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¿Debemos insistir con más cárcel?

12/02/2015

¿Debemos insistir con más cárcel?

La siguiente columna de opinión del Defensor Regional de Atacama, Raúl Palma Olivares, fue publicada ayer en diario Chañarcillo.

El Defensor Regional de Atacama, Raúl Palma Olivares.

Por Raúl Palma Olivares
Defensor Regional de Atacama

Recientemente salió a la luz pública una cifra que no nos puede dejar indiferentes: en los últimos 4 años han muerto en las cárceles chilenas 558 presos. Los motivos de ocurrencia de estas muertes son en orden de preeminencia: enfermedades, riña o agresión entre internos y el suicidio. Una cifra que nos debe hacer reflexionar, primero que todo porque nadie debería morir en prisión por esas razones.

Las cárceles chilenas como es sabido presentan altos niveles de ocupación en condiciones que claramente vulneran los derechos de los reclusos y además, como esta publicación da cuenta, son peligrosas para la integridad física y psíquica de los internos, sin embargo todos los días siguen ingresando hombres y mujeres, en su mayoría jóvenes, en gran cantidad y no se ve que esto vaya a cambiar, sino por el contrario parece que irá empeorando.

La política criminal chilena, siguiendo una cuestionable tendencia mundial, ha seguido el camino, salvo intentos más o menos serios de alternatividad a la prisión, por el evidente endurecimiento de la respuesta punitiva asociada a más cárcel, incluso con preocupantes rasgos de severidad, como es la opción por penas efectivas cortas, de prisión de un año y la proscripción de penas alternativas en algunos casos, lo que comprobadamente incrementa el contagio criminógeno, provoca mayor desocialización en el individuo que la padece y resulta decididamente ineficiente en orden a una eventual reinserción de la persona. Está claro entonces, que la cárcel y su faz más controvertida, la llamada “cárcel depósito”, con todo lo anacrónica y reñida con los derechos fundamentales que resulta ser hoy, se niega a desaparecer con todas las consecuencias que ello trae para una sociedad democrática de derecho.

Para quienes trabajamos en el sistema de justicia penal desde hace años, una de las primeras certezas que aprendemos sobre la cárcel es su ineficacia en la disuasión de cometer nuevos delitos, la profundización de la desocializacion que provoca en el individuo y lógicamente la nula reinserción social de estas personas. Existe abundante estudio serio, en Chile y en el extranjero, que avala esto. ¿Qué hacer entonces para revertir el uso preferente de la cárcel, cuando la gente además cree que el sistema de justicia penal es blando o extremadamente garantista y se requiere más encierro?

El asunto es muy complejo pero a mi modo de ver existen preliminarmente seis planos en los que se puede trabajar, avanzando en un sistema de justicia penal que sea más apreciado por la población pero evitando a su vez, el ingreso masivo de personas a las hacinadas y problemáticas cárceles chilenas. Primero, en un plano de política criminal, asumir conforme a un criterio de realidad que no todos los delitos, pueden ser castigados con cárcel y dejar el encierro solo para los delitos violentos y para sujetos con reincidencia acreditadamente problemática.

Segundo, fortalecer para los delitos no violentos el uso de alternativas concretas a la privación de libertad y el tratamiento de consumo problemático de drogas y alcohol en imputados, con un adecuado control estatal. Tercero, profundizar los planes de seguridad pública existentes en materia de prevención, con amplia participación de la comunidad local en su gestión, además de fomentar redes de control social informal.

Cuarto, trabajar en inteligencia policial de manera que no tengamos que estar cada cuatro años reformando el Código Procesal Penal para dar mayores facultades a la policía. Que la policía con las facultades amplias que tiene efectúe una mejor labor para que los jueces puedan resolver con mayores y mejores antecedentes. Quinto, apoyar la reinserción de los condenados en el retorno a su familia y barrios, trabajando in situ, de manera que la persona que egrese de la prisión encuentre un lugar diferente con oportunidades reales de cambio. Sexto, avanzar en las políticas públicas que propendan a una sociedad más integrada (educación, trabajo, salud, etc.).

Si trabajamos en los planos señalados preliminarmente, podremos tener un sistema penitenciario menos demandado, una justicia penal que sea apreciada por la ciudadanía, por cuanto se va a abocar a lo que tiene que hacer, que es resolver conflictos sociales complejos como son los penales y las personas reclusas podrán tener la oportunidad real de ser reinsertadas socialmente y a vivir su privación de libertad conforme a parámetros mínimos de dignidad.

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