Sala de Prensa

20/06/2017

Columna de opinión:

Diez años de defensa penal juvenil en Atacama

El siguiente articulo fue escrito por el Defensor Regional de Atacama, Raúl Palma Olivares. y publicado recientemente en diario Chañarcillo.

El Defensor Regional de Atacama, Raúl Palma Olivares.

El Defensor Regional de Atacama, Raúl Palma Olivares.

Por Raúl Palma Olivares,
Defensor Regional de Atacama.

Este mes se cumplen diez años del sistema de justicia penal juvenil en nuestro país y en la región de Atacama, desde aquel invierno de 2007 cuando, finalmente, se implementó la Ley N° 20.084 que había sido promulgada dos años antes y que requirió de un esfuerzo importante del Estado chileno para llevar adelante un sistema procesal especializado para adolescentes que recogiera las exigencias impuestas por los tratados internacionales de derechos humanos sobre la materia y la necesidad de dar una respuesta penal diferenciada a los delitos cometidos por niños, niñas y adolescentes.

Efectivamente, el sistema de justicia que existía en nuestro país hasta 2007, en materia de adolescentes infractores, se caracterizaba por su carácter tutelar, donde los niños, niñas y adolescentes no eran considerados sujetos de derecho y debían someterse a un anacrónico modelo de discernimiento para poder establecer el carácter de imputables frente al sistema.

Allí, aquellos que eran considerados con discernimiento eran juzgados como adultos, en un sistema penal atenuado, y aquellos que se consideraban sin discernimiento eran objeto, en la mayoría de los casos, de medidas de protección, que se traducían en la aplicación de sanciones penales encubiertas sin un debido proceso y sin derecho a defensa. 

El modelo de responsabilidad insaturado con la Ley 20.084 tuvo como objetivo, a la luz de la Convención de los Derechos del Niño, limitar y controlar todos los mecanismos de control penal formal e informal aplicables en ese tiempo a los considerados “menores de edad”, superando en definitiva la idea de incapacidad de éstos y estableciendo la responsabilidad de los adolescentes en consonancia con el carácter de sujetos de derecho, pero de forma adecuada a la etapa de desarrollo cognitivo del adolescente, entendiendo que son progresivamente autónomos en el ejercicio de sus derechos.

Además, se incorporaron los principios propios del debido proceso de un estado de derecho democrático, junto con los elementos normativos particulares de un sistema de justicia penal juvenil moderno y respetuoso de los derechos fundamentales, como aquel que establece que “ningún adolescente puede ser juzgado como un adulto”, o bien, que “las restricciones o privaciones de derechos de los adolescentes nunca pueden ser más graves que los adultos”, entre otros.

Desde el primer momento de este nuevo sistema de justicia penal juvenil, la Defensoria Penal Pública apostó por cumplir de manera irrestricta el mandato legal y convencional de la especialización y, con mucho esfuerzo y convicción, lo logró.

Para hacer realidad lo anterior, fue absolutamente necesario que los defensores, además de los conocimientos técnicos en materia de defensa penal adolescente, tuviesen un adecuado manejo de la red de programas públicos y privados relativos a la infancia y adolescencia, que sirviera para favorecer el cumplimiento de los especiales fines del sistema penal de adolescentes, particularmente propender a las salidas diferenciadas de la sanción penal restrictiva de la libertad individual.

En nuestra región de Atacama este compromiso y objetivo estratégico institucional se llevó a cabo con el mayor profesionalismo y mística, entendiendo que en justicia juvenil no hay defensa de calidad sin especialización y, por eso, a pesar de ser una región más pequeña en habitantes, contamos con defensor especializado y un equipo social desde el primer día, logrando dar cobertura y defensa penal juvenil oportuna y de gran calidad en los últimos 10 años a 6 mil 995 adolescentes a la fecha.

Hoy día somos la institución efectivamente más especializada en materia juvenil de todo el sistema penal, tal como lo reconocen todos los organismos nacionales e internacionales relacionados con la temática, lo que nos llena de orgullo y satisfacción por el logro, pero que nos interpela a avanzar de manera mucho más creativa en la gestión y nos motiva a entregar nuestra voz especializada sobre los desafíos del futuro en materia de responsabilidad penal adolescente en Chile, que son muchos y variados y sobre lo cual me referiré en una próxima oportunidad.  

 

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