07/08/2013
Columna de opinión:
La licitación de defensa penal en Atacama
El siguiente artículo, redactadao por el Defensor Regional de Atacama, Raúl Palma Olivares, fue publicado ayer en diario Chañarcillo.
Durante el presente año, en el segundo semestre, renovaremos todos los contratos de defensa penal licitada en la Región de Atacama, lo que significa en la práctica proveer de abogados defensores para cubrir cerca del 70 por ciento del ingreso de causas en la región, en cada una de las zonas de licitación: Copiapó, Chañaral-Diego de Almagro, Caldera y Vallenar-Freirina; lo que significará mantener el nivel óptimo de cobertura que hoy nos permite atender a casi el 97 por ciento de las personas que ingresan al sistema de justicia penal en Atacama.
Lo anterior demanda un sistema de licitación que, junto con asegurar la prestación de defensa penal a todas las personas que lo requieran, cautele un servicio de efectiva calidad a nuestros usuarios y sea capaz de enfrentar los nuevos desafíos que la justicia penal del siglo XXI presenta.
Por eso, hace ya unas semanas ingresaron a la Contraloría General de la República las Bases Administrativas de Licitación de Defensa Penal con una serie de modificaciones, que apuntan a mejorar la calidad de la prestación de defensa y que -confiamos- nos permitan contar con un sistema de contratación transparente y público, que seleccione a los mejores abogados para ejercer como defensores penales en cada una de las zonas de licitación en Atacama.
Entre las modificaciones más importantes introducidas a las bases se encuentra aquella que otorga mayor puntaje a la oferta técnica que asegure mejores remuneraciones a los abogados integrantes de la propuesta, así como al personal de apoyo administrativo, ya que hemos observado que unas mejores condiciones de remuneración tienden a asegurar mejores profesionales y a evitar los remplazos sucesivos, producto de que los abogados buscan mejores oportunidades laborales.
Asimismo, para quienes quieran repostular, los puntajes otorgados a las ofertas van a tener descuentos relacionados con faltas o infracciones a los estándares de defensa penal aplicados con anterioridad. Además, el pago variable asociado a los contratos de defensa penal incluirá indicadores medibles objetivamente, vinculados a la gestión de defensa, el desempeño profesional, el apoyo administrativo y la atención de usuarios.
Creemos que los numerosos cambios introducidos a la bases -que fueron aprobados por el Consejo de Licitaciones y que se encuentran en el órgano contralor- nos permitirán corregir una serie de situaciones que fueron advertidas y analizadas por la Defensoría y que afectaban una mejor prestación del servicio de defensa.
Estamos convencidos de que, a casi diez años de funcionamiento del sistema de licitación en la región, el desafío hoy va por lograr una calidad integral del servicio de defensa. Es decir, mejores defensores en audiencia, pero también mejores profesionales en la atención de nuestros usuarios y en el cumplimiento de los requerimientos y exigencias que impone la Defensoría Penal Pública en la misión permanente por entregar un servicio de primer nivel.
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