Sala de Prensa

03/11/2017

Columna de Opinión

16 años de Reforma Procesal Penal en Atacama

Artículo escrito por el Defensor Regional de Atacama, Raúl Palma Olivares, publicado en Diario Chañarcillo.

El defensor regional de Atacama, Raúl Palma Olivares.

El defensor regional de Atacama, Raúl Palma Olivares.

En octubre de este año se cumplieron 16 años de funcionamiento del sistema procesal penal reformado en nuestra región. En efecto, el 16 de octubre de 2001 entró en vigencia la Reforma Procesal Penal en Atacama como parte de la segunda fase de la instalación gradual del nuevo sistema procesal penal en nuestro país, que vino a reemplazar al antiguo sistema inquisitivo que regía desde 1906, modelo de juzgamiento que no cumplía con los mínimos estándares constitucionales ni con el derecho internacional de los derechos humanos vigente.

Hoy, luego de todos estos años, no cabe duda que el actual sistema de justicia penal resulta ser más coherente con un estado de derecho democrático y con los desafíos de una sociedad moderna donde los valores de la transparencia, la igualdad ante la ley y el acceso a la justicia se satisfacen de manera mucho más adecuada dejando atrás una época donde la justicia era para unos pocos, la actividad procesal era más bien oscura y donde no se respetaban los mínimos estándares de un debido proceso, como ocurría con causas penales que duraban años con escasos resultados y mínimas garantías para los intervinientes, con el uso excesivo de medidas coercitivas en las fases tempranas de los procesos penales, entre otros.

Actualmente se critica con asiduidad al sistema penal, se dice que no es eficiente en el “combate contra la delincuencia”, que hay muchos derechos para los imputados, y escasa protección para la víctima, que se archiva gran cantidad de causas, que existe una “puerta giratoria” y la verdad, es que la mayoría de esas opiniones no son del todo acertadas.

 El sistema cuenta con organismos robustos en cada una de sus funciones: un Ministerio Público que investiga y acusa, los tribunales de justicia que aplican diariamente la ley penal a cada caso particular con independencia y prontitud y la Defensoría Penal que otorga defensa penal de calidad y oportuna a todas las personas que lo requieran a lo largo de todo el territorio nacional, conformando un sistema que tiene innumerables aciertos pero que sin duda reconoce oportunidades de mejoramiento en algunas áreas.

Ahora bien, cualquier aporte al mejor funcionamiento del sistema debe plantearse sobre el entendido que un sistema de justicia penal no está diseñado para prevenir y erradicar la criminalidad, fenómeno social complejo que requiere de un enfoque multidisciplinario expresado en una política pública integral que, a grandes rasgos, refuerce la prevención temprana y situacional, mejore la persecución y la inteligencia policial, diversifique el uso de la cárcel como medio de castigo y consolide un modelo eficaz de reinserción social y reintegración vital.  

Justo en estos días ha aparecido un informe del Centro de Estudios de las Américas (CEJA), que efectúa un análisis evaluativo de la Reforma Procesal Penal chilena, que se enfoca en la eficacia del sistema, la eficacia de las instituciones, la participación del imputado en el sistema de justicia penal y el derecho de la víctima y otros intervinientes como ejes de trabajo, evidenciando claroscuros como el excesivo uso de la prisión preventiva, la participación más bien formal de la víctima en las audiencias, la falta de interactividad entre las policías y fiscales, las cargas de trabajo inequitativas en los tribunales entre otras falencias. Todo esto, su vez reconociendo los avances en la creación de unidades de análisis criminal en el Ministerio Público, el avance en la protección a la víctima, la capacitación a la policía y el éxito de las líneas de defensa penal especializada.

El informe además mira al futuro en líneas no contempladas en el diseño del sistema como la justicia restaurativa y el juez de ejecución penal que resulta prioritario atender.

A 16 años del sistema penal reformado en Atacama, un tiempo breve para una reforma de esta envergadura, existe consenso sobre el ingente progreso que ésta ha significado para la justicia en nuestro país, pero también hay cada vez más claridad de los desafíos urgentes que se deben abordar para mejorar con decisión el funcionamiento de nuestra justicia penal y la percepción de la gente sobre ella, siempre preferiblemente sobre la base de estudios serios como el de CEJA y no cautivos de eslóganes y “recetas mágicas” que precipitan eventuales soluciones muy llamativas pero ineficaces.  

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