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Defensora penitenciaria de Los Ríos: “Necesitamos un cambio cultural sobre el trato a las personas presas”

13/11/2019

Marcela Tapia fue entrevistada en los estudios de la radio de la Universidad Austral de Chile

Defensora penitenciaria de Los Ríos: “Necesitamos un cambio cultural sobre el trato a las personas presas”

Desde una mirada local, la defensora pública conversó con el director de la emisora, el periodista Miguel Millar, acerca del quehacer de la defensa pública de personas que cumplen sus penas privadas de libertad. También hizo un balance sobre logros y desafíos locales y estructurales en el ámbito penitenciario.

Por Malú Rodríguez Sepúlveda,
periodista Defensoría Regional de Los Ríos.

Desde una mirada local, la defensora penitenciaria Marcela Tapia, dependiente de la Defensoría Regional de Los Ríos, conversó en los estudios de la Radio Universidad Austral de Chile (Uach), en Valdivia, con su director y periodista Miguel Millar, sobre el servicio de defensa pública especializada de personas que cumplen sus penas privativas de libertad en la región.

Durante la entrevista, la abogada destacó como un logro la participación de la defensa pública en la 'Comisión de libertad condicional' por cuatro años consecutivos, al tiempo que mencionó como desafío el avanzar en los debidos procesos disciplinarios al interior de los recintos penales, en cuyo contexto abogó por la necesidad de un cambio cultural en el trato a las personas privadas de libertad.

-¿Cómo surge la defensa penitenciaria?
-A través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los instrumentos internacionales, desde 1960 recién se comienza a hablar de la posición del Estado como garante de derechos en distintos ámbitos y en relación con la ciudadanía. Dentro de esos ámbitos se menciona a la cárcel y se enarbola la posición de garante, porque era un espacio donde no se respetaban los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
No podemos olvidar que incluso el reglamento penitenciario establece que las personas privadas de libertad están en una relación de derecho público con el Estado, lo que significa que aun ante la pérdida de ciertos derechos por una sentencia condenatoria, la condición jurídica de estas personas es igual a la de todos los ciudadanos y conservan sus derechos fundamentales.
Entender eso ha costado mucho y, en la práctica, parece ser que sigue operando la lógica de la sumisión especial y es ahí donde se abre un espacio para eventuales vulneraciones de derechos.

-Una situación es que exista una posición de garante y otra que se garanticen las condiciones para que las personas presas puedan ejercer efectivamente estos derechos. Estoy pensando en el derecho al trabajo, etc. Tengo la impresión de que no están siendo garantizados...
-Así es. Hablamos de derechos sociales como el trabajo, la salud y la educación en el sistema penitenciario. Si en la contingencia estamos discutiendo derechos sociales, imaginemos cómo están esos miembros de la sociedad, porque siguen siendo miembros de la sociedad, que están en una cárcel cumpliendo una condena.

-Promover esto no es fácil en la cultura chilena, por el efecto de la huella que ha tenido cuarenta años de neoliberalismo. El individualismo nos dicta que si está ahí por algo es y debiéramos preocuparnos más por quienes están libres. Hay un discurso instalado desde la comunicación social del llamado “garantismo”, que estarían más preocupados de los derechos de los victimarios que de las víctimas y podría referir consignas hasta e infinito. ¿Dificulta eso el trabajo en este ámbito particular de la defensa penitenciaria?
-Dificulta, pero esa es la labor y la lucha de los defensores penitenciarios. Reivindicar, de partida, que el 'garantismo' es un tema que beneficia a todos los ciudadanos. El debido proceso, las garantías del sistema penal están establecidas para todos quienes nos podemos ver involucrados en una imputación penal y constituye una protección frente al poder del Estado, cuando éste nos investiga. En materia penitenciaria tenemos que abogar por educar en derechos humanos a quienes están a cargo de la custodia de las personas privadas de libertad, porque además tienen la tarea de rehabilitar a estas personas. Se les han encargado ambos roles, por lo que son los garantes de sus derechos y cualquier situación que ocurra al interior de un recinto penal es de su responsabilidad.

MIRADA LOCAL

-¿Cómo está la situación en Los Ríos?
-En la región no tenemos problemas de hacinamiento. La de Valdivia es una cárcel concesionada con capacidad para mil 600 personas, aproximadamente, y en estos momentos no está ocupada en toda su capacidad.

-Los valdivianos llevamos años quejándonos de que eso no significa que no esté instalada sobre un humedal...
-Me imagino, pero actualmente se encuentran internas unas mil personas, aproximadamente, y continúan trasladando a personas desde otras regiones, especialmente de Santiago, así que en materia de habitabilidad no estamos con índices preocupantes.
En materia de vulneraciones y derechos humanos, esta es una realidad que se vive en todas las cárceles de nuestro país. Habitualmente el Instituto de Nacional de Derechos Humanos (INDH) y nosotros como Defensoría estamos monitoreando esas acciones, pero hay muchas situaciones que forman parte de la cultura carcelaria y hay zonas grises donde nos cuesta entrar, porque el acceso a la información a veces es restringido. Si no es posible obtener antecedentes por la vía administrativa, debemos recurrir a tribunales.

DERECHOS HUMANOS
-¿Estamos hablando de la conducta de Gendarmería?
-No, no es bueno generalizar. Estamos hablando de conductas de ciertos funcionarios que quizás no han aprendido todavía cual es la relación que se debe generar con la persona privada de libertad. Pero se está avanzando y hay esfuerzos en capacitaciones en este sentido. Evidentemente, hay situaciones de vulneración de derechos que representan una realidad que no se puede negar.

-Cuando decimos estamos avanzando ¿hay indicadores que den cuenta de ese avance?
-El último informe del INDH abordó varios puntos. Algunos índices siguen siendo preocupantes en cuanto a derechos humanos, pero cambian en los distintos penales de cada región. Hay cárceles donde hay más violencia y más vulneraciones y otras más chicas donde esto disminuye, porque la misma infraestructura determina estos tipos de trato.
No puedo afirmar que los índices han disminuido, pero el solo hecho de que existan instituciones preocupadas del tema carcelario, lo que antes no existía, es un avance importante y se instala una mirada diferente.
Los cambios culturales suceden progresivamente y es evidente que debe haber un cambio cultural frente a cómo se entiende la relación entre administración penitenciaria y persona privada de libertad. Eso implicará años, pero hay que seguir en el empeño.

-¿Cuál es la cantidad de usuarios que atiende la defensa penitenciaria en Los Ríos?
-Como equipo atendemos a las mil personas que hoy está presas, más la gente que se encuentra en el Centro de Estudio y Trabajo (CET) instalado en la ex cárcel de Valdivia en la Isla Teja, que no sobrepasa las 50 personas.

-¿Los traslados afectan negativamente la conducta de la población penal o los procesos de reinserción social? ¿Son discrecionales de Gendarmería?
-Así es y aunque son actos administrativos, deben ajustarse a ciertos principios. Es decir, podrán ser discrecionales, pero no arbitrarios, y ahí es donde nosotros actuamos. Por cierto, impactan en la situación de los internos, debido a que el desarraigo familiar te sitúa en desventaja frente a la posibilidad de beneficios intrapenitenciarios.

Uno de los aspectos fundamentales es el contacto habitual con la familia, contar con una red para optar a ciertos beneficios. Entonces, nuestra labor es intervenir para despejar las razones del traslado y si éste se ajustó a la normativa o no.

-¿Es muy recurrente resolver en tribunales o administrativamente es posible?
-Administrativamente es posible resolver muchas situaciones. De hecho, siempre es preferible. Como equipo, antes de judicializar un caso, nosotros tratamos de agotar la solución de los conflictos por vía administrativa. Se ha logrado una buena recepción del alcaide de la unidad penal de Valdivia. Se ha logrado conversar y resolver muchas situaciones. Pero cuando hay discrepancias desde el punto de vista jurídico o hay cuestiones en que ya no es posible resolver porque se requiere la intervención de un tercero, recurrimos a la justicia.

-¿Me puede dar un ejemplo concreto?
-Por ejemplo el traslado de penal, cuyo acto administrativo puede que no se ajuste a los principios administrativos y al reglamento de los establecimientos penitenciarios. De hecho, el artículo 53 de este reglamento establece que las personas presas tienen que cumplir su pena preferentemente cerca del lugar de residencia de su familia. Es decir, es una norma reglamentaria.

DIFICULTADES Y LOGROS
-¿Cuáles son las otras dificultades con las que se enfrentan?
-Otro problema es que todo lo relativo a ejecución penal debería ser una materia regulada por ley, porque es un ámbito crítico que restringe derechos fundamentales de las personas. Actualmente está regulado por un reglamento, lo que en mi opinión tiene visos de inconstitucionalidad, pero no tenemos un tribunal de ejecución penal especializado en materia penitenciaria en nuestro país.

-Uno de los logros es precisamente la instalación de este servicio especializado en la región... ¿Otros logros que destacarías?
-Desde que la defensa penitenciaria se instaló en la región, en 2016, creo que es importante nuestra participación en la 'Comisión de libertad condicional' con derecho a voz, instancia donde hemos obtenido un índice alto de libertades condicionales desde que participamos. Ahí hubo un cambio, porque antes el porcentaje de otorgamientos era bastante menor.

-Para algunos, ésto último podría ser un indicador positivo...
-Pensemos que en el presupuesto de seguridad solo se destina un 6 por ciento para reinserción social y, a pesar de ello, se hacen esfuerzos para avanzar en los procesos educativos, laborales y las personas que postulan presentan una muy buena conducta.
Eso a veces no se entiende. Se cree que cualquier interno postula a este beneficio o que toda la población penitenciaria está en este proceso y no es así. Es un grupo muy acotado de personas que cumplen con los requisitos de postulación como un tiempo mínimo de cumplimiento de pena, buena conducta sostenida por varios meses e informe psico social, que dé cuenta tanto de sus factores de riesgo como de los protectores. Tampoco se trata de una condonación de la pena, sino la oportunidad de que lo que resta de la condena se cumpla de otra forma.

-¿Cuáles son los desafíos inmediatos en Los Ríos?
-En lo inmediato, avanzar en los procedimientos disciplinarios al interior del penal, que en términos reglamentarios son muy precarios. Son muy escasas las garantías para los internos cuando son imputados de una infracción al interior del penal. Ahí hay que avanzar, porque muchas de las vulneraciones de derechos a los privados de libertad se dan en estas materias.

-Cuando hablamos de vulneracioness ¿se refiere a agresiones, tortura?
-Estamos hablando de varios tipos y de variada intensidad. Pero va desde que en un procedimiento no se le escuche la versión a un interno sobre lo que ocurrió y se transgreda su derecho a ser oído. Que no se le permita ofrecer prueba o que esa prueba desaparezca o que se produzcan otras prácticas carcelarias como el famoso 'pago al contado'. Es decir, no dar curso a un proceso formal reglamentario, sino ser objeto de una agresión para retribuir una eventual falta.

Por último, Marcela Tapia comentó que el equipo de defensa penitenciaria comenzó a prestar servicios en Los Ríos en julio de 2016. Además de la abogada, lo integran la asistente administrativa Patricia Tobar y el trabajador social Esteban Villalobos como profesional de apoyo.

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