Defensor Regional de Maule.
 
Tal como habíamos adelantado hace un par de meses, la prioridad estratégica institucional de la nueva autoridad nacional será la consecución de la autonomía constitucional de la Defensoría Penal Pública, a través de un proyecto de ley que esperamos sea presentado y discutido en el Congreso Nacional a principios del próximo año.

Lo básico, antes de entrar a los detalles técnicos, es dar a conocer la visión que nuestra institución tiene acerca de la operatividad de la autonomía buscada y explicar por qué ésta es necesaria para nosotros y para el Estado de Chile y sus ciudadanos en general.

El primer argumento es constitucional, la única defensa técnica jurídica mencionada expresamente y garantizada como irrenunciable es la penal. Es decir, la Carta Fundamental considera tan relevante la defensa de un ciudadano frente al poder punitivo del Estado, que la ha mencionado y regulado expresamente en su articulado fundamental. Por ello, no podemos considerar a la defensa penal como un mero “asistencialismo del Estado”, lo cual se enmarca dentro del derecho a defensa como paraguas general del derecho humano involucrado, garantizado y protegido.

Si bien durante los 15 años de existencia de la Defensoría las autoridades, en general, han respetado nuestra independencia técnica, no podemos estar sujetos a una mera abstinencia o buena voluntad política, sino que debemos contar con un amparo real hacia nosotros para -a su vez- poder amparar adecuadamente a todos los habitantes del país ante el ius puniendi estatal.

Pero una institución como la nuestra, con profundas raíces humanistas y además absolutamente especializada en un área de insospechada y lamentable actualidad cotidiana, no puede conformarse, por el bien del país, con sólo estar presentes en audiencias.  

Tenemos el deber y el derecho de transformarnos en referente técnico a la hora de la discusión y priorización de políticas públicas en reformas al sistema procesal penal, seguridad ciudadana y reinserción. Además, debemos honrar nuestros compromisos internacionales y garantizar la defensa de imputados ante el Estado de Chile en el sistema interamericano de derechos humanos y, por último, avanzar en nuestras líneas de especialización para atender como se merecen grupos especialmente vulnerables de nuestra sociedad (jóvenes, migrantes, mujeres, indígenas, condenados, etc.) 

Por último, y a nivel de funcionamiento orgánico de la Defensoría, la forma de nombramiento del Defensor Nacional, de los defensores regionales y la composición del Consejo de Licitaciones de la Defensa Penal Pública nos hablan a las claras que el peligro -que afortunadamente no se ha concretado, reitero- de intervención, presión o como se le quiera llamar, existe y no estamos cubiertos por normativa alguna que nos permita aferrarnos a la necesaria autonomía que una institución relevante en el sistema penal debiese también tener.

Adviértase que ningún argumento de igualdad de armas he usado, porque creo que no es necesario compararse para llegar a la conclusión de que autonomía queremos. Y tanto es así, que ante el reclamo que recientemente le escuchamos al -a estas alturas- ex contralor general de la República, en cuanto a que todos quieren autonomía y luego no quieren control de ningún tipo, tampoco nos asemejaremos a institución alguna, puesto que la excelencia que hemos alcanzado en nuestro actuar impide que no queramos que se investigue o fiscalice de manera alguna en qué se gasta nuestro presupuesto y de qué manera actúa cada uno de nuestro defensores día a día, tal como se ha hecho hasta ahora.

Lo anterior ratifica que nuestro anhelo de autonomía es, aparte de necesario, serio, realista y responsable.