Sala de Prensa

03/08/2023

Columna de opinión:

Una deuda pendiente con la Defensoría Penal

El siguiente artículo, escrito por el Defensor Regional de Arica y Parinacota, fue publicado en su edición de hoy por el diario La Estrella de Arica.

El Defensor Regional de Arica y Parinacota, Sergio Zenteno Alfaro.

El Defensor Regional de Arica y Parinacota, Sergio Zenteno Alfaro.

Por Sergio Zenteno Alfaro,
Defensor Regional de Arica y Parinacota.

A lo largo de nuestros 22 años, como Defensoría Penal Pública hemos construido y consolidado una institución que debe ser -y ha sido- capaz de cautelar el acceso efectivo de toda la población a un derecho que el Estado se compromete a garantizar: ser defendido penalmente.

En este periodo, la Defensoría ha actuado bajo la noción esencial de que el eje de nuestra función es la cautela y protección de los derechos humanos de todas las personas que lo requieran, especialmente de quienes enfrentan al sistema penal en mayores condiciones de vulnerabilidad, desamparo o desigualdad.

Sin embargo, existe una deuda pendiente: nuestra autonomía constitucional, un anhelo histórico que nos permitirá quedar en igualdad de armas con los demás intervinientes del proceso penal.

Y es que la función de la defensa penal pública presupone la capacidad de enfrentar -en el marco del proceso penal- los legítimos intereses de la comunidad en la persecución del delito, siendo esta última función la que cumplen tanto la policía, como órgano del Poder Ejecutivo, y el Ministerio Público, como órgano autónomo. Esta constatación corrobora la necesidad de situar a la defensa penal fuera del ámbito del Poder Ejecutivo y dotarla de un estatus político institucional equivalente al que posee la Fiscalía.

Asimismo, es necesario contar con un órgano que, junto con representar los intereses judiciales de quienes son sujetos de persecución del Estado, sea capaz de representar la visión, principios y fundamentos de las políticas públicas que deben ser promovidas para garantizar el debido proceso.

Además, la independencia de nuestra institución fomentará la confianza en el sistema de justicia penal por la comunidad, al constatar su posición equidistante tanto de la administración central del Estado como del Poder Judicial y el Ministerio Público.

Si los ciudadanos pueden confiar en que tienen una institución autónoma para proteger sus derechos, entonces se fomenta el respeto a la ley, el estado de derecho y, con ello, se contribuye a la paz social.

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