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18/07/2008

Defensor Metropolitano Norte reveló que cifras demuestran abuso de la internación provisoria en los adolescentes

Asimismo planteó que el Tribunal Constitucional debe resolver la polémica entre jueces y fiscales sobre las apelaciones a las prisiones preventivas.

Su preocupación por varias situaciones que se han estado produciendo con motivo de los últimos cambios legales registrados en la justicia penal formuló el Defensor Regional Metropolitano Norte Leonardo Moreno en el marco de la Cuenta Pública 2008 realizada en el auditórium institucional del Centro de Justicia de Santiago. Al exponer las cifras de las prisiones preventivas verificadas el año pasado el defensor hizo notar el gran número de imputados que fue sometida a esta medida cautelar, en circunstancia de que al momento de la sentencia el tribunal resolvió que debía quedar en libertad. Moreno advirtió que llevado este ejercicio a la justicia penal juvenil las cifras son alarmantes. Mientras entre los adultos de los 8.581 un 23 % quedó en libertad, entre los adolescentes los 621 sometidos a internación provisoria, más del 90 % el tribunal resolvió que debían quedar en libertad. En concreto, el año pasado 583 menores de entre 14 y 17 años estuvieron encerrados sin justificación de acuerdo a la nueva Ley de Responsabilidad Penal Adolescente que comenzó a regir el 8 de junio de 2007.

Leonardo Moreno expresó también su preocupación por la persistencia del conflicto que existe entre actores de la reforma procesal penal por la preeminencia de la valoración judicial de los tribunales versus la atribución de apelar de los fiscales. Expresó que es vital que el Tribunal Constitucional resuelva el fondo de este tema, ya que hasta el momento ha declarado inadmisibles las presentaciones que le han hecho magistrados de garantía. El conflicto se produce cuando en virtud de normas de la Agenda Corta -vigente desde marzo pasado- un fiscal al que le fue rechazada una solicitud de prisión preventiva, le comunica en la misma audiencia al juez de garantía que apela esa resolución. El tema es qué vale más: la valoración judicial del magistrado que resuelve que el delito no está entre los contemplados en la Agenda Corta como apelables, o el solo acto formal del fiscal de insistir en la apelación.

El defensor regional metropolitano norte afirmó que en 2007 se registraron 102.499 delitos, y los más numerosos son ilícitos menores como hurtos (16,6 %) y lesiones (13 %). Enfatizó que los delitos más graves como robos violentos, homicidios, violaciones y tráficos de drogas, constituyen una minoría. Todos ellos sumados llegan 15,6 %, en que la mayor relevancia la tienen los robos con violencia o intimidación que alcanzan un 9,5 %.

Leonardo Moreno planteó también que debe reglamentarse la ejecución de los reconocimientos fotográficos y ruedas de imputados, ya que este vacío ha provocado que varios de estos procedimientos se hayan hecho de manera incorrecta. Ejemplificó con el caso de los tres jóvenes santiaguinos que pasaron 9 meses presos por una falsa acusación de haber asaltado un bus interprovincial en Talca.

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