Sala de Prensa

03/01/2023

Columna de opinión:

Algunos desafíos de la justicia penal en 2023

Artículo del Defensor Regional de Atacama, Raúl Palma Olivares, publicado el lunes 2 de enero en el diario "Atacama".

El defensor regional de Atacama, Raúl Palma Olivares.

El defensor regional de Atacama, Raúl Palma Olivares.

Por Raúl Palma Olivares,
Defensor Regional de Atacama.

Comenzando un nuevo año, es interesante analizar los desafíos que se presentarán en el ámbito de la justicia penal para propender al mejoramiento de un sistema crucial en el devenir del estado de derecho, en un contexto de temor y percepción de inseguridad.

Antes que todo y en estas breves líneas, el concepto desafiante y que es necesario abordar es el de legitimidad, en el sentido de cómo un sistema complejo y con altos niveles de desacreditación recupera o adquiere (de acuerdo con el diagnóstico que tengamos) legitimación social y, por lo tanto, una razonable adherencia en una sociedad que se ha transformado de manera acelerada en los últimos años y que exige respuestas innovadoras con vehemencia. 

Lo primero es entender la respuesta penal en su integralidad. Es decir, el sistema como un cuerpo multidimensional, que controla con mayor o menor intensidad punitiva el ejercicio de la política criminal en un país, con las consecuencias que aquello implica, sobre todo en percepción de seguridad, pero también en el eje exclusión/inclusión social.

De ahí que los objetivos de la policía no pueden ser contradictorios con los de la Fiscalía, que los tribunales de justicia deben ponderar con rigor jurídico y acento en las garantías fundamentales las acciones punitivas desplegadas y que los defensores públicos deben desarrollar las defensas con solidez técnica y con un enfoque en los derechos humanos, en un contexto de volatilidad legislativa y de uso del instrumento penal con objetivos múltiples y a veces contradictorios.

Lo segundo es el urgente retorno a la presencialidad y que, más allá de las observaciones planteadas por diferentes actores, el sistema público de justicia penal no se legitima desde la virtualidad. Un sistema que tiene la capacidad de privar de libertad a una persona por décadas no puede hacerlo desde un espacio digital -ausente- sin el riesgo de convertirse en un mero dispositivo biopolítico de control y vigilancia social.

Se debe asumir el contacto con la población con un lenguaje claro y sencillo, dando respuesta a los problemas acuciantes de la justicia, como es la gestión integral de erradicación de la discriminación y los múltiples sesgos desde la interseccionalidad género, raza y clase, sobre todo en la aplicación de una institucionalidad anacrónica como es la cárcel, especialmente en el uso de la prisión preventiva.

Finalmente, es necesario robustecer y actualizar las instituciones, como por ejemplo la anunciada reforma de Carabineros, un rediseño de la generación de las autoridades de la Fiscalía o la inevitable autonomía de la Defensoría Penal Pública.  

Más allá de estadísticas, las sociedades diversas y complejas requieren solidez valórica de sus sistemas de justicia. En lo penal comencemos por la legitimidad.

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