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La prueba pericial en los procesos penales

23/02/2018

Columna de opinión

La prueba pericial en los procesos penales

El siguiente artículo fue publicado por el diario El Divisadero de Coyhaique.

"Preocupante es la probabilidad de peritajes mal realizados o con peritos que no tienen la expertiz suficiente", señala el Defensor Regional (S).

Por Ricardo Flores Tapia,
Defensor Regional (S) de Aysén.

Desde la puesta en marcha de la reforma procesal penal en Chile, el uso de la prueba pericial en el sistema de justicia se ha hecho cada vez más frecuente.

Recordemos que la prueba pericial es un medio probatorio que habitualmente es presentado y considerado para decidir un caso, el que se desprende de un análisis experto, realizado sobre un tema en particular por un perito, es decir un tercero ajeno a una investigación, que dispone de conocimientos especializados sobre una determinada ciencia, arte u oficio y que son relevantes para una investigación determinada.

Este fenómeno, creciente en la mayoría de los países occidentales, se debe principalmente a la necesidad de encontrar evidencia objetiva y/o científica que respalde la imputación de un delito a una o más personas, aclare su real grado de participación o bien determine su inocencia.

Para ello, el Código Procesal Penal permite a los fiscales del Ministerio Público, y por cierto también a los defensores penales públicos, utilizar pericias de los servicios del Estado sin costo adicional o bien designar peritos particulares que prestan los servicios requeridos en calidad de honorarios.

A pesar de lo positivo que resulta contar con métodos probatorios objetivos en los juicios penales, subsiste un problema que es preocupante y que consiste en la probabilidad de peritajes mal realizados o con peritos que no tienen la expertiz suficiente y que podrían llegar a incidir en que tanto las partes y, más grave aún, los tribunales penales tomen decisiones erradas.

Así, pruebas periciales equivocadas podrían llegar a inducir la prisión preventiva o incluso la condena de personas inocentes.

De hecho, nuestra institución –tomando como base experiencias internacionales- ha impulsado el "Proyecto Inocentes", que busca imponer nuevos desafíos para mejorar ciertas prácticas, hábitos y rutinas de trabajo de los principales actores del sistema de justicia y en donde se recopilan historias de personas inocentes que fueron sometidas a prisión preventiva.

Dentro de las causas de error más frecuentes que encontramos y que destacamos en dicha iniciativa, se encuentra el “error pericial o ciencia limitada”, que se refiere a pericias que carecen de validación con estándares científicos o que no permiten la posibilidad de ser objeto de controles de calidad; también a conclusiones de peritos que exceden las limitaciones de la técnica o a peritajes que establecen conclusiones basadas en errores técnicos.

Así, nos damos cuenta de la importancia de que los peritos a los que recurra cualquiera de las partes en un proceso penal sean idóneos, objetivos y expertos en su materia y que esta expertiz se vea reflejada en la realización de la pericia y posteriormente en sus informes periciales y deposición en juicio, cuando ello sea necesario.

Por lo anterior, considero que urge mejorar los procesos de capacitación de los actores de nuestro sistema, en orden a elevar la calidad de nuestro desempeño en relación con la prueba pericial. También, como han expuesto algunos juristas y académicos, es importante avanzar en propuestas de reforma legal que permitan mejorar los filtros que utiliza el sistema de justicia penal en la admisión de la prueba pericial.

Como bien sostiene nuestro "Proyecto Inocentes", no cualquier informe pericial que describa el uso de un procedimiento y establezca una conclusión debe ser considerado un peritaje válido. La técnica aplicada y las conclusiones que de ella se obtienen deben estar científicamente validadas.

Todas las precauciones que podamos tomar en este sentido son pocas cuando de la libertad de las personas y de hacer justicia se trata.

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