Sala de Prensa

20/12/2016

Columna de opinión:

Migrantes y delincuencia, una relación errónea

El siguiente artículo, redactado por el Defensor Regional de Atacama, Raúl Palma Olivares, fue publicado en el diario Chañarcillo.

El Defensor Regional de Atacama, Raúl Palma Olivares.

El Defensor Regional de Atacama, Raúl Palma Olivares.

Por Raúl Palma Olivares,
Defensor Regional de Atacama.

Se ha sostenido durante las últimas semanas un debate público, en diferentes ámbitos, sobre la situación de los migrantes y su eventual vínculo con el aumento de la delincuencia en Chile, la comisión de delitos graves y la asociación a bandas organizadas para delinquir. Asimismo, se ha puesto sobre la mesa la necesidad de expulsar ipso facto a los extranjeros que cometen un delito en nuestro país, además del reclamo generalizado por una reforma a la ley de migración. 

Vamos por parte. Tal como lo han señalado numerosas instituciones a nivel nacional, no existen datos duros que aseguren una relación entre la mayor presencia de migrantes con el aumento de los niveles de delitos en nuestro país.

La Defensoría Penal Pública señaló, sobre la base de cifras oficiales, que los extranjeros que migran a nuestro país delinquen menos que los chilenos, siendo detenidos durante 2015 un numero de 5 mil 415 migrantes de un total de 477 mil, es decir un 1,1 por ciento de ellos. También se aseveró, por la Unidad de Defensa Especializada de la DPP, que no existe dato estadístico que permita afirmar que las bandas están integradas en su mayoría por inmigrantes. 

En nuestra Región de Atacama en 2015 hubo 240 detenidos de un total de 4 mil 675 extranjeros que residen en la región según datos de la encuesta Casen 2015. Es decir, el porcentaje de migrantes detenidos fue de sólo 5,13 por ciento, teniendo presente que la detención no implica necesariamente que se siga una causa penal en contra de la persona. 

Por otro lado, el número de ingresos de extranjeros en la Defensoria Regional durante 2015 fue de 114 personas, es decir un 1,7 por ciento del total de nuestros ingresos, lo que implica un porcentaje de imputados con causa penal iniciada muy inferior comparativamente al de los chilenos imputados. 

Así las cosas, con cifras reales podemos afirmar que no existe relación alguna entre aumento de la delincuencia y mayor presencia de extranjeros en nuestro país y en particular en Atacama. Dos datos relevantes: en nuestra región el número de personas migrantes aumentó un 55 por ciento entre 2013 y 2015, de acuerdo con la encuesta Casen 2015, mientras que en el mismo periodo los ingresos de la Defensoría bajaron de 7 mil 357 a 6 mil 754 imputados, es decir un 8,2 por ciento menos de personas imputadas con causa penal. Por otro lado, de acuerdo con cifras de Carabineros, en 2013 hubo 12 mil 101 detenidos en Atacama, mientras que en 2015 la cifra fue de 11 mil 410, es decir un 5,71 por ciento menos de personas aprehendidas.

Si nos enfocamos entonces en nuestra región, podemos ver que un aumento considerable de personas migrantes -un 55 por ciento más en dos años- no tiene incidencia alguna en el comportamiento de las cifras de personas detenidas e imputadas, lo que reafirma todas las investigaciones y análisis efectuados con anterioridad: los flujos migratorios no afectan las tasas de delincuencia del país receptor. 

Despejado lo anterior y respecto de la expulsión de extranjeros ipso facto por la comisión de un delito, creo que las palabras del presidente de la Corte Suprema son claras y contundentes: se requiere de un debido proceso para la expulsión, no basta la mera detención, ni siquiera la imputación, porque puede ocurrir (mucho más de lo que la gente piensa) que esa persona resulte en definitiva ser inocente. No obstante lo anterior, en Chile el año pasado se expulsó a mil 341 personas. 

Efectivamente, debemos modificar nuestra normativa migratoria, que es anacrónica y poco eficiente, pero sobre todo porque no está enfocada desde la óptica de los derechos humanos, que resulta ser hoy día la forma más adecuada de atender el fenómeno de la migración, comprendiendo que las personas emigran hacia otros países por una necesidad de mejores condiciones de vida para ellos y sus familias y que, por otro lado, estas corrientes migratorias son una enorme oportunidad de crecimiento cultural, económico y social para los países como Chile, que han visto incrementado el número de extranjeros que eligen a nuestro país para vivir. 

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