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Defensoría del Biobío participó en la “Primera jornada regional de salud mental y justicia”

08/10/2019

El encuentro fue organizado por el programa de salud mental del Servicio de Salud Concepción

Defensoría del Biobío participó en la “Primera jornada regional de salud mental y justicia”

Siquiatras, sicólogos, trabajadores sociales y abogados analizaron la situación actual del sistema forense en Chile, con el propósito de detectar y visualizar las fortalezas y debilidades existentes en salud y justicia para la atención de quienes enfrentan una enfermedad o discapacidad mental.

Por Victoria Haquin V.,
Defensoría Regional del Biobío.

La falta de un siquiatra forense durante todo este año en el Servicio Medica Legal (SML) de Concepcion es un botón de muestra de las falencias que enfrenta el sistema de justicia criminal para abordar la situación de personas imputadas de un delito y que presentan algún tipo de enfermedad o discapacidad mental.

Ello explica la necesidad de analizar la situación desde una perspectiva global, es decir, con un trabajo conjunto entre los ministerios de Salud y de Justicia y Derechos Humanos, junto a los servicios colaboradores en el ámbito, para evaluar y promover acciones que permitan entregar una pronta respuesta y un adecuado tratamiento a aquellas personas inimputables por trastornos siquiátricos.

Desde la Unidad Forense del Servicio de Salud Concepción y el Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción recogieron el guante y organizaron la “Primera jornada regional de salud mental y justicia”, en la que expusieron el Defensor Regional del Biobío, Osvaldo Pizarro Quezada; la Fiscal Regional, Marcela Cartagena Ramos, y el presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción, Rodrigo Cerda San Martín, además de representantes del Ministerio de Salud, quienes analizaron las fortalezas, debilidades y desafíos del actual sistema forense.

UNA TAREA PENDIENTE
Durante el encuentro se conocieron los alcances del trabajo realizado hasta el momento entre Salud y Justicia, y la gestión de servicios y atención para los imputados y condenados con sospecha o diagnóstico de patología mental. No obstante, según todos los participantes, estos avances todavía resultan insuficientes.

Con todo, para el Defensor Regional, la realización de esta actividad es un ejemplo de que efectivamente existe un interés interinstitucional importante de poder abordar esta temática y darle algún tipo de solución a un área que es altamente compleja para el sistema de justicia criminal.

Pizarro explicó que los desafíos que existen son muchos: “Este tema recién se está poniendo en la palestra y debe significar una serie de cambios legislativos, pero también una serie de modificaciones reglamentarias y diversas coordinaciones, tanto a nivel de organismos de salud -léase Servicio Médico Legal-, servicios de salud y de éstos, a su vez, con el sistema de justicia criminal, a fin de evitar retrasos importantes y no entrabar el sistema, para entregar justicia dentro de un tiempo razonable”, señaló.

Según el directivo, actualmente existen vacíos en el Código Procesal Penal respecto de la aplicación de la ley para personas imputadas con sospecha de patología psiquiátrica, precariedad de las evaluaciones preliminares, la suspensión de procedimiento sin plazos de investigación, la internación provisional sin la presencia de un informe de un profesional competente o la presencia de las Unidades Psiquiátrico Forenses de Transición (UPFT) en recintos penitenciarios sin respaldo legal.

PREPARAR A LOS JUECES
El presidente de la Corte de Apelaciones, en tanto, valoró la propuesta de generar planes de salud mental, pero lamentó “lo poco y nada que se ha avanzado en ello”, aunque reconoció un progreso en el aumento de profesionales.

Respecto de los desafíos en este ámbito para el Poder Judicial, expuso la necesidad de preparar a los jueces para que puedan realizar una valoración de los casos basada en criterios científicos y ”con una medición crítica”, concluyó Rodrigo Cerda.

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