Sala de Prensa

11/10/2022

Columna de opinión

21 años de defensa penal pública en Atacama

Artículo redactado por el Defensor Regional de Atacama, Raúl Palma Olivares, y publicado en el diario Atacama.

El Defensor Regional de Atacama, Raúl Palma Olivares.

El Defensor Regional de Atacama, Raúl Palma Olivares.

Por Raúl Palma Olivares,
Defensor Regional de Atacama.

Este mes de octubre se cumplen 21 años de funcionamiento del sistema de justicia penal reformado en nuestra región. El 16 de octubre de 2001 entró en vigencia la reforma procesal penal en Atacama, como parte de la segunda fase de la instalación gradual del nuevo sistema procesal penal en nuestro país, que vino a reemplazar al anquilosado sistema inquisitivo que rigió por casi un siglo, con un sistema de juzgamiento ineficiente, que no cumplía con los mínimos estándares constitucionales ni con el derecho internacional de los derechos humanos vigente y que era esencialmente inequitativo en cuanto al acceso de las personas a una justicia de calidad.

Hoy, en la segunda década del siglo XXI, sin duda el actual sistema de justicia penal, a pesar de todas las críticas y las deficiencias que uno puede observar en ciertas áreas, resulta ser por lejos más coherente con un estado de derecho democrático y con las necesidades de una sociedad en constante cambio como la nuestra, ya que encarnó un envión civilizatorio a través de una inédita política pública democratizadora, que tuvo por objetivo principal corregir las falencias del proceso penal antiguo y la organización de un sistema de justicia penal anacrónico y discriminatorio.

Pero, sobre todo, permitió el acceso a la justicia en igualdad material para los sectores sociales más desplazados, dotando al país de nuevas instituciones con mayor eficiencia, que vinieron a garantizar los derechos fundamentales de todas las personas intervinientes en la complejidad de un proceso penal.

Así surgió la Defensoría Penal Pública, como la materialización del deber del estado chileno de proporcionar un/a defensor/a penal a todas las personas que carecen de abogado, especialmente a aquellas más vulneradas socialmente, misión que hemos mantenido incólume a lo largo de los años, sin ningún tipo de diferencias y más aún reforzando la inclusión de todas y todos.

En estos 21 años, la Defensoría Penal Pública de Atacama ha ejercido la labor de prestar un servicio de defensa penal pública de calidad, que nos ha permitido dar cobertura en toda nuestra vasta región de Atacama, atendiendo un creciente y más complejo número de casos con un alto estándar de calidad técnica, constantemente medido a través de auditorías e inspecciones, ejerciendo el derecho a defensa de quienes lo soliciten.

En estos años hemos brindado servicio a miles de personas imputadas con diversas líneas de defensa, a través de defensores generales y especializados en distintas áreas, como responsabilidad penal adolecente, sistema penitenciario, salud mental, pueblos originarios, personas migrantes, perspectiva de género y disidencia sexual, entre otros.

Hoy la Defensoría Penal Pública se encuentra en una fase de consolidación y fortaleza institucional. Luego de atravesar el duro embate de la pandemia, estamos presentes todos los días en los tribunales, representando a la mujeres y hombres que requieren defensa frente a un sistema penal cada vez más punitivista, promoviendo los derechos humanos de todas y todos, ofreciendo una Defensoría abierta a la población, con fuertes lazos regionales y aspirando a una autonomía que vemos cada vez más cercana y necesaria, velando por la dignidad y los derechos de nuestros representados y garantizando el acceso a la justicia de las personas más olvidadas e inviabilizadas por la sociedad. Con la claridad permanente de que sin defensa no hay justicia.

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