Sala de Prensa

03/12/2014

Columna de opinión:

“Detenciones ciudadanas”

El siguiente artículo, escrito por el Defensor Regional de Atacama, Raúl Palma Olivares, publicado hoy en el Diario Chañarcillo.

El Defensor Regional de Atacama, Raúl Palma Olivares.

El Defensor Regional de Atacama, Raúl Palma Olivares.

Por Raúl Palma Olivares, 
Defensor Regional de Atacama.

Desde hace un tiempo hemos podido ver en los medios de comunicación cómo han proliferado una serie de detenciones callejeras o “detenciones ciudadanas”, donde una turba apresa a una persona en la vía pública por la eventual comisión de un delito, sin mayor verificación de la situación, con la finalidad de retenerlo para entregarlo a la policía para que proceda a su detención formal, muchas veces con exceso de violencia, llegando incluso a situaciones que lindan con la tortura física o en conatos de linchamiento.

La verdad es que la ley permite que las personas puedan detener a quienes sorprenden cometiendo un delito flagrante, debiendo entregar al detenido de forma inmediata a la policía o al funcionario habilitado que se encuentre en el lugar más próximo.

Esto se explica porque la policía no es ubicua y por lo tanto ante la ocurrencia de delitos flagrantes, esto es aquellos que se están cometiendo en un lugar en el momento mismo de manera ostensible, con la finalidad de que no queden impunes el legislador permite a cualquier persona detener al sujeto que ha cometido este tipo de delitos para su entrega inmediata a la policía y luego ser puesto a disposición de un fiscal y un juez.

La Constitución Política y la ley son bien claras respecto de quiénes están facultados para detener a una persona en nuestro país y, si se permite esta forma de detención en delitos flagrantes a personas que no están habilitadas para llevar a cabo estas aprehensiones, sólo lo hace de manera excepcionalísima y con el único objetivo de entregar al detenido de manera inmediata a la autoridad que corresponde. 

En consecuencia, las “detenciones ciudadanas” que hemos visto en los últimos días, donde en un caso se llegó a amarrar a un poste público a un menor de edad en el centro de Santiago, desnudarlo y golpearlo durante un tiempo excesivo -mientras los transeúntes se mofaban de la situación y sacaban fotos- no sólo es ilegal, contraria a toda norma constitucional y perseguible de responsabilidad penal, sino un abuso flagrante a los derechos humanos de esa persona y una demostración de barbarie pocas veces vista.

Las sociedades modernas y democráticas como la nuestra están dotadas de un estado de derecho, es decir de un sistema estructurado sobre la base de leyes e instituciones donde, tanto la organización pública como sus autoridades y las personas en general nos sometemos al cumplimiento de las normas que son generadas por un poder legislativo elegido por nosotros mismos.

Desconocer esto avalando situaciones como la descrita es simplemente desconocer el estado de derecho y eso significa colocarse al margen de la ley, de la convivencia democrática, del respeto a las instituciones.

Se podrán indagar los motivos por los que ocurren este tipo de tropelías, pero lo que no se puede hacer es fomentarlas o guardar silencio frente a ellas, porque así solo se azuza a los que las llevan a cabo, con el albur (o azar) de que estas “detenciones ciudadanas” puedan ser cada vez más graves, hasta terminar en linchamientos públicos en la calles, como ocurre en otros países no muy lejanos.

Dos reflexiones finales. A todos quienes somos operadores del sistema de justicia penal nos compete cooperar en la legitimación permanente del sistema, con acciones concretas que permitan a la ciudadanía confiar cada vez más en su actividad. 

Y también persistir en la difusión de su funcionamiento, ya que muchas veces el desconocimiento es el que permite que algunos medios e incluso algunas autoridades políticas vapuleen a quienes trabajan en el sistema y las personas puedan verse compelidas a creer que es conveniente tomar la justicia por sus propias manos”o tomarse venganza por “la falta de resultados” de los procesos.

Por último, nunca debemos mirar para el lado cuando se atropellan los derechos humanos como en estos casos y -lamentablemente- parece ser que aún falta mucho en nuestro país para aprender de lo ocurrido en el pasado, dada la cantidad de opiniones que se han visto conformes y de acuerdo con estas acciones del todo inadmisibles. 

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