lo previsto, una vez recibidos los nombres y casos, los abogados de la CAJ informarán sobre el calendario de visitas que efectuarán a los recintos penitenciarios para asistir a las afectadas.

En el caso de causas que se discutan ante tribunales de familia relacionadas con medidas de protección de niños, niñas y adolescentes que sean hijos de la condenada y que ameriten la derivación extraordinaria del caso, la información será enviada a la Corporación de inmediato. También se señala que Gendarmería deberá facilitar la visita extraordinaria del abogado, idealmente antes de la fecha de la audiencia fijada por el tribunal.

ROL DEL ESTADO
El Defensor Nacional, Andrés Mahnke, destacó la labor que debe cumplir el Estado en asistir los derechos de las mujeres privadas de libertad, a las que una condena penal sólo les quita su derecho al libre desplazamiento.

“Ustedes tienen más derechos de los que conocen y es obligación nuestra dárselos a conocer. Las mujeres tienen una triple condena: penal, social y la más dura de todas, la familiar. La calidad de madres y sostenedoras de un hogar es un ámbito que los hombres no tienen, y es obligación nuestra velar por la igualdad ante la ley. Lo que es un derecho para ustedes, es una obligación para nosotros”, explicó.

En el caso de la Defensoría Penal Pública, la derivación de causas hacia la Corporación estará a cargo de la jefatura de la Unidad de Defensa Penal Especializada (UDPE).

ATENCIÓN DE CONSULTAS
Después de la firma del convenio, abogados de la Corporación de Asistencia Judicial atendieron las consultas de las mujeres privadas de libertad que asistieron a la ceremonia.

Al 30 de junio de 2019 había 2 mil 72 mujeres condenadas y privadas de libertad en los distintos centros penitenciarios femeninos del país. Mientras en el CPF de la Región Metropolitana hay alrededor de 650 internas, en el centro femenino de Valparaíso son 269 y en el de la Región de Tarapacá, 174.

En más de la mitad de los casos (52,2 por ciento) las mujeres están condenadas por delitos de la Ley de Drogas. Además, mientras el 20 por ciento de las privadas de libertad tienen entre 25 y 29 años, otro 18 por ciento corresponde a ciudadanas extranjeras. 

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